El sueño inalcanzable de los centros de datos en Aragón

El de los centros de datos en Aragón comienza a ser un sueño inalcanzable. Al menos, al ritmo al que aspiran los promotores privados y el Ejecutivo autonómico. Los proyectos ya autorizados reclaman a la red más del doble de electricidad de lo que la comunidad es capaz de consumir en su momento de mayor demanda: ni sumando toda la energía renovable que hoy produce la región habría suficiente para alimentarlos. Cubrir esa diferencia exigiría multiplicar la potencia solar y eólica instalada y alfombrar de placas y aerogeneradores una parte sustancial del territorio. Y eso sin contar con las exigencias extras que introduce el decreto ley del Gobierno central para centros de datos, unos requisitos en fase de proyecto que el sector y el propio Ejecutivo aragonés consideran prácticamente imposibles de cumplir.

Aragón tiene una punta de demanda eléctrica de 1.700 megavatios (MW). Los centros de datos que ya cuentan con acceso concedido a la red acumulan, sin embargo, 3.600 MW: 2.400 en la red de transporte y 1.300 más en distribución. Más del doble de toda la punta de la comunidad. Y esa cifra no incluye ni los permisos pendientes de resolver ni las nuevas solicitudes que siguen llegando. Si se pusieran en marcha únicamente los proyectos que ya tienen luz verde, la demanda eléctrica aragonesa se triplicaría. Ni siquiera toda la generación renovable que produce hoy Aragón –18.721,6 GWh al año, según el Boletín de Coyuntura Energética del Gobierno de Aragón– bastaría para alimentarlos, sin contar el resto de la demanda residencial e industrial que ya sostiene la región. Los centros de datos se han llevado, por sí solos, el 67% de toda la nueva capacidad concedida a consumidores en la red de distribución aragonesa.

La foto no es exclusiva de Aragón. A nivel nacional, ya se han concedido derechos de acceso y conexión a la red eléctrica por más de 12 gigavatios (GW), el triple del objetivo que se marca la propia Estrategia de Inteligencia Artificial del Ejecutivo para 2030 (2,5 GW de computación acumulada, equivalentes a unos 4 GW de demanda eléctrica). Y hay, advierte el propio Ministerio, “un número muy relevante de solicitudes” todavía por resolver.

Un decreto para poner coto, en pleno agosto

Para intentar ordenar ese desbordamiento, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico –junto con los de Economía, Comercio y Empresa, y Transformación Digital y Función Pública– sometió a información pública el pasado 27 de agosto, por vía de urgencia, un proyecto de real decreto que fija requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, de resiliencia y de soberanía digital para los centros de procesamiento de datos.

El plazo inicial de alegaciones de siete días se amplió hasta este jueves “en aras de facilitar la participación de los interesados”, según el Miteco. El Gobierno accedió a la prórroga después de que la patronal SpainDC –que tiene como directora ejecutiva a la ex de Cs Begoña Villacís– trasladara su “preocupación” por un texto que, a su juicio, podría “comprometer inversiones reales” cifradas en hasta 60.000 millones de euros.

El borrador exige a los centros de datos de más de 1 MW un índice de eficiencia energética (PUE) de 1,15 o inferior y un índice de eficiencia hídrica (WUE) de 0,1 litros por kilovatio hora o menos, ambos más estrictos que cualquier normativa comparable en la Unión Europea. Obliga también a cubrir el 80% del consumo con energía renovable adicional –proveniente de plantas puestas en marcha en una ventana de dieciocho meses en torno a la conexión del centro de datos– y exige que esa cobertura se cumpla hora a hora, no en balance anual. El incumplimiento puede acarrear, en los casos más graves, la pérdida del permiso de acceso y conexión ya concedido.

Aragón apura el plazo para las alegaciones

El Gobierno de Aragón presentará sus propias alegaciones este jueves, último día de plazo, según avanzó el lunes la consejera Eva Valle. El Ejecutivo autonómico comparte, dijo la titular de Economía, “la necesidad de asegurar la sostenibilidad energética y medioambiental”, pero reclama hacerlo “de manera equilibrada y proporcional”, de forma compatible con el desarrollo de una infraestructura que considera “estratégica para la economía del futuro” y para la capacidad de competir de la región y de las empresas aragonesas. “Esto no es lo que hace el proyecto de real decreto, que de aprobarse como está constituye un verdadero riesgo para la implantación de centros de datos en todo el país, en particular en Aragón, que tiene un porcentaje más elevado de compromisos ya realizados y de tramitaciones ya en marcha de centros de datos”, recalcó Valle.

La consejera atribuyó ese riesgo a que el proyecto incorpora requisitos “casi de imposible cumplimiento” tanto para los proyectos ya en tramitación como para los nuevos, un diagnóstico en el que –subrayó– coinciden también las asociaciones del sector, que hablan de “la práctica imposibilidad de cumplir no solo individualmente cada uno de los requisitos, sino también todos ellos en su conjunto”. Valle reprochó además al Ministerio haber elaborado la propuesta “sin ningún tipo de diálogo previo”.

Antes que el Gobierno de Aragón, ha sido el propio sector energético el que ha puesto sobre la mesa sus alegaciones. El Clúster de la Energía de Aragón (Clenar), que representa a las empresas del sector ante las administraciones, ha registrado ya un escrito de 49 páginas ante la Dirección General de Política Energética y Minas con 68 propuestas de modificación. El argumento central de Clenar es jurídico: el real decreto no ofrece, sostiene la patronal, cobertura legal suficiente para limitar de forma tan severa la libertad de empresa que garantiza el artículo 38 de la Constitución. La disposición que habilita el desarrollo reglamentario es, en palabras del escrito, “una remisión en blanco” que no predetermina “los aspectos esenciales de la cuestión regulada”, lo que –de aprobarse tal cual está redactado– podría incurrir “en nulidad de pleno derecho”.

Clenar objeta también la aplicación retroactiva de los nuevos requisitos a proyectos con permisos ya solicitados u otorgados, y recuerda que el artículo 33.2 de la Ley del Sector Eléctrico solo permite denegar un acceso por falta de capacidad de red, no por incumplimiento de estos nuevos criterios de sostenibilidad, un argumento que ya esgrimió la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en enero de 2026 para tumbar una propuesta anterior similar.

Lo que el propio sector calcula que haría falta

Es el propio informe de Clenar el que ofrece una radiografía de la magnitud del problema territorial que denuncia la consejera Valle. Tomando como referencia los 2.500 MW de centros de datos comprometidos en Aragón, la patronal calcula que cumplir los requisitos de adicionalidad y correlación horaria del borrador exigiría instalar en la región 15,1 GW fotovoltaicos y 12,4 GW eólicos –combinados con 12,5 GW de baterías de ocho horas de capacidad– o, si se optara solo por fotovoltaica, 25 GW con 10 GW de baterías.

Frente a los 3,3 GW fotovoltaicos y los 5,7 GW eólicos instalados en Aragón a cierre de 2025 –según el Boletín de Coyuntura Energética del Gobierno de Aragón–, eso supondría instalar un 462,4% de la potencia fotovoltaica actual y un 216,8% de la eólica, además de la totalidad de los 12,5 GW de baterías necesarios. A escala del conjunto de España, solo para cubrir la demanda de los centros de datos aragoneses habría que sumar más de un 27% de fotovoltaica, un 36,9% más de eólica y un 4.807% más de baterías de las que existen hoy... en todo el país. A eso hay que sumar que la capacidad de baterías es todavía muy marginal: 46 MW instalados de dos parques y cuatro plantas y 809 MW en tramitación, según datos del propio Ejecutivo autonómico.

Esas cifras encajan con las que ya había adelantado un estudio del Instituto CIRCE y la Universidad de Zaragoza: el escenario sobre granjas de servidores que maneja el propio Gobierno central exigiría cubrir hasta el 39% del territorio aragonés con instalaciones renovables, de los que entre el 24% y el 32% corresponderían solo a los centros de datos. Y ese estudio, además, calcula sus cifras en balance anual, no en correlación horaria –el criterio más exigente que impone el borrador del Miteco–, lo que las convierte en un suelo mínimo: el despliegue real necesario sería aún mayor.