¿Puede el Vive Latino prohibir que entres con comida? “Hay argumentos jurídicos sólidos para considerarlo abusivo”
La pregunta es sencilla: ¿puede un festival de música, llámese Vive Latino, que accedas al evento con comida o bebida del exterior? Es la misma que se formulan quienes quieren introducir alimentos propios en cines o parques temáticos, casi siempre por motivos económicos. La polémica llega a cuenta de la queja formulada por la organización Facua, que hizo público su denuncia al evento musical más importante que vive Zaragoza durante el año. Las asociaciones de consumidores critican la desidia de la Administración para penalizar estas acciones. “Existen argumentos jurídicos muy sólidos para considerar la restricción abusiva”, zanja Miriam Pascual, abogada experta en derechos de los usuarios.
Facua anunció el jueves que había reclamado una sanción para el Vive Latino por prohibir expresamente el acceso a los usuarios con comida y bebida del exterior pese a no haber solicitado el pertinente permiso al Gobierno de Aragón; en concreto, a la Dirección General de Interior, que debe visar las restricciones respecto del derecho de admisión –una eventual autorización siempre debe figurar de manera visible en la entrada a los recintos–.
Hay que recordar que el Vive Latino, como el resto de festivales similares, son eventos por los que uno paga su entrada para escuchar música, que es el objeto principal de la actividad. Como norma general, no se puede prohibir acceder con comida o bebida de fuera: así lo han determinado los tribunales. Y, en todo caso, para que la prohibición tenga efectividad hay que solicitarlo al organismo público correspondiente: de no hacerlo, como es el caso, los organizadores pierden la cobertura administrativa para exigirlo.
Vetar la entrada con alimentos del exterior obedece “exclusivamente a motivaciones económicas y al afán de obtener mayores beneficios”, denunció Facua. “La noticia nos ha causado estupor por un lado y una alegría inmensa por otra parte. Ahora ya sabemos que somos grandes: Facua nos ha denunciado y solamente carga contra los grandes”, ironizó después Nacho Royo, promotor del festival, en declaraciones a 'Heraldo'. Después, amenazó con “acciones legales” contra Facua.
En Aragón, la normativa aplicable es el Decreto 23/2010, según la cual lo único expresamente prohibido son cuestiones lógicas como armas, drogas o productos que inciden a la violencia o la xenofobia. Para el resto, es necesario que tenga un “fundamento razonable” y que será visado por la Dirección General de Interior y publicitado con un cartel.
Razones “sanitarias”
El empresario ha justificado en razones “sanitarias” la prohibición de acceder al Vive Latino con comida o bebida de fuera: cada puesto de alimentación suyo, ha afirmado Royo, “pasa unos controles sanitarios muy estrictos”. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan, entonces denominada Aecosan) ya dictaminó en un informe que es ilegal y constituye una cláusula abusiva.
En esa línea, un juzgado de Valencia determinó en 2025 que la comida o la bebida en este tipo de eventos constituye “un servicio complementario o accesorio al esencial, y que no ha sido solicitado”, con lo que no puede ser prohibido porque sí. El fallo descartó el argumento de la trazabilidad de la comida, lo que señala de forma específica el Vive Latino, aunque sí admite una limitación de seguridad: que el envase introducido pueda suponer un riesgo, como en el caso de vidrio o latas. No es el caso.
“La explotación de barras de bebida o establecimientos de comida es una actividad accesoria. Impedir consumir un producto comprado fuera, cuando puede consumir uno equivalente comprado dentro, puede acabar convirtiendo la prestación accesoria en una condición económica indirecta para disfrutar de la principal”, desgrana la abogada Miriam Pascual.
¿Cuál es el problema? La desidia de las administraciones a la hora de sancionar a los promotores y empresarios por esta práctica obliga al usuario a llegar a los tribunales, lo que supone un coste inasumible para la gran mayoría: hay una indefensión de facto. De eso se queja con amargura José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA). En el Vive Latino de 2023, presentaron reclamaciones al Ejecutivo autonómico por este mismo motivo. “No hemos recibido respuesta en ninguno de los casos. Ni el Ayuntamiento de Zaragoza ni el Gobierno de Aragón nos han contestado, pese a que fueron públicas”, lamenta Oliván. El silencio administrativo diluyó la responsabilidad del promotor.
Parece que este festival tiene algún tipo de cúpula de silencio a su alrededor
Pero es que el año pasado la UCA volvió a la carga y, según cuenta su presidente, consiguieron que la Dirección General de Interior requiriera al Vive Latino “una serie de cambios”. Pero estos no se produjeron y no hubo “ningún tipo de intervención” del Ejecutivo. Nueva reclamación de la organización de consumidores y de nuevo la callada por respuesta. “Parece que este festival tiene algún tipo de cúpula de silencio a su alrededor”, critica Oliván.
¿Qué puede hacer el usuario al que se le prohíbe esta circunstancia? Blasco aporta varias claves. Para empezar, conservar una prueba de que existe esa prohibición. Luego, solicitar la hoja de reclamaciones y formular la correspondiente queja, algo que también propone la Unión de Consumidores de Aragón. Como tercer paso, pedir que se identifique la concreta condición de admisión aplicada. A continuación, denunciar tanto ante el Servicio Provincial de Consumo como ante el órgano autonómico competente en espectáculos públicos, que en Aragón depende de la Dirección General de Interior. Y, como última opción, valorar arbitraje de consumo o vía judicial cuando exista un interés económico que lo justifique.
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