La quiebra silenciosa que dejó a 15 familias de Madrid en un edificio fuera de los registros y a merced del “banco malo”
La crisis de la vivienda ha dado alas a un neologismo llamado inquiokupación. Un inquiokupa vendría a ser un inquilino al uso que adquirió su contrato de arrendamiento por vías legales pero que, pasado el tiempo, abandona sus obligaciones contractuales incumpliendo con los pagos o negándose a abandonar el inmueble. El término se ha popularizado a base de repetición por parte de algunos partidos políticos y medios de comunicación, no sin suscitar críticas por la imprecisión del supuesto fenómeno. En paralelo a este debate, hay un rincón de Madrid en el que esta situación sí parece producirse. Solo que a la inversa: fue el propio edificio el que se salió sin previo aviso de lo pactado. Ahora la mitad de sus vecinos ha recibido un nuevo contrato con varias cláusulas abusivas. El resto, una orden de desahucio para el 12 de noviembre.
“Estamos convencidos de que esto es ilegal o, cuanto menos, dudoso”, denuncian con vehemencia desde el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, que hace un año logró paralizar el primer intento de desahucio e iniciar negociaciones con la propiedad. La odisea en el número 1 de la calle María Guerrero, Carabanchel Bajo, comenzó al poco de desatarse la crisis inmobiliaria de 2008. La promotora del edificio, Inversiones Winner S.L., se declaró en quiebra nada más construirlo, así que tanto el bloque como la deuda millonaria que arrastraba pasaron a concurso de acreedores cuando ni siquiera había dado tiempo de registrarlo en el catastro, según el órgano sindical.
Lo curioso es que, desde entonces, un administrador de la antigua propietaria alquiló igualmente las viviendas (15 en total) a familias e inquilinos sin informales, según ellos, de la compleja situación legal que atravesaba. La antigua compañía siguió impulsando contratos y cobrando las rentas durante meses, incluso cuando ya no eran los propietarios oficiales del terreno. El pastel tardó más de una década en descubrirse. Alberto, el vecino que más tiempo lleva en el bloque, comenzó a sospechar el día que quiso empadronarse. “En administración me dijeron que la dirección que les facilitaba no se correspondía con ningún edificio de viviendas, sino con un solar”, rememora en una conversación con Somos Madrid.
Empresa privada, un concurso de acreedores y finalmente la Sareb
Sorprendido, trató de domiciliarse en varias ocasiones e incluso pidió que agentes de la Policía Municipal de Madrid se personaran en su piso para constatarlo. Hace por lo menos diez años desde que vive de alquiler en un apartamento que, actualmente, comparte con su pareja. Otro momento clave fue cuando el banco comenzó a rechazar los pagos mensuales a Inversiones Winner S.L., que hasta el pasado mes de mayo –dos años después de la venta a Sareb y más de 10 desde su quiebre– seguía firmando el cobro de sus facturas de la luz, como ha podido constatar este periódico.
“Cada cierto tiempo venía un cobrador de la empresa a revisar los pagos, Javier Bonmatí [de Cea]”, añade Alberto, que lleva unos meses sin verle por la zona aunque las últimas veces que lo hizo, según este vecino, no informó de los cambios que habían estado produciéndose en la situación legal del edificio. Javier Bonmatí de Cea fue el administrador único de Inversiones Winner S.L. desde su constitución (en 2009) hasta el 14 de enero de 2013, cuando pasa a serlo Rafael Ignacio Calvo Olmos, al que este y otros residentes del bloque dicen no reconocer.
El año pasado, los inquilinos recibieron una carta de desahucio en la que no aparecía el nombre de su arrendador habitual. La firmaba la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida como la Sareb o el banco malo. Indagando descubrieron que la Sareb –una sociedad creada en 2012 para dar salida a los activos tóxicos de la banca– había adquirido en 2023 la deuda del edificio para convertirse en la nueva propietaria. Con este giro radical, los vecinos descubrieron al mismo tiempo que sus casas no aparecían en el registro y “llevaban años utilizando la luz o el agua de una obra cercana”.
Un día, sin previo aviso, enviaron nuevos contratos solo para la mitad de inquilinos con 12 posibles cláusulas abusivas
Los residentes insisten en que el inmueble tampoco tenía cédula de habitabilidad, un requisito no obligatorio en la Comunidad de Madrid pero sí en otras regiones. Trasladaron el caso conjuntamente al Sindicato de Vivienda de Carabanchel –se desligó únicamente el vecino de un piso–, que tomó las riendas de las negociaciones con la Sareb para las 14 viviendas restantes. “Empezaron con buen pie y logramos parar la expulsión hasta que se alcanzara un acuerdo. La sorpresa llegó cuando un día, sin previo aviso ni justificación, enviaron nuevos contratos solo para la mitad de inquilinos con hasta 12 posibles cláusulas abusivas”, destaca Miren Beriain, una de las integrantes del órgano sindical.
Fuentes de la Sareb niegan que haya una diferencia de criterio entre unos pisos y otros: en realidad, explican, esto se debe a que “no todos los vecinos colaboran por igual” o aportan la documentación requerida para regularizar su situación después de un cambio en la propiedad. “Cuando un agente ha intentado ir a hablar con ellos u obtener esa información y nadie responde o no están dispuestos a ofrecerla, no podemos dejar que se quede de manera irregular”, insisten las mismas fuentes. Desde el Sindicato de Vivienda de Carabanchel niegan tajantemente que esta afirmación se corresponda con lo ocurrido en el bloque de María Guerrero. “Nosotros personalmente hemos mandado la documentación de todos los pisos y nunca nos han respondido. Aquí nadie ha venido a verles y, si lo han hecho, se fueron antes de cerciorarse bien”, sentencian.
Alberto fue uno de los residentes que recibió el documento, que considera “absolutamente infirmable”. Una de las exigencias que más llamó su atención fue la del pago de una bonificación, que se sumaría al precio base de la vivienda durante el primer año de contrato. En la guía de cláusulas abusivas elaborada por el movimiento Plan Sareb, un cóctel de colectivos sociales o sindicatos de vivienda que denuncian las prácticas de esta entidad, se describe este procedimiento habitual como una “argucia” del empresario para “aplicar subidas desmedidas a la renta inicial” en cada revisión anual.
Nuevas cartas de desahucio, pero solo para seis viviendas
Las distintas bonificaciones que se han exigido a cada uno de los ocho pisos que recibieron este contrato varía según cada inmueble, pero oscila entre los 40 y 90 euros mensuales como mínimo y hasta más de 200 o 300 euros en las sumas más altas, según la valoración por pisos que muestra el sindicato del distrito. “Yo crecí en esta barrio y fue por contactos en la zona que descubrí esta oferta de alquiler, por la que entré [hace una década] pagando 500 euros al mes. Pero cada vez se revaloriza más, así que intentan sacar lo máximo posible a los contratos”, reflexiona Alberto, que actualmente abona 1.200 euros por el mismo alquiler mensual, en un piso periférico de una habitación.
El viernes pasado, otros seis apartamentos en el edificio recibieron una nueva notificación de desahucio. Dejaron solo un mes de plazo y fijaron la fecha el 12 de noviembre. “Nadie nos ha explicado cuál es el criterio por el que unos tienen que irse ya y al resto los acorralan con un contrato envenenado. Parece que quisieran dividir la fuerza del bloque”, sentencia Beriain, quien asegura no haber tenido noticias de la Sareb después del último aviso. Desliza algunas hipótesis. Este año, el Gobierno central anunció la creación de una empresa estatal de vivienda a la que traspasará unos 40.000 inmuebles de la Sareb, de la que posee un 45% a través del FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. El resto pertenece a capital privado.
Liquidar activos que la Sareb no pueda traspasar al Estado
La idea del Ejecutivo es sumar esas propiedades a otras 55.000 de nueva construcción levantadas sobre 2.400 suelos públicos para hacer frente a la grave crisis habitacional que afronta el país. Sareb, que deberá ceder las viviendas voluntariamente, ha comenzado a liquidar activos que no cumplen los requisitos mínimos para el traspaso para solventar su deuda antes de 2027, cuando deberá disolverse según el mandato por el que fue creada. El Estado, avalista de Sareb, deberá asumir el coste que no hayan podido saldar una vez llegados a esa fecha.
“No me extrañaría que quieran acabar con los contratos actuales para vender el edificio o sacarle más rédito económico antes de que pasen dos años”, sugiere la portavoz del Sindicato de Vivienda de Carabanchel. Además, coincide en que los pisos que han recibido una notificación de desahucio para mediados de noviembre son “los más amplios” de todo el bloque. Por lo general, un apartamento en María Guerrero número 1 puede tener de 50 a 60 metros cuadrados de superficie y una o dos habitaciones, según cada caso.
Pero Sareb corta esta hipótesis de raíz. “Este bloque de viviendas cumple muchos criterios para estar entre los traspasados al Sepes [la Entidad Pública Empresarial de Suelo, que gestionará la futura empresa estatal de vivienda], así que es falso que estemos pensando en venderlas porque casi con seguridad las cederemos gratuitamente [al Gobierno central]”, sostienen desde la entidad de activos inmobiliarios.
Desde este momento y hasta el 12 de noviembre, fecha prevista para el desahucio de seis pisos en el bloque, la hoja de ruta para los vecinos es presionar para que haya una negociación colectiva en la que se cierren contratos sin cláusulas abusivas para todos los vecinos del bloque, no solo para unos cuantos seleccionados. Es lo que confirman fuentes del Sindicato de Vivienda de Carabanchel, que subrayan las dificultades a la hora de comunicarse de forma regular con una entidad formada por decenas de empresas gestoras.
“Se les ha olvidado que un contrato es una negociación entre dos partes, y no algo que ellos puedan ofrecer sin derecho a réplica. Hemos enviado unos borradores nuevos en los que proponemos condiciones muy similares a las de una vivienda pública; al fin y al cabo, en menos de dos años muchas de sus propiedades pasarán a serlo”, añaden fuentes del órgano sindical, que tratarán de mantener la unión entre los vecinos frente a lo que consideran “una estrategia de desgaste” por parte de la Sareb. “Si el Gobierno pone tanto ímpetu en solucionar el problema de la vivienda, ¿cómo puede estar haciendo esto una empresa que es casi un 50% pública?”, se preguntan en la cuenta atrás para los desahucios.
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