De la causa por cobro de mordidas a cambio de contratos a una trama contra jueces, fiscales y guardias civiles para proteger al PSOE

La presencia de los agentes de la UCO en la sede nacional del PSOE para requerir determinada documentación no tiene que ver con la búsqueda de una caja B, como aireó un digital y denunció el PP en el Congreso. Ese movimiento está vinculado a una pieza separada y secreta desgajada de la causa penal que asumió el juez Santiago Pedraz en diciembre pasado contra el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y la exmilitante socialista Leire Díez por el supuesto cobro de mordidas a cambio de contratos públicos.

El caso que ahora se investiga y que provocó la presencia de guardias civiles en la sede del PSOE tiene que ver con las actividades de Leire Díez, quien durante los últimos años ha maniobrado junto al empresario Javier Pérez Dolset, imputado en una de las piezas del caso Tándem y víctima del espionaje ilegal del comisario José Manuel Villarejo, para denunciar tanto las andanzas de la policía patriótica que funcionó en los seis años de Gobierno de Mariano Rajoy, como las supuestas corruptelas que —consideran— se esconden tras las nuevas operaciones judiciales y policiales contra dirigentes socialistas como José Luis Ábalos o Santos Cerdán.

La exmilitante socialista celebró reuniones en este tiempo, muchas de ellas grabadas, con guardias civiles, fiscales, o exdirigentes del PP ofreciendo en falso favores en nombre del Gobierno socialista a cambio de información sobre actividades corruptas del PP, de fiscales, de jueces o de guardias civiles.

La exmilitante socialista llegó a pronunciar en algunas de esas reuniones grabadas frases contra el principal investigador de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, quien dirige ahora las pesquisas contra esta supuesta trama. En una cita con empresarios imputados por fraude en el negocio de los hidrocarburos, Díez llegó a pedir documentos para desprestigiar al teniente coronel de la UCO con la promesa de que la Fiscalía favorecería a quien facilitara esa información. También se reunió con el fiscal Ignacio Stampa, que investigó durante años el caso Villarejo hasta perder la plaza que ocupaba en Anticorrupción. Intentó Díez, que acudió a la reunión junto a Pérez Dolset, sonsacar información a Stampa contra quien había sido su superior, el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón o contra el fiscal general de entonces, Álvaro García Ortiz.

Leire Díez acudió a la sede del PSOE en la calle Ferraz en la primavera de 2024 para entregarle al entonces secretario de Organización, Santos Cerdan, un pen drive con numerosos audios grabados por el comisario José Manuel Villarejo donde se relataban todo tipo de maniobras ilegales contra los adversarios políticos del PP: Podemos y sus principales dirigentes; los principales cargos independentistas catalanes o el entonces líder socialista, Pedro Sánchez. Junto a esos audios, el pen drive incorporaba documentación con denuncias archivadas por la Fiscalía Anticorrupción y las quejas formuladas ante Alejandro Luzón por los denunciantes.

Santos Cerdán no hizo nada con esa información hasta que se empezaron a conocer las maniobras de Leire Díez, quien decidió darse de baja como militante del PSOE. Fue entonces cuando Cerdán remitió a la Fiscalía General del Estado el pen drive con la información sobre las cloacas del PP “a los efectos oportunos”. La Fiscalía analizó esa documentación, pero no hizo nada.

El PSOE negó en aquellos momentos que Leire Díez trabajara o cobrara para el partido. Pero durante la investigación abierta en un juzgado de Madrid por estas maniobras de la exmilitante socialista, Gaspar Zarrías, exconsejero socialista andaluz durante los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, reconoció que durante tres meses pagó desde su despacho profesional a Leire Díez por investigar el caso ERE. Díez le había contado a Zarrías que disponía de información relevante que demostraría prácticas ilegales en la instrucción judicial de la causa penal abierta contra los principales dirigentes socialistas en Andalucía y que concluyó con duras condenas de cárcel para la mayoría de ellos.

El juez Santiago Pedraz investiga ahora las actividades de Leire Díaz para aclarar si se trató de una trama financiada por el PSOE y organizada con el único objetivo de obstaculizar procedimientos judiciales abiertos contra el Gobierno de Pedro Sánchez.