Sin principio de autoridad

Tema de conversación recurrente es el preocupante legado que, especialmente la generación X (puesto que hablamos de nuestros hijos), estamos dejando a las generaciones que nos sucederán. No, no es un problema que afecte únicamente a los policías. El preocupante deterioro del principio de autoridad en la sociedad se ha convertido en un pesado lastre para colectivos tan diversos como el profesorado, los profesionales de la sanidad o cualquier otro que desempeñe una función de servicio público.

Pero el ámbito que más me ocupa y preocupa como policía es la deriva que ese menoscabo de la autoridad está suponiendo para nuestra profesión. Quienes llevamos muchos ejerciendo y defendiendo este oficio sabemos que los ataques contra la Policía no son algo nuevo. Sin embargo, muchos pensábamos que aquel odio hacia la Policía —“de azul, de verde o de marrón…”, cantaban—, que durante décadas se tradujo en policías asesinados, quemados, apaleados o amenazados, quedaría definitivamente atrás tras la desaparición de ETA y con la convicción, por parte de las nuevas generaciones, de que la violencia siempre fue inútil e injusta.

Pero la sociedad es tozuda. Con demasiada frecuencia vuelve a recorrer caminos que ya demostraron ser peligrosos, como si jugara una interminable partida de ruleta rusa con su propia convivencia. En pleno siglo XXI, el deterioro del principio de autoridad es una realidad que afecta a buena parte del mundo y, en consecuencia, también a Euskadi.

Los protagonistas suelen ser los sospechosos habituales: grupos radicales a los que les da igual que el detonante sea un partido de fútbol, un concierto o las fiestas de un pueblo. El argumento casi siempre es el mismo: luchas de poder, demostrar quién manda o quién es el más fuerte del barrio, ya sea por el control de unas txosnas o por conseguir más notoriedad y seguidores en las redes sociales.

Ante estos ataques, la expansión de las redes sociales y la sensación de impunidad con la que demasiadas personas actúan desde ellas, nuestras leyes y, en ocasiones, también la respuesta de las instituciones siguen ancladas en planteamientos del siglo XX. Se pretende hacer frente a amenazas nuevas con herramientas diseñadas para una realidad que ya no existe. Fueron útiles pero ahora mismo no lo son.

Por ello resulta urgente una respuesta firme tanto por parte de quienes tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad como de nuestros representantes políticos, titulares del poder ejecutivo y del legislativo. La modificación de las leyes para reforzar la protección frente a los ataques contra los policías, ya se materialicen mediante agresiones físicas o a través de las múltiples formas de señalamiento, acoso o coacción en las redes sociales, se ha convertido en una necesidad inaplazable.

Pero las leyes, por sí solas, no bastan. Es igualmente fundamental impulsar un cambio en el modelo educativo. Aunque sus resultados no sean inmediatos, la educación es la herramienta más eficaz para recuperar el respeto a la autoridad legítima, fortalecer las normas de convivencia y consolidar una auténtica cultura de responsabilidad cívica.

Porque, si normalizamos el desprecio a la autoridad, terminaremos pagando un precio muy alto en convivencia, seguridad y respeto mutuo. Nos jugamos mucho en esta partida: se lo juega la sociedad en su conjunto y nos lo jugamos también quienes, cada día, tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad de todos. Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo.