El Congreso aprueba la reforma de la dependencia que añade 6.200 millones con el único voto en contra de Vox
El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad y también su modelo de financiación, en lo que supone “la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo”, en palabras del ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
Solo Vox ha anunciado durante el debate previo su voto en contra de ambos cambios y de la nueva financiación. El PP ha adelantado su “sí” al aumento de la partida económica después de reprochar al Gobierno que solo busca votos con este cambio y de no tener presupuestos para ejecutarlo, pese a que hay 6.200 millones extras anunciados y negro sobre blanco en la ley para dependencia, y tras mantener la intriga toda la tarde se ha abstenido en la votación de la reforma de la ley en sí. Finalmente, las reformas normativas han salido adelante con 179 votos favor (del Gobierno y sus socios), 137 abstenciones (del PP) y 33 en contra (Vox).
“Es un día que va a marcar un antes y un después en la historia de nuestra política social. El 14 de julio se recordará durante décadas como el día que se refundó el sistema de cuidados. Es difícil poner en perspectiva los cambios. Son comparables a lo que sucedió en el siglo XX con la construcción del sistema de pensiones, del sistema público de sanidad o del sistema educativo”, ha expresado Bustinduy en el Congreso.
Formalmente han sido dos debates. Uno, sobre la financiación de las reformas, que el Gobierno regará con 6.200 millones extra entre este año y el siguiente para alcanzar la inversión récord de 7.239 millones de euros en 2027. El otro, sobre las propias reformas de las leyes. Pero el ministro, y todos los grupos excepto el PP, lo han abordado como un todo (ambas reformas son copmlementarias), en la línea mantenida por el Ejecutivo con estos dos temas, y ha realizado una defensa conjunta de los dos cambios.
Bustinduy ha insistido en su intervención en que el objetivo de la reforma es pasar del “modelo asistencialista” que ha regido los cuidados hasta ahora a uno en el que las personas con discapacidad o en dependencia tengan autonomía en su propio hogar y se base en derechos y autonomía personal.
"Hay millones las familias cuyas vidas van a mejorar de forma inmediata. La mirada asistencialista o paternalista sobre personas con discapacidad o dependencia ya no nos sirve. El modelo de macrorresidencias alejadas de los centros urbanos ya no nos sirve. Condenar a miles de compatriotas a vivir de forma no elegida ya no nos sirve"
“Hay millones las familias cuyas vidas van a mejorar de forma inmediata. La mirada asistencialista o paternalista sobre personas con discapacidad o dependencia ya no nos sirve. El modelo de macrorresidencias alejadas de los centros urbanos ya no nos sirve. Condenar a miles de compatriotas a vivir de forma no elegida ya no nos sirve”, ha enfatizado. Según el ministro, el 90% de la población desearía envejecer en casa.
La mayoría de los partidos del Congreso han celebrado la reforma. Compromís, CC, BNG, Podemos, Junts, ERC y Sumar desfilaron por la tribuna del Congreso para anunciar su apoyo a la propuesta, pero también para recordarle al Gobierno que hace años que las comunidades vienen exigiendo el aumento en la financiación, porque el Gobierno central solo se hace cargo actualmente del 27% del coste de la dependencia, según advirtió ERC, dejando el grueso a los Ejecutivos regionales. También se plantearon dudas respecto a qué pasará a partir de 2028.
El PP reprochó al Gobierno que solo busca votos, que la reforma que se aprueba hoy “no cambia el sistema de financiación de la dependencia”, que los 6.200 millones extras anunciados “son solo un titular político” y, recogiendo una expresión que había utilizado Pilar Calvo, de Junts, que el Ejecutivo practica el “yo invito, tú pagas”. Finalmente, tras un discurso que dio la impresión contraria, anunció el voto favorable del partido. Pero solo al aumento de la financiación, en la reforma propiamente se abstuvo.
Vox justificó su rechazo porque duda de que el Gobierno esté en condiciones de implementar todo lo que dice la ley. “Qué fácil es votar 'sí' a esta propuesta, quedar bien con todo el mundo y dejar que las personas con discapacidad y sus familias crean que va a mejorar sus vidas. De nada sirve aprobar ayudas si no están en disposición de asegurar que vayan a llegar”, ha sostenido la diputada María de la Cabeza Ruiz.
Ayudas compatibles y aumentadas
Con esta doble reforma el Gobierno amplía y flexibiliza las ayudas en la ley de dependencia y la discapacidad (entre un 18,4% y un 120% en función del grado concedido), más que duplica la inversión en ambas materias y garantiza que la Administración General del Estado (AGE) aportará en adelante el 50% de la financiación, que las comunidades autónomas deberán complementar.
Con los 6.200 millones extras que aportará el Ejecutivo en dos años, el Gobierno transferirá a las comunidades autónomas “una cantidad récord”, en sus propias palabras, de 5.513 millones de euros este año y 7.239,4 millones el siguiente, primero en el que se aplicará la nueva financiación de manera íntegra.
Los principales cambios en la norma apuntan a flexibilizar y ampliar las ayudas que contempla la ley. Una persona podrá recibir ayudas diferentes de forma simultánea: “Por ejemplo, si una persona en situación de dependencia puede quedarse en su casa podrá acceder a prestaciones combinadas como ir a un centro de día y a la vez tener una prestación de cuidados en el entorno familiar o teleasistencia, etc.”, explica Asuntos Sociales.
El amigo cuidador
La asistencia personal sale del hogar. “La persona que ofrezca una asistencia no solo atenderá a la persona usuaria en su casa, también podrá acompañarla para realizar otras actividades básicas de la vida diaria como ir a hacer la compra, ir al médico, etc.”, explica el ministerio.
También se abre el abanico de los cuidadores no familiares y se contempla que personas del entorno del beneficiario de la discapacidad puedan ofrecer cuidados, “asumiendo los diferentes modelos de convivencia que hay”, argumenta el Ejecutivo: “Por ejemplo, dos personas mayores que mantienen una relación, pero no están casados, o personas que comparten un hogar sin una relación familiar entre sí (modelos unipersonales)”.
Además, se universaliza el derecho a la teleasistencia, de manera que este servicio debería llegar a más gente en situación de dependencia o a otras que no podían acceder actualmente, por ejemplo las personas con demencia. Esta herramienta se usará también de manera preventiva, para evitar o retrasar la institucionalización de alguien.
Finalmente, se eliminan las sujeciones farmacológicas (personas a las que duermen con pastillas), que quedan “solo como medida alternativa”, según el Ejecutivo.
Accesibilidad universal
La reforma de la ley de la discapacidad centra buena parte de sus novedades en el acceso universal, pese a que ya es un servicio recogido en la normativa nacional. Ahora pasa de principio rector a derecho subjetivo.
La diferencia es que el primero marca un objetivo para la administración, mientras el segundo es una garantía reconocida a las personas. Es la diferencia, por ejemplo, entre el derecho a la vivienda digna, principio rector constitucional, y el derecho a la Educación.
Para reforzar esta línea de actuación, la ley modificará la Ley de Propiedad Horizontal “para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente a hacer obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para que las comunidades de vecinos tengan que solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita”.
Se calcula que unas 100.000 personas viven confinadas en su casa porque no es accesible y no pueden salir.
Reconocimientos automáticos
La reforma también contempla que habrá reconocimientos automáticos de discapacidad para agilizar procesos administrativos y reducir listas de espera. A las personas que se asigne un grado I de dependencia se les reconocerá igualmente un 33% de discapacidad y las que obtengan un grado II o III llegarán al 65%.
Por último, se prohibirá que algunos contratos de seguros penalicen económicamente la discapacidad, como hacen algunos actualmente, y se crea la figura del “facilitador procesal” que actúe de mediador entre los operadores jurídicos y las personas con discapacidad cuando estas afronten procesos judiciales.
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