PSOE y Sumar reactivan la despenalización de las ofensas a los sentimientos religiosos y a la Corona

El PSOE y Sumar intentan retomar algo de iniciativa política en una semana que se presenta enormemente complicada a nivel judicial para el Gobierno y, particularmente, para los socialistas. Ambos partidos anunciaron este lunes que han acordado reactivar la tramitación en el Congreso de la proposición de ley para reformar el Código Penal y eliminar del mismo delitos que restringen la libertad de expresión, como las injurias a la Corona, la ofensa a los sentimientos religiosos o los ultrajes a los símbolos nacionales. La norma comenzó a tramitarse en 2023, pero llevaba desde entonces congelada en la Cámara Baja porque los socialistas no la consideraban una prioridad.

En concreto, la proposición de ley cuya tramitación se reactivará contempla acabar con cinco delitos recogidos en el Código Penal. Además de las ya mencionadas injurias a la Corona, ultrajes a los símbolos nacionales y ofensa a los sentimientos religiosos, PSOE y Sumar también están de acuerdo en despenalizar las calumnias e injurias a las altas instituciones del Estado y en eliminar el tipo que pena las injurias contra las Cortes Generales o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Por el contrario, ambos partidos han pactado renunciar a la eliminación del delito de enaltecimiento de terrorismo para evitar recelos de otros grupos, pese a que Sumar sí quería derogar ese artículo del Código Penal y sustituirlo por un agravante que permitiría castigar con más dureza los delitos que incluyan vejaciones a víctimas.

Esta reforma penal que ahora se reactiva es una propuesta que, como la de la ley mordaza, lleva años planteándose sin llegar a concretarse, a pesar de que a priori existe —como existía la pasada legislatura, cuando la propuso Unidas Podemos— mayoría parlamentaria para aprobarla. De hecho, en julio de 2024 Sumar y el PSOE ya anunciaron un pacto para suprimir los citados delitos de opinión y lo unieron a otro acuerdo para modificar la ley orgánica que rige el derecho al honor, con el fin de incluir una “reparación pública” ante procesos judiciales prolongados en el tiempo. Ese acuerdo nunca llegó a ponerse en práctica. Pero este lunes, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago (IU), se mostró convencido de que esta vez la reforma del Código Penal se aprobará “pronto” y de que “todas las furezas democráticas van a apoyarla”.

Para reactivar la tramitación de la proposición de ley, PSOE y Sumar dejarán de ampliar los plazos de presentación de enmiendas, lo cual permitirá que dicho periodo se cierre y se pase al siguiente estadio del proceso, el debate de totalidad, dado que previsiblemente algunos de los partidos de la oposición presentarán enmiendas a la totalidad para intentar derribar la iniciativa. Si esos intentos de veto son rechazados, los grupos parlamentarios comenzarán a discutir el redactado final de la reforma, que aún necesitaría recibir luz verde del Congreso en otras dos ocasiones antes de pasar al Senado para finalizar su tramitación. Por tanto, por mucho que se acorten los plazos, a la propuesta le quedan semanas, sino meses, para entrar en vigor.

Dibujantes, cómicos o cantantes condenados

“Este país ha soportado condenas penales que ponen en entredicho el pleno ejercicio de la libertad de expresión”, argumentó Enrique Santiago para justificar la necesidad de poner en marcha de nuevo esta reforma del Código Penal. “Se ha condenado a cantantes o a dibujantes de cómics por injurias a la Corona, ha habido cómicos condenados por injurias religiosas, y otros que no han llegado a ser condenados pero han sido sometidos a largos procesos judiciales” y al “escarnio público”, denunció Santiago, que aseguró que, con la derogación de estos tipos penales, no se “desprotege” a ninguna de las instituciones afectadas. “Todos los miembros de la Casa Real van a seguir gozando de protección ante injurias y calumnias”, pero será “la misma que el resto de los ciudadanos” a través del tipo penal estándar, ejemplificó.

“La libertad de expresión no ampara el derecho al insulto, pero sí la crítica desabrida, molesta, dura, exagerada, irónica, satírica, ácida, virulenta, mordaz”, aseveró por su parte el diputado del PSOE Artemi Rallo, que aseguró que así se han pronunciado en múltiples ocasiones tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal Supremo español. “La libertad de expresión ampara incluso el mal gusto”, y por ello, no tiene sentido que el Código Penal castigue prácticas que se enmarcan en el ejercicio de ese derecho, argumentó Rallo.