El Gobierno de Moreno retira las primeras ayudas a ONG que atienden a inmigrantes sin hogar tras firmar la “prioridad nacional” con Vox
El Gobierno de Juanma Moreno acaba de suspender las ayudas públicas que, desde 2023, adjudicaba a tres ONG de Andalucía –Cruz Roja, la Fundación SAMU e Inserta– para gestionar pisos de acogida y planes de inserción sociolaboral para personas sin hogar.
Son las primeras subvenciones destinadas a programas sociales para una población vulnerable que la Junta fulmina tras la firma del pacto de Gobierno PP-Vox, que contempla la “reducción, hasta su eliminación, de subvenciones o ayudas públicas que no contribuyan de forma directa y verificable a la mejora de la calidad de vida de los andaluces, con atención especial a las destinadas a cooperación internacional al desarrollo”.
En una reciente reunión, la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, que dirige Loles López, ha confirmado a estas tres ONG que “no prorrogará ni habrá una nueva licitación” del Programa de Inserción Laboral y Social de Personas Sin Hogar en Andalucía, que proporcionaba estancias temporales en pisos de acogida a 315 personas en las ocho provincias andaluzas: 132 plazas gestionadas por la Fundación SAMU, 90 por Cruz Roja y 93 por Inserta.
Se da la circunstacia de que el 80% de las personas sin hogar usuarias de los pisos de acogida que gestiona la ONG Inserta eran inmigrantes, más del 60% en el caso de la Fundación SAMU y el 45% entre los usuarios de Cruz Roja, según los datos proporcionados por las tres organizaciones.
El Gobierno de Moreno ha desvinculado la decisión de no prorrogar estas ayudas a las ONG del pacto PP-Vox, firmado hace cuatro meses, y que recoge la polémica cláusula de la “prioridad nacional”. El término impuesto por la formación ultra, y asumido desde el principio por el PP andaluz, implica que determinadas prestaciones y ayudas públicas de la Junta deben beneficiar antes a los ciudadanos españoles que a la población inmigrante.
Los dirigentes de Vox, de hecho, exigieron “revisar y eliminar” todo lo que consideran “gasto superfluo” de la administración, incluyendo subvenciones a sindicatos, ONG y ayudas a la cooperación. En el marco de la prioridad nacional, la formación de Santiago Abascal viene difundiendo desde hace años que “a los inmigrantes se les dan pisos gratis y trabajo, mientras los españoles no tienen”.
Desde la Consejería de Servicios Sociales niegan haber dado una “orden directa” de cancelar este programa para personas sin hogar y, “en ningún caso”, vinculan la decisión de suspender las ayudas con el pacto con sus socios de Gobierno. “El programa se extingue ahora, una vez se evalúen los resultados del mismo, ya se verá luego”, advierten.
El Programa de Atención a Personas sin Hogar tenía dos años de vigencia (2023-2024), con varias prórrogas aprobadas por parte de la consejería hasta finales de 2026 (la última, el pasado mes de julio, recién firmado el pacto PP-Vox), y expira el próximo 20 de diciembre, de modo que ese día todas esas personas “estaban obligadas a abandonar los pisos y quedarse en la calle en pleno invierno”, coinciden fuentes de las tres organizaciones consultadas por elDiario.es.
El propósito de este programa era dar alojamiento temporal a personas sin hogar mientras participaban en un itinerario sociolaboral tutelado, hasta que encontraban trabajo y, entonces, debían abandonar el piso de acogida. Cuando la Consejería de Servicios Sociales dio el preaviso a las ONG, informándoles de que el plan se extinguía en vísperas de la Navidad, había unas 200 personas acogidas en las viviendas y con prácticas de formación y trabajo.
La Fundación SAMU e Inserta son las que más personas atendían en ese momento. La primera ha adoptado ya una estrategia de “desescalada” para buscar una alternativa a sus usuarios y evitar que “vuelvan a la calle en pleno invierno, y echemos por tierra todo el trabajo conseguido con ellos”, explican desde la ONG.
La idea es que el 1 de diciembre los más de 100 usuarios que tienen acogidos sean “reubicados” y, para ello, se han articulado distintas soluciones: “algunos tienen un plan de ahorro con el dinero que consiguen en las prácticas de trabajo y podrán seguir en los pisos alquilando su plaza como inquilinos, porque su estancia ya no estará subvencionada por la Junta”. Otros, con problemas de drogadicción o salud mental, serán derivados a otros recursos y, en algunos casos, la ONG está en conversaciones con las empresas donde realizan prácticas para que les ofrezcan un contrato laboral.
El tiempo máximo de estancia en estos pisos de acogida, según el Pliego del Programa, es de 18 meses, aunque puede prorrogarse en casos “excepcionales”. Las organizaciones explican que ninguno se ha quedado menos de nueve meses y que el tiempo medio ronda el año completo. Desde la Fundación SAMU destacan la “estrecha colaboración” de los técnicos de la Consejería de Asustos Sociales con su personal para sacar adelante este programa.
El Programa de Atención a Personas sin Hogar contaba con un presupuesto de 6,4 millones de euros y estaba cofinanciado por fondos europeos (al 85%), estatales y de la Junta de Andalucía. “Las razones que nos han trasladado desde la Consejería de Asuntos Sociales es la falta de fondos presupuestarios y la prioridad de los mismos”, explican desde la Fundación SAMU, tras reunirse con miembros del departamento de Loles López.
En Andalucía hay más de 8.000 personas sin hogar, según el informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) correspondiente a 2025, que calcula un aumento del 57% en los últimos dos años. El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima una cifra inferior, en torno a las 5.539 personas que viven en la calle (datos de 2022), de los que más del 40% llevan más de tres años seguidos sin una vivienda estable en Andalucía.
En diciembre de 2023, coincidiendo con la llegada de los fondos europeos para combatir el sinhogarismo en España, el Gobierno de Moreno aprobó la I Estrategia de Atención a Personas sin Hogar en Andalucía. Los objetivos que se marcó la Junta con las medidas recogidas en aquel documento son los mismos que recoge el Programa que empezó a financiar entonces, con fondos de Bruselas, y que suspenderá a partir del próximo invierno: “mejorar el acceso de las personas sin hogar a unos ingresos que les permitan cubrir sus necesidades básicas; reducir las situaciones de desigualdad que viven las mujeres sin hogar; aumentar el número de plazas en vivienda con apoyos; mejorar la calidad de vida de este colectivo, haciendo hincapié en las personas con necesidades complejas (salud mental, adicciones, discapacidad, etc.)”.
De las tres ONG que ahora pierden esas subvenciones, la Fundación SAMU es la que más usuarios tiene en sus pisos de acogida de Sevilla (12 viviendas, con 36 plazas), Córdoba (12), Huelva (8) y Cádiz (12). El índice de ocupación rondaba el 90%. La Fundación presentó unos datos de cumplimiento de objetivos “exitosos” tras el primer año de ejecución, ayudando a personas sin hogar a adquirir habilidades básicas para acceder a formación y al mercado laboral, la búsqueda de empleo y el camino a la emancipación.
Cruz Roja, con 91 plazas y 11 ocupadas en la actualidad, también pierde estas ayudas, pero gestiona otros proyectos de atención a personas sin hogar, como las unidades de emergencia social que recorren las calles de diversas ciudades para entrega de ayuda urgente, acompañamiento, y orientación; además de centros de día en Almería, Málaga y Cádiz.
En cuanto a la ONG Inserta, gestionaban 93 plazas en pisos de acogida, y tenían una ocupación del 75%.
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