El tira y afloja con Podemos y Junts junto a la crisis de Ceuta congelan la negociación del decreto de vivienda

El decreto de medidas para hacer frente a la crisis de vivienda, que incluirá la reactivación de la prórroga de los alquileres por dos años, sigue bloqueado. Lo previsto inicialmente era que este paquete se aprobara durante el mes de julio, pero la imposibilidad de alcanzar un acuerdo que satisficiera a la misma vez a los socios de izquierdas y a los de derechas del Gobierno obligó a la Moncloa a retrasar hasta después del verano su puesta en marcha. Y agosto tampoco ha servido para encarrilar el texto: Podemos y Junts siguen sin estar convencidos de apoyarlo, cada uno por motivos diferentes, y el estallido de la crisis migratoria de Ceuta ha monopolizado los esfuerzos del Gobierno y ha retrasado la aprobación del decreto, aunque el Ejecutivo no ha renunciado a su promesa de sacarlo adelante en septiembre.

A finales de julio el Ministerio de Vivienda anunció que había decidido “trasladar la aprobación del decreto al mes de septiembre para lograr un acuerdo con las fuerzas parlamentarias”. Fuentes de la Moncloa explican que sus planes pasaban por iniciar el nuevo curso político con varios anuncios de carácter social y, entre ellos, el pacto para sacar adelante el decreto. Con esa estrategia el Ejecutivo pretendía retomar la iniciativa en una materia capital para su electorado e iniciar con buen pie el calendario que culminará con las elecciones generales, que improrrogablemente deberán celebrarse en el año 2027.

Pero la situación de Ceuta ha hecho saltar por los aires esa hoja de ruta. Con todos los focos puestos en la ciudad autónoma, fuentes de la Moncloa explican que sus esfuerzos han estado centrados en abordar la crisis y en intentar devolver la normalidad a un territorio en el que se mantienen hacinados varios miles de personas más de un mes después de la entrada masiva e irregular de más de 70.000 inmigrantes. Otras fuentes del Gobierno matizan, por su parte, que no se ha roto el contacto con los grupos parlamentarios, pero lo cierto es que, a principios de septiembre, la situación es la misma que era en julio: no hay acuerdo ni tampoco demasiados avances con los grupos en los que mayor rechazo causó el borrador inicial del decreto, que son Junts y Podemos.

Preguntada por el avance de estas conversaciones, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se mostró hace unos días muy crítica y aseguró que el Ejecutivo no ha llamado desde finales del mes de julio a los morados para retomar la negociación del decreto de vivienda. “El Gobierno se ha ido de vacaciones en el peor momento posible”, espetó Belarra, que afirmó desconocer si la Moncloa ha “tirado la toalla” y ha renunciado a aprobar el paquete de medidas, algo que el Ejecutivo niega taxativamente. “Se escapa totalmente a mi comprensión”, lamentó la líder de Podemos, que insistió en su negativa a apoyar el decreto siempre y cuando incluya “una reforma de la ley del suelo” acompañada de “medidas cosméticas” en materia de vivienda.

Junts, por el contrario, lleva desde finales de julio sin pronunciarse sobre el avance de las negociaciones con el Gobierno. Fuentes gubernamentales, no obstante, aseguran que los independentistas no les han trasladado en ningún momento que quieran romper las conversaciones, e interpretan algunos de sus últimos movimientos como un intento de elevar el precio de sus apoyos. Es el caso, por ejemplo, de la proposición de ley que registraron la semana pasada los independentistas para volver a intentar que se apruebe la delegación de competencias sobre inmigración a Catalunya. Ese traspaso fue rechazado hace unos meses por la negativa de Podemos a apoyar un texto que consideraba racista.

Junts ha modificado su exposición de motivos para intentar sortear esta oposición, aunque sigue sin convencer a los morados. Y el PSOE tampoco parece especialmente contento con el movimiento de los independentistas. Este jueves, el presidente Pedro Sánchez criticó que ese texto “excede algunos de los elementos acordados” por Junts y los socialistas hace meses en relación a la delegación de competencias, una afirmación ante la cual la portavoz independentista Míriam Nogueras acusó a Sánchez de no haberse “leído la ley” o de “volver a mentir”, puesto que el articulado, dijo, es “exactamente el mismo” que el pactado con el Gobierno.

El mismo rechazo por distintos motivos

En cualquier caso, la negativa de Junts a apoyar el decreto de vivienda en los términos en los que lo ha propuesto el Ejecutivo viene de lejos. Ya en julio, los independentistas catalanes se mostraron críticos con un borrador que, entendían, “mantiene las medidas que perpetúan las okupaciones y no protegen ni al inquilino ni al pequeño propietario”. Junts se quejaba de que no se incluyeran propuestas suyas como la exención de impuestos a todos los inquilinos —se limitaban esas deducciones a los jóvenes de 18 a 35 años—, la deducción para los pequeños propietarios hipotecados, medidas para facilitar los desahucios exprés o la desgravación de las cuentas de ahorro para la vivienda.

Podemos, por su parte, insiste en que no piensa apoyar ningún decreto que modifique la ley del suelo, algo que el PSOE lleva toda la legislatura intentando sin éxito por el rechazo de los partidos a su izquierda, incluido Sumar, que tampoco ha respaldado en esto a su socio de Gobierno en los últimos años, aunque en esta ocasión sí había aceptado la reforma para intentar facilitar la puesta en marcha del decreto de vivienda. A juicio de los morados, las modificaciones en esta ley que pretenden introducir los socialistas en el paquete de medidas de vivienda suponen “abrir una autopista a los pelotazos urbanísticos”, “legalizar muchísimos proyectos ilegales” y “abrir la puerta a más especulación”.

En concreto, el borrador del decreto que planteó en julio el Gobierno a los grupos planteaba cambios en varios de los artículos clave de la ley del suelo. Uno de los más importantes es el relativo al artículo 55, el que establece la “nulidad y anulabilidad de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística”. Con su nueva redacción, el Gobierno busca que un plan urbanístico solo pueda declararse nulo si se detectan un cierto número de defectos especialmente graves, como la incompetencia manifiesta del órgano que aprueba el plan, la omisión total del procedimiento, la falta de evaluación ambiental, la ausencia de información pública, la omisión de informes esenciales o la inexistencia de una memoria justificativa suficiente. Con el resto de defectos, el decreto permitiría a las administraciones revertir los mismos antes de tumbar todo el plan, incluso aunque un tribunal haya determinado la ilegalidad de la actuación urbanística.

La segunda de las críticas de Podemos, la relativa a las expropiaciones, se trata en el artículo 47 de la ley del suelo, que también se modifica. El borrador de decreto elaborado por el Gobierno reduciría las posibilidades de cuestionar un plan urbanístico a partir de los cuatro años posteriores a su aprobación, y además solo permitiría pedir la impugnación por defectos materiales, no procedimentales, lo cual limita la acción de grupos que pudieran protestar contra eventuales ilegalidades.