Caso Leire: de desnudar las cloacas del PP a desprestigiar a quienes investigaban a dirigentes del PSOE

El empresario Javier Pérez Dolset tuvo un éxito colosal a finales del siglo XX cuando creó el videojuego Commandos, basado en estrategia militar. Estuvo durante 20 años en la lista de los más distribuidos en todo el mundo. Vendió casi cinco millones de unidades y facturó más de 450 millones de euros. El Grupo Planeta pagó 100 millones por el 25% de la empresa Zed de Pérez Dolset en 2006, justo antes del estallido de la crisis económica que abrió un agujero en las cuentas de la sociedad.

En 2017, Javier Pérez Dolset fue detenido acusado de vaciar la sociedad y desviar el dinero de las millonarias subvenciones concedidas por el Gobierno. Dolset atribuye desde entonces su situación judicial –está imputado en una de las 30 piezas separadas del caso Tándem– a las maniobras del Grupo Planeta, al espionaje ilegal del comisario José Manuel Villarejo y a los manejos del fiscal José Grinda.

Dolset ha recabado en los últimos nueve años abundante información sobre las prácticas mafiosas de la policía política que funcionó en España durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy. Esas prácticas consistían en fabricar pruebas falsas contra los adversarios políticos (dirigentes de Podemos e independentistas catalanes) o destruir pruebas que pudieran incriminar al PP en el caso de financiación ilegal que investigaba la Audiencia Nacional y por el que fue condenado.

El empresario entregó todo el material del que dispuso a jueces y fiscales de la Audiencia Nacional con escaso éxito. Buscó aliados para su defensa y encontró a Leire Díez, militante socialista, exdirectiva de Correos y un vínculo directo con la ejecutiva de un partido que acababa de llegar al Gobierno.

Dolset y Leire Díez se citaron en la sede socialista de la calle Ferraz con el secretario de Organización, Santos Cerdán, justo el primer día de reflexión –24 abril– que se tomó Pedro Sánchez para decidir si continuaba en el Gobierno o abandonaba la política tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez. Ese día, Dolset y Díez entregaron un pendrive cargado con la información recabada por el empresario sobre las prácticas corruptas de la policía política del PP. La documentación incluía una grabación de Villarejo planificando con el 'número dos' de Interior futuras maniobras contra Pedro Sánchez con información sobre los negocios de su suegro.

Desde entonces y hasta hace unos meses, Dolset y Leire Díez siguieron trabajando aunque con objetivos distintos: demostrar las prácticas corruptas de jueces, fiscales o guardias civiles que investigaban supuestos delitos cometidos por familiares del presidente Sánchez y por los dos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Lo que sigue es un breve catálogo de las actividades de la trama que ahora investiga la Audiencia Nacional por delitos de organización criminal, varios delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. El juez cree que el PSOE contribuyó supuestamente a financiar las presuntas maniobras.

A continuación se recoge la información que manejaron desde abril de 2024 hasta hoy.

Operación Cataluña, pagada con fondos reservados

En el pendrive que pusieron a disposición del PSOE, y que el partido remitió a la Fiscalía General del Estado “a los efectos oportunos”, se almacenaron numerosos archivos de audios correspondientes a grabaciones efectuadas por el comisario Villarejo con sus jefes políticos del Ministerio del Interior y con otras personas que acreditaban las maniobras ilegales, algunas pagadas con fondos del Estado, contra dirigentes independentistas de Catalunya. Esas operaciones ilegales todavía siguen impunes y no hay ninguna causa abierta en la Audiencia Nacional por aquellos hechos.

“Al fiscal Grinda hay que matarlo”

Entre la documentación que Díez y Pérez Dolset facilitaron al PSOE se incluyen grabaciones entre Villarejo y la exsecretaria general del PSOE, Dolores de Cospedal, donde hablan del fiscal anticorrupción José Grinda. Villarejo le cuenta que los socialistas le habían hecho llegar el mensaje de que si denunciaba al PP por la Operación Cataluña resolverían sus problemas con la Fiscalía. Esta es parte de la conversación:

Cospedal: ¿Margarita Robles te llamó?

Villarejo: No. El enlace que yo tengo con ella, que es un antiguo colega, de su cuerda (…). A mí lo que me han dicho es si tú estás dispuesto a contar que lo de la Operación Cataluña es una operación del PP y no sé cuántos, lo de la Fiscalía, eso que tiene Grinda contra ti lo va a quitar y tal.

Cospedal: A Grinda hay que matarlo.

Villarejo: Y pedimos que comparezcas en el Congreso y luego después convocamos la moción de censura. Y les digo no sé de qué me estáis hablando. Has visto cómo he mantenido yo el tema y lo voy a mantener hasta el final.

Dolset consideraba a Grinda uno de los culpables de su imputación en la Audiencia Nacional y recabó de Villarejo un material con el que se intentaba involucrar al fiscal anticorrupción en un caso de pedofilia.

El fiscal Grinda denunció hace solo unos meses que la trama de Leire Díez intentó sobornarle, ofreciéndole un puesto de trabajo en el extranjero y 300.000 euros a cambio de que ayudara a cerrar algunas de las causas que tramitaba en Anticorrupción así como información contra su jefe, Alejandro Luzón.

Los negocios del suegro de Sánchez con las saunas: “Eso es mortal”

En el pendrive entregado a Cerdán también se encontraba una larga conversación grabada con Villarejo en agosto de 2014 con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, donde le informa sobre los negocios del suegro de Pedro Sánchez.

Villarejo: No lo sabe nadie… hay que manejarlo con muchísimo... El tema de las saunas esas lo sabe la Comisaría General de Información porque ahí iban políticos. Son saunas de pilinguis. Son tres hermanos. Un día estuvo Pedro Sánchez allí comiendo con su suegro. Y me dicen que El Gordo [Enrique García Castaño, comisario] se lo ha contado a Pino [Eugenio Pino, director adjunto operativo, número tres de Interior en aquel momento]. Si Pino no ha contado nada…

Martínez: Porque siguen con el negocio, ¿no?

Villarejo: Un negocio de puta madre… ahí sacan pasta de la hostia. Está todo a nombre del hermano mayor, pero luego los otros dos que hay por debajo (el suegro y otro más que hay) son los que llevaban la gestión. Esta es la historia.

Martínez: Y él [Pedro Sánchez], ¿lo sabe seguro?

Villarejo: Hombre, ya me contarás... Es una parte débil del diseño, eso es mortal. Cuando haga falta, para que sólo lo trates con el presidente y con el número uno. Ahí es donde tienes que valorar, en un momento determinado…

Martínez: Eso es mortal.

Desprestigiar al teniente coronel que investiga a Ábalos y a Cerdán

Dolset y Díez se reúnen en un despacho de abogados con imputados en el caso hidrocarburos. Uno de ellos, el empresario Alejandro Hamlyn, sugiere que tiene información sobre conductas irregulares del jefe de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, que investiga casos de corrupción del Gobierno socialista. Leire Díez responde: “Si Balas está muerto, mejor”.

Durante la reunión, la militante socialista presume de tener contactos en la Fiscalía y en la Abogacía del Estado para favorecer a Hamlyn en su proceso penal, siempre y cuando aporte información relevante contra el teniente coronel.

Buscar información contra Luzón, jefe Anticorrupción, en reuniones con Stampa

Díez y Dolset se reunieron con el fiscal Ignacio Stampa muchos meses después de que este dejará el puesto de la Fiscalía Anticorrupción. Díez se presentó así: “Esto es estrictamente confidencial y es una cosa que se queda aquí, pero digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué hay detrás de todo esto”.

En el encuentro, grabado y denunciado después por Stampa, Díez intentaba sonsacar información al fiscal sobre actuaciones irregulares del fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, a cambio de solucionarle los problemas que pudiera tener con la fiscalía general del Estado.