La única firma interesada en gestionar la 'ciudad del cine' de Zaragoza tarda cuatro meses en dar un aval de 300.000 euros
La empresa mexicana EDF ha presentado por fin el aval de 300.000 euros para Distrito 7-Giesa, donde se va a ubicar la 'ciudad del cine' de Zaragoza. Lo ha hecho cuatro meses después de la adjudicación directa a cargo del Gobierno del PP, aunque el plazo era de 15 días, y tras haber presentado fuera de plazo la oferta en el concurso público previo. A pesar de todo esto, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha valorado este miércoles que se trata de “una concesión con todas las garantías”, algo que la oposición pone en duda. Además, la regidora ha anunciado que se va a licitar el servicio de formación profesional que incluye el complejo, que inicialmente iban a ser entregado a dedo a San Valero: en todo caso –en palabras de la propia alcaldesa–, esta Fundación “tiene muchas probabilidades” de llevarse el concurso.
Una vez presentado el aval, el Ayuntamiento puede ya formalizar el contrato de la concesión demanial con la firma, lo que permitirá desbloquear la instalación, que ha costado 20 millones de euros. El objetivo, según ha manifestado la primer edil en una visita al complejo, es que a finales de octubre se lleve a cabo la entrega de las obras y que “como máximo en enero de 2027” haya ya actividad en Distrito 7.
Chueca se ha congratulado por estar encarando “el final de la transformación de lo que antes era una fábrica abandonada” en el barrio de Las Fuentes para dedicarlo a la industria audiovisual: “Zaragoza no tenía unas instalaciones a la altura de las necesidades”, ha afirmado la alcaldesa, que ha vuelto a calificar de “proyecto estratégico” Giesa.
El cronograma, ha afirmado, está “cumpliendo”. “Estamos hablando de más de 26.500 metros cuadrados de transformación manteniendo la esencia del propio edificio del principio del siglo XX”, ha señalado.
“Una empresa de gran reputación”
Respecto a la formalización del contrato con EFD, Chueca se ha felicitado por tener a “una empresa de gran reputación a nivel internacional”, lo que desde su punto de vista garantiza que la apuesta será un “éxito” y convertirá a Zaragoza en “un referente” de cara a “atraer producciones nacionales e internacionales de primer nivel”.
La regidora se ha referido también a las clases de FP audiovisual privado, que han tenido que retrasarse un año por el fracaso en los tribunales de la concertación educativa lanzada por el Gobierno de Aragón. Los “400 alumnos” llegarán el próximo curso.
Además, Chueca ha anunciado que el Gobierno del PP da marcha atrás a la adjudicación directa de este servicio al grupo San Valero –que gestiona entre otros la Universidad San Jorge– y sacará un concurso público para la FP privada, en el que la alcaldesa ya ha adelantado que el mencionado grupo tiene “muchas probabilidades” de ganar.
También se volverá a sacar a concurso la restauración del complejo, el tercero de los fracasos del proyecto de Giesa ya que quedó desierto. “Estamos estudiando cómo mejorar la licitación”, ha apuntado Natalia Chueca.
Un procedimiento “arbitrario”
Desde la oposición, el concejal del PSOE Horacio Royo ha lamentado “el empeño de Chueca en seguir adelante” con la adjudicación a una empresa que ha presentado los avales “fuera del plazo legalmente establecido”, en presentar los avales para la formalización de la concesión demanial.
Royo ha exigido a la alcaldesa “volver a los acuerdos alcanzados con los vecinos” en los usos de esta instalación que ha contado con fondos europeos. “Desde el Grupo Socialista solo podemos lamentar profundamente el empeño de la alcaldesa en seguir adelante con este procedimiento arbitrario, con este procedimiento de adjudicación a dedo que, una vez más, queremos recordar que vulnera los acuerdos alcanzados con los vecinos, que pervierte el uso establecido en los propios proyectos que se presentaron a los fondos europeos y que nos abre un periodo de enorme incertidumbre”, ha valorado.
El edil socialista ha calificado este nuevo hecho como una “huida hacia adelante de la propia alcaldesa” y recordaba que desde el PSOE seguiremos trabajando en pro de un proyecto favorable para los vecinos y para la ciudad.
Por su parte, Zaragoza en Común (ZEC) ha vuelto a mostrar su “preocupación por el modelo planteado para Distrito 7, un proyecto ubicado en el antiguo complejo de Giesa, patrimonio público municipal, para cuya rehabilitación y equipamiento el Ayuntamiento de Zaragoza prevé destinar más de 20 millones de euros de dinero público”. “El Ayuntamiento pone el edificio, pone el dinero para rehabilitarlo y equiparlo y después son empresas privadas las que van a aprovechar esas instalaciones. Nos parece que hay una apuesta clarísima por poner recursos públicos al servicio de intereses privados”, ha señalado la portavoz de ZEC, Elena Tomás.
La formación cuestiona asimismo el planteamiento de la formación vinculada al proyecto, que también se ha orientado hacia entidades privadas y formación concertada. Para Zaragoza en Común, si se moviliza una cantidad tan importante de recursos públicos y se pone a disposición del proyecto un edificio que forma parte del patrimonio municipal “deben existir garantías claras sobre el beneficio que obtiene la ciudadanía”.
“Una chapuza de gestión”
Finalmente, la portavoz de Vox, Eva Torres, ha considerado que la alcaldesa de Zaragoza “intenta maquillar un historial vergonzoso de improvisación en la tramitación”. “La alcaldesa vende como un éxito lo que en realidad ha sido una chapuza de gestión. Han tenido que cambiar de manos el proyecto a mitad de camino tras acumular retrasos, concursos desiertos y errores de licitación flagrantes”, ha continuado Torres.
La portavoz de Vox cree que “presumir de una adjudicación a la que solo concurrió una empresa no es síntoma de competitividad ni de libre mercado, sino de que el pliego técnico genera dudas y poco interés real”.
Sobre la formación profesional, Torres ha afirmado que “el PP ha dejado en la estacada a 400 estudiantes este curso por su soberbia y sus prisas electorales” y ha celebrado que el Gobierno del PP “haya atendido la exigencia de Vox de licitar públicamente las patas de educación y restauración”.
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