Sindicatos y ONG alertan de las consecuencias del pacto andaluz PP-Vox en políticas sociales y servicios públicos
El acuerdo entre PP y Vox para investir este jueves a Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, a cambio de una vicepresidencia y la asunción de los postulados de la ultraderecha en materia de inmigración, violencia de género, cambio climático o diálogo social, ha provocado en las últimas horas la reacción de plataformas, sindicatos y entidades, que han mostrado su preocupación por las consecuencias que abrazar estas tesis tendrá en las políticas sociales y de cooperación. También se han pronunciado los alcaldes de las dos ciudades más pobladas de Andalucía, Sevilla y Málaga, ambas gobernadas por el Partido Popular.
La Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD) ha mostrado su “más firme rechazo y extrema preocupación” por los contenidos del acuerdo de gobierno. En un comunicado, la CAONGD advierte del perjuicio que van a causar las medidas del pacto en el “retroceso de derechos de un gran número de colectivos”, y alerta especialmente del “ataque directo a la política pública de cooperación para el desarrollo”.
El pacto apunta directamente a esta política, cuando recoge el compromiso de impulsar reformas para “avanzar de manera progresiva en la reducción, hasta su eliminación”, de “subvenciones o ayudas públicas que no contribuyan de forma directa y verificable a la mejora de la calidad de vida de los andaluces, con atención especial a las destinadas a cooperación internacional al desarrollo”.
La plataforma cree que el acuerdo “pasa por encima” del Estatuto de Andalucía, que establece que “la cooperación internacional con el objetivo de contribuir al desarrollo solidario de los pueblos” es un objetivo básico de la Comunidad Autónoma“, observa la CAONGD, que recuerda que esta política de cooperación goza de un amplio consenso político y social y cuenta con su propia ley y sucesivos planes directores.
El propio PP recogía en su programa el compromiso de cumplir ese plan, elaborado por el gobierno de Moreno, quien defendió públicamente la importancia de la cooperación, del desarrollo sostenible y del compromiso entre territorios y pueblos en la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas, celebrada en Sevilla hace un año. “¿En qué momento estos principios y leyes dejaron de ser importantes para el Partido Popular para usarlos como moneda de cambio y mantenerse en el poder a costa de incluir en las instituciones a quienes defienden el odio?”, se pregunta el comunicado.
La plataforma recuerda que Moreno “fue el primer presidente autonómico en abrir las puertas institucionalmente a la ultraderecha” con el acuerdo con Vox que le permitió ser presidente en 2019, y que en los años siguientes Andalucía pasó de invertir 47,33 millones de euros en 2018 en Ayuda Oficial al Desarrollo a reducirlos, con un presupuesto global mucho mayor, hasta los 20,5 millones en 2025, apenas un 0,04% del total inicial. “Cuesta diferenciar a qué partido pertenecen los postulados antiderechos y negacionistas de una estrategia estatal que toma a las autonomías como rehenes en el camino hacia el poder”.
La CAONGD alerta del peligro de asignar un filtro de “ideológico” a las intervenciones por los derechos humanos en Andalucía. “En un tiempo lleno de desinformación, noticias falsas y discursos de odio, necesitamos más que nunca educar en empatía, derechos humanos y justicia global”. Y advierte de que no es un hecho aislado, sino “parte de una deriva más amplia que erosiona políticas públicas que garantizan derechos: desde la gestión migratoria basada en la dignidad hasta la igualdad de género, los derechos LGTBIQA+, la lucha contra el racismo, la protección social o el papel de la sociedad civil”.
“Este pacto podrá definir a un gobierno, pero no a un pueblo”, culmina el texto: “No van a cambiar la identidad andaluza con una firma. Andalucía merecía otra cosa”.
Save the Children: los niños no pueden ser foco del rechazo
Por su parte, Save the Children ha reclamado al nuevo Gobierno andaluz que gobierne “para toda la infancia” y garantice los derechos de niños y niñas “sin excepción”, después de comprobar que el pacto decreta un “rechazo frontal” a la llegada de “más menores extranjeros no acompañados (MENA)” y estipula la “supresión total” de subvenciones a ONG que, según el texto, “favorezcan la inmigración ilegal”.
La organización destaca que la protección de la infancia apenas aparece de forma explícita en el documento, mientras que algunas de las medidas planteadas generan una “especial preocupación” por su posible impacto en los derechos de la infancia y adolescencia. “Todos los niños y niñas son sujetos de derecho y cualquier política pública que les afecte debe estar guiada por su interés superior, tal y como establecen la Convención sobre los Derechos del Niño y nuestro ordenamiento jurídico”, señala Javier Cuenca, director de Save the Children en Andalucía.
La organización observa con inquietud el contenido del apartado dedicado a inmigración, especialmente por el lenguaje utilizado para referirse a los niños y niñas migrantes que llegan solos a Andalucía. El texto recoge explícitamente el acrónimo “MENA”, con el que la ultraderecha lleva años estigmatizando a estos niños y niñas. El acuerdo plantea su oposición a la acogida de niños y niñas sin referentes familiares, limita la creación de plazas de protección y vincula de forma reiterada la migración con problemas de seguridad, fraude o gasto público, observan en la entidad.
Save the Children recuerda que los niños y niñas migrantes “no pueden convertirse en el foco del rechazo a las políticas migratorias” y advierte de que presentarlos como un problema puede aumentar su vulnerabilidad a la exclusión, la discriminación y los discursos de odio, así como aumentar la conflictividad social. Respecto a las propuestas sobre retornos de menores migrantes, Save the Children recuerda que el retorno puede llegar a ser una solución adecuada en determinados casos, pero únicamente cuando exista una valoración individualizada de cada niño o niña, se garantice su seguridad en su país y entorno de origen y se respeten en todo momento su interés superior y su voluntad.
La organización también expresa su preocupación por las medidas que pretenden establecer la “prioridad nacional” en el acceso a ayudas, prestaciones o vivienda pública, punto central del acuerdo. “Ninguna consideración relacionada con el origen o la situación administrativa puede situarse por delante del interés superior del niño”, recuerda la entidad.
Los sindicatos alertan del riesgo para los servicios públicos
Los sindicatos mayoritarios también han salido al paso del acuerdo. La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, advirtió nada más firmarse el acuerdo que “se vislumbran políticas altamente peligrosas que ponen en riesgo los servicios públicos, la igualdad de las personas y la igualdad de los derechos”. En este contexto, ha asegurado que los principales riesgos son “en primer lugar el ataque y desmantelamiento de los servicios públicos”.
El acuerdo, según ha señalado la dirigente sindical, plantea una “desregulación” que, en la práctica, “supone eliminar garantías de protección para los trabajadores, la ciudadanía y las propias empresas”. En este sentido, ha expresado su preocupación por que el objetivo real sea “limitar la capacidad de despliegue de los servicios públicos y eliminar de un plumazo el empleo público, que ha demostrado ser vital para el conjunto de la ciudadanía”.
CCOO-A también advierte de la posible “destrucción del diálogo social” y el “avance del autoritarismo” estarían detrás del anuncio de “recortar o eliminar” la financiación pública a sindicatos y patronal que contiene el texto, que recoge la tradicional hostilidad de la ultraderecha hacia las organizaciones sindicales. La organización asegura que se trata de “una cortina de humo más que de un daño real a la actividad sindical o a su independencia”, subrayando que cuenta con autonomía financiera plena.
El secretario de Política Institucional de UGT Andalucía, Rafael Gelo, ha calificado el acuerdo como “una muy mala noticia para todos los andaluces”, al considerar que detrás del mismo “hay recortes de derechos y de servicios fundamentales”. En este sentido, ha advertido de que se “pone al borde del precipicio” a la sanidad pública, al entender que se abre “de par en par la puerta a la gestión privada” bajo el argumento de reducir las listas de espera, al tiempo que ha criticado la inclusión de medidas como la “prioridad nacional” para el acceso a determinadas ayudas. “No se puede enfrentar a los trabajadores entre sí para poder recibir ayuda”, ha señalado.
Asimismo, se ha preguntado cómo se sostendrá el Estado del bienestar tras las “bajadas masivas de impuestos”, cuestionando “de dónde van a salir los recursos necesarios para mejorar las escuelas, los hospitales y el sistema de dependencia”. “Así no se sostiene el Estado del bienestar”, ha afirmado, añadiendo que “no se puede desmantelar lo que tanto tiempo ha costado construir entre todos”. Por último, ha subrayado que no se puede permitir un “debilitamiento” de los servicios públicos “de esta forma” y ha advertido de que el sindicato estará “muy atento” y se situará “enfrente durante toda la legislatura” si se mantiene esta línea de actuación.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, también ha mostrado su rechazo a las medidas que, según señalan, “abren la puerta a una mayor privatización de los servicios públicos, especialmente en el ámbito sanitario”. El sindicato ha advertido de que cualquier fórmula que suponga derivar más actividad, financiación o recursos a entidades privadas para prestar servicios esenciales “va en la dirección equivocada y no responde a las necesidades reales de los andaluces y andaluzas ni de los profesionales”.
CSIF ha mostrado su inquietud por las medidas del acuerdo que plantean la colaboración público-privada como herramienta para reducir las listas de espera quirúrgicas, pruebas diagnósticas y de consultas externa. “El SAS necesita tener músculo propio, no soluciones coyunturales que terminen debilitando el sistema”, ha señalado el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela.
CSIF también ha mostrado su oposición a cualquier medida que suponga avanzar en la concertación de la educación pública; en concreto, tal y como recoge el acuerdo, en Bachillerato. “No hay justificación alguna (...) Andalucía cuenta con un sistema educativo que garantiza una oferta suficiente en los institutos públicos; no obstante, allí donde sea necesario ampliarla o reforzarla, desde hacerse desde la propia red pública, con todas las modalidades y en condiciones de equidad territorial”Por su parte, el secretario de Política Institucional de UGT Andalucía, Rafael Gelo, ha calificado el acuerdo como “una muy mala noticia para todos los andaluces”, al considerar que detrás del mismo “hay recortes de derechos y de servicios fundamentales”.
En su opinión, se “pone al borde del precipicio” a la sanidad pública, al entender que se abre “de par en par la puerta a la gestión privada” bajo el argumento de reducir las listas de espera, al tiempo que ha criticado la inclusión de medidas como la “prioridad nacional” para el acceso a determinadas ayudas. “No se puede enfrentar a los trabajadores entre sí para poder recibir ayuda”, ha señalado.
Asimismo, se ha preguntado cómo se sostendrá el Estado del bienestar tras las “bajadas masivas de impuestos”, cuestionando “de dónde van a salir los recursos necesarios para mejorar las escuelas, los hospitales y el sistema de dependencia”. “Así no se sostiene el Estado del bienestar”, ha afirmado, añadiendo que “no se puede desmantelar lo que tanto tiempo ha costado construir entre todos”.
Alcalde de Sevilla: “Estupendo”
Los dos alcaldes de las ciudades más pobladas de Andalucía sí han saludado el acuerdo que llevará al líder de su partido de nuevo al Palacio de San Telmo. José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, ha asegurado este viernes que el acuerdo le parece “estupendo”. Sanz, que mantiene un acuerdo con la ultraderecha en la ciudad para aprobar los Presupuestos a cambio de ir introduciendo sus políticas y conceptos, ha asegurado que el acuerdo da una estabilidad “que es lo que necesita nuestra comunidad autónoma o cualquier otra comunidad autónoma”, y ha alabado que se haya alcanzado en “tiempo récord”.
Más comedido ha sido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha valorado el pacto como la “única alternativa que ha parecido ser posible” .“Yo espero que funcione lo mejor posible”, ha dicho, apuntando a la izquierda por no abstenerse para facilitar un gobierno del PP en solitario: “La izquierda tiene una posibilidad de decir 'mire usted, abstenemos unos votos y se acabó el tema (...) Es una alternativa que el grupo de la izquierda no ha querido utilizar ni hacer”.
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