Santos Cerdán impulsó la trama conspiranoica contra investigadores de la corrupción socialista

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, declaró esquivo el pasado 2 de febrero ante el juez Arturo Zamarriego. Acudía como testigo —el instructor rechazó citarle como investigado— en la causa abierta contra una trama conspiranoica vinculada y financiada por el PSOE. Esa trama, integrada por la militante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, buscó irregularidades y corruptelas en la actuación de los jefes de la Guardia Civil y de la Fiscalía que investigaban la corrupción socialista.

Cerdán intentó en el juzgado desvincularse de Díez. Contó al juez que la conoció en la primera reunión que tuvo con ella en abril de 2024, en los mismos días que Sánchez se tomó para reflexionar sobre si abandonaba la política tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez. Llegó Díez a la sede socialista de la calle Ferraz acompañada del empresario Javier Pérez Dolset, imputado desde hace nueve años en una de las piezas separadas del caso Tándem, un sumario interminable donde se investigan las operaciones ilegales del comisario José Manuel Villarejo y parte de la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno del PP.

Ambos miembros de la trama le contaron a Cerdán que tenían audios grabados por Villarejo donde se acreditaba la existencia de una campaña ilegal desde el Ministerio del Interior para desprestigiar a Pedro Sánchez por los negocios de saunas de su suegro. Pero Cerdán, según su testimonio en el juzgado, despreció aquella información por ya conocida: se había publicado antes en algún medio de comunicación. De aquel encuentro, según el exsecretario de Organización, no dio cuenta al presidente del Gobierno. Tampoco le contó ni a Sánchez ni al juez Zamarriego que desde aquel 26 de abril de 2024 hasta el 21 de mayo de 2025 se reunió en hasta 22 ocasiones con Leire Díez, según ha descubierto ahora el juzgado que dirige Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.

En su declaración del pasado febrero, apenas dos meses después de abandonar la cárcel, Cerdán sostuvo que no había pagado nada a Leire Díez ni le había encargado ningún trabajo. Sin embargo, la investigación de Pedraz considera acreditado que Cerdán ordenó financiar los trabajos conspiranoicos de Díez a través de un sistema opaco. El PSOE firmó contratos de asesoramiento con tres despachos: el del exdirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías; el de Ismael Oliver, defensor entonces de José Luis Ábalos; y el de Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán. El juez Pedraz sospecha que el dinero que el PSOE pagaba a estos tres despachos se empleaba en financiar el trabajo de Leire Díez en aquel tiempo. Junto a Pérez Dolset buscó información sobre irregularidades cometidas por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, o el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Ambos dirigen los departamentos que han investigado las tramas de corrupción que llevaron a la cárcel a Cerdán y a Ábalos, los principales colaboradores de Sánchez en el partido desde 2018.

El juez Pedraz ha imputado también a la gerente del PSOE, Ana Fuentes, por firmar los contratos de asesoría que ocultaban la financiación de las prácticas irregulares de Leire Díez. Portavoces del partido sostienen que la gerente firmó esos contratos sin conocer que el dinero destinado a los despachos de abogados acabaría financiando la trama conspiranoica. El presidente Sánchez, según fuentes del Gobierno, siente vergüenza por los hechos conocidos y por los engaños de Cerdán, que nunca le contó la puesta en marcha de este operativo. La investigación judicial no tiene aún indicios de que todas estas operaciones irregulares se hicieran por orden o con el conocimiento del secretario general del PSOE.

El juez Pedraz ordenó el pasado miércoles la intervención de la Guardia Civil durante más de diez horas en la sede del PSOE para requerir abundante documentación y los tres contratos sospechosos de asesoría jurídica que ocultaban supuestamente los pagos a Leire. Además, los agentes se llevaron algunas pertenencias de Santos Cerdán, entre ellas un ordenador que la Guardia Civil despreció durante el registro ordenado un año antes por el juez del Supremo, Leopoldo Puente, cuando investigaba un caso de supuesto amaño de contratos por el que acabó en prisión provisional el entonces secretario de Organización del PSOE.

La derecha política (Vox y PP) y la mediática atribuyen los hechos conocidos a unas “cloacas del PSOE” que apenas tienen parecido con las cloacas del PP que funcionaron en España entre 2012 y 2017. Aquellas cloacas perpetraron la Operación Kitchen, el espionaje ilegal al extesorero Luis Bárcenas para robarle documentación sobre la financiación ilegal del partido de Mariano Rajoy. Aquellas cloacas fabricaron pruebas falsas contra los adversarios del Gobierno: independentistas catalanes o dirigentes de Podemos. Esas pruebas falsas —cuentas corrientes en paraísos fiscales, patrimonios ocultos en Suiza, fuentes de financiación ilegal de un partido concreto— se convertían luego en informaciones escandalosas sin contrastar que difundían determinados medios y a veces terminaban en denuncias ante los tribunales, todas archivadas. Aquellas cloacas del PP tenían un poder real, dinero del presupuesto público para sus fechorías, el amparo de quien mandaba en el ministerio del Interior y el impulso del partido en el Gobierno.

La trama conspiranoica vinculada al PSOE que integraban Leire Díez y Javier Pérez Dolset carecía de poder real. La investigación no ha encontrado hasta ahora ningún indicio que permita aventurar que esta trama tuviera contactos o influencia en el ministerio del Interior; ni control sobre el funcionamiento de las unidades policiales anticorrupción, ni relación alguna con la Fiscalía General del Estado. Y pese a eso, en la búsqueda de trapos sucios para arremeter contra quienes investigaban la corrupción socialista, ofrecían a sus interlocutores todo tipo de mejoras debido a sus supuestos contactos con el poder político y judicial a cambio de información comprometedora para los que destapaban las corruptelas de dirigentes socialistas. Leire Díez y Javier Pérez Dolset nunca cumplieron sus promesas ni obtuvieron la información que perseguían y sobre la que elucubraban. El juez investiga si la trama intentó sobornar al fiscal José Grinda con 300.000 euros, algo que ha desmentido el propio afectado; o pagar 50.000 euros a Carmen Pano, una empresaria imputada que denunció que había llevado 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE en la calle Ferraz, algo también desmentido por la abogada presuntamente encargada del soborno a cambio de una rectificación.

Antes de su reunión con Cerdán en abril de 2024, la trama había denunciado muchas corruptelas de la policía patriótica que seguían impunes. Dolset registró en la policía, la Fiscalía y los juzgados de la Audiencia Nacional numerosos escritos reclamando la investigación sobre aquellos hechos, incorporando decenas de grabaciones de Villarejo que acreditaban las irregularidades policiales cometidas en la Operación Cataluña o en el espionaje a Pedro Sánchez. Sin ningún éxito.

Tras la reunión con Cerdán en la sede socialista de Ferraz, Leire Díez cambió algunos de los objetivos de sus denuncias. Se entrevistó con un empresario imputado por fraude fiscal en el negocio de hidrocarburos; con un comandante de la guardia civil imputado por su colaboración con la trama corrupta de Koldo García y José Luis Ábalos; con un fiscal anticorrupción que dejó el puesto en 2020 tras investigar decenas de casos vinculados a la corrupción policial en el ministerio del Interior, y hasta con el secretario de Estado de Seguridad del PP, Francisco Martínez, al que le pidió detalles sobre algunas operaciones ilegales de la Policía durante su mandato. Todos esos encuentros donde Leire prometía cosas que no podía cumplir fueron grabados. Ahora son la principal prueba de cargo contra esta trama conspiraonica vinculada y financiada por el PSOE gracias al impulso de Santos Cerdán.