El PSOE de Zaragoza lleva los tribunales la 'ciudad del cine' de Natalia Chueca: “Ya vale de tanto amiguismo”

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha anunciado que presentará dos recursos contenciosos administrativos contra los procedimientos impulsados por el Gobierno de Natalia Chueca para adjudicar las unidades de producción y formación de Distrito 7, la futura Ciudad del Cine ubicada en la antigua fábrica de ascensores Giesa, en el distrito de Las Fuentes.

Ranera ha justificado esta decisión al considerar que el proyecto está “repleto de irregularidades” y tendrá que ser la justicia quien dirima su existen tales irregularidades. “Este Gobierno tiene que dar ejemplo y cumplir la legalidad. Ya vale de tanto amiguismo, de tantas adjudicaciones a dedo, de una irregularidad tras otra y de tanto oscurantismo”, ha opinado Ranera.

En rueda de prensa, ha recordado que en el proyecto de Distrito 7 se han invertido más de 20 millones de euros públicos, tres de ellos procedentes de fondos europeos, y, además, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha ignorado las propuestas de uso realizadas por los vecinos y por la Junta Municipal de Distrito, que preside el PSOE.

“Es una oportunidad perdida para Zaragoza y se ha convertido en una nueva ocurrencia de la alcaldesa”, ha señalado para recordar que ante las “irregularidades” detectadas en el proceso, el PSOE ya presentó dos recursos de reposición, que fueron rechazados, para que el Gobierno municipal del PP pudiera rectificar su forma de actuar.

“Han seguido adelante con sus ocurrencias y chapuza tras chapuza; sin resolver los procedimientos, continúa existiendo una enorme incertidumbre sobre el futuro de este proyecto”, les ha afeado.

Los recursos

Por eso, el PSOE ha tomado la decisión de presentar dos recursos contencioso-administrativos. El primero afecta a la unidad de producción, cuya licitación ha contado con una única empresa participante –la mexicana EFD– que ha entregado la documentación “fuera de plazo y que ahora ha vuelto a incumplir” los tiempos para la formalización de los avales.

“Se presentó la documentación fuera de plazo, se adjudicó a la misma empresa y tardó cuatro meses en depositar el aval. Es el ejemplo de una gestión marcada por las irregularidades”, ha argumentado Ranera.

El segundo recurso atañe a la unidad de formación, donde Ranera ha cuestionado que se adjudicara de manera directa a la Fundación San Valero “sin cumplir” con lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público.

Para Ranera, lo ocurrido en Giesa responde al 'modus operandi' del Gobierno de Chueca que “cada vez tiene más adjudicaciones directas y más oscurantismo”, ha sintetizado.

Por ello, el grupo municipal socialista “se ve obligado” a acudir a los tribunales para devolver la “seriedad” a una administración local que “tiene que responder, trabajar para todos y garantizar la concurrencia”, ha apremiado.

Interés general

La portavoz del PSOE ha recordado que el Ayuntamiento “debe ser especialmente riguroso” en el cumplimiento de los plazos y de las normas, del mismo modo que exige a cualquier ciudadano que pague sus tasas, atienda una multa o presente una documentación dentro del plazo establecido, ha comparado.

“Lo que no puede ocurrir es que a los ciudadanos se les exija cumplir escrupulosamente los plazos y que determinadas empresas reciban un trato diferente. El Ayuntamiento debe cumplir la normativa y dar ejemplo”, ha subrayado.

Ranera ha insistido en que el objetivo del PSOE es defender el interés general y garantizar que los recursos públicos se gestionen con transparencia. “Tenemos que saber dónde va hasta el último euro de los más de 20 millones de dinero público que se han invertido en este proyecto”, ha concluido.

Sigue “escrupulosamente” el procedimiento, según el PP

El consejero municipal de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha replicado que “la única irregularidad” que existe “es la que el PSOE pretende inventarse, porque todo lo realizado por el Ayuntamiento se ha hecho conforme a la ley, con los informes técnicos y jurídicos correspondientes y siguiendo escrupulosamente el procedimiento administrativo”. Asimismo, ha explicado que “no se trata de un contrato de servicios públicos, sino ante una concesión demanial sometida al régimen patrimonial y, por tanto, a la legislación de patrimonio”.

Lorén ha recordado que inicialmente se convocó una licitación pública a la que podía concurrir cualquier interesado y que quedó desierta, y precisamente la legislación patrimonial contempla que ante tal situación se pueda realizar posteriormente una adjudicación directa siempre que se mantengan las condiciones exigidas legalmente respecto al procedimiento anterior. “Eso es exactamente lo que se ha hecho”, ha zanjado.

Respecto a la concesión demanial vinculada al proyecto de Formación Profesional, Lorén ha señalado que “el segundo recurso anunciado tampoco tiene recorrido” porque la Fundación San Valero comunicó que, al no haber obtenido el concierto necesario para desarrollar la Formación Profesional prevista, esperaría al siguiente curso para continuar con el proyecto.

“Conviene recordarle también al PSOE que la propia legislación patrimonial contempla expresamente supuestos de adjudicación directa a entidades sin ánimo de lucro declaradas de utilidad pública, siempre que concurran los requisitos legalmente establecidos”, ha agregado.