El decreto de vivienda, la última bala del Gobierno para impulsar medidas que llevan bloqueadas toda la legislatura

“Esta va a ser la legislatura de la vivienda”. Es uno de los eslóganes que, con mayor insistencia, ha utilizado el Gobierno desde que revalidó su mandato en 2023. El propio presidente Pedro Sánchez ha hecho bandera de ello en múltiples ocasiones, así como los ministros del ala socialista del Ejecutivo. No obstante, el acceso a un techo sigue siendo el principal problema de los españoles, según revelan consistentemente los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el último el de julio.

El decreto para paliar las subidas de los precios del alquiler, recientemente postergado hasta septiembre, se perfila como una de las últimas oportunidades para que el Gobierno adopte algunas de las medidas que ha ido prometiendo, pero que han quedado en agua de borrajas en una legislatura dificultada por la compleja aritmética parlamentaria, pero también protagonizada por choques entre las dos almas del Consejo de Ministros.

La medida estrella de ese decreto que el Gobierno quería poner en marcha en julio, pero que se ha visto obligado a retrasar a septiembre ante la negativa —por motivos muy diferentes— de Junts y Podemos a convalidarlo en su actual redacción, es la prórroga por dos años de los contratos de alquiler que venzan en 2026, 2027 y la primera mitad de 2028. Se trata de una medida que el PSOE únicamente aceptó a regañadientes en el primer decreto que el Ejecutivo aprobó hace unos meses, el cual fue tumbado a finales de mayo en el Congreso por PP, Vox y Junts.

Los socialistas han aceptado volver a incluirla en este segundo texto, puesto que los independentistas catalanes han dado señales de poder aceptarla a cambio de que se incluyan en el texto sus reivindicaciones: básicamente, exenciones fiscales a inquilinos y propietarios con hipoteca y medidas para facilitar los desahucios exprés.

Pero el decreto que ha preparado el Gobierno —y que tendrá que reescribir al menos en parte si logra un acuerdo en verano con Junts y Podemos— incluye otras medidas de calado que PSOE y Sumar prometieron aplicar durante la legislatura en el pacto de coalición que cerraron a finales de 2023, pero que aún siguen en un cajón. Las dos fundamentales son las que servirían para endurecer, respectivamente, la regulación del alquiler temporal y del arrendamiento por habitaciones, para evitar que los propietarios —especialmente en zonas tensionadas— utilicen estas figuras de manera fraudulenta para poder aplicar precios más altos a sus pisos, cambiar más fácilmente de inquilinos y tener menos obligaciones para con ellos.

Estas medidas no venían expresamente recogidas en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos, pero se han convertido en la prioridad del Ministerio de Vivienda en la última parte de la legislatura, aunque previa presión de los movimientos sociales por el derecho a la vivienda. De hecho, estos colectivos presentaron —vehiculándola a través de Sumar, Podemos, ERC, Bildu y BNG— en el Congreso una proposición de ley en julio de 2024 para equiparar los arrendamientos de vivienda habitual, a nivel de obligaciones para los propietarios y protección para los inquilinos, con los alquileres por meses y los que afectan a una sola habitación de un inmueble. Ese primer texto fue rechazado por Junts, PP y Vox, pero la polémica fue tal que se volvió a presentar tres meses después.

La tramitación de esa segunda proposición de ley impulsada por la izquierda avanzó relativamente rápido, pero se estancó el pasado noviembre, en su penúltima etapa. Desde entonces, sigue congelada, y de ahí que Vivienda haya optado por intentar aprobar la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones en el decreto. En concreto, el Gobierno pretende establecer una duración máxima de 12 meses para los contratos de temporada, que deberán firmarse con una justificación de la temporalidad del inquilino. En cuanto a los contratos de habitaciones, con el decreto estarían amparados por la ley de arrendamientos urbanos, lo que establecería una duración mínima de cinco años para los contratos y ampliaría las restricciones para los caseros, que, por ejemplo, ya no podrían aparecer en casa del inquilino sin avisar.

El Ejecutivo también aspira a incluir en el paquete de medidas otra de las promesas que hizo en su pacto de coalición al inicio de la legislatura, pero que no se han trasladado al BOE hasta ahora: la modificación de “la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionadas” para desincentivar su explotación. En concreto, el borrador del decreto que, por el momento, rechazan Junts y Podemos establece un endurecimiento en la fiscalidad de los pisos turísticos, que tendrían que comenzar a pagar un IVA del 21% —no del 10%, como los hoteles— cuando estén situados en municipios de más de 10.000 habitantes.

Asimismo, el paquete de medidas permitiría a los ayuntamientos aplicar un recargo en el IBI a los dueños de pisos turísticos situados en zonas de mercado tensionado, y se elevaría el impuesto cobrado a las socimi cuyos beneficios procedan del arrendamiento de viviendas, incluido el de tipo vacacional. Y el Gobierno pretende recuperar a través del decreto una medida que PP, Vox, Junts y el PNV le tumbaron en febrero: la moratoria antidesahucios para que no se pueda echar de sus casas a familias vulnerables sin alternativa habitacional.

Lo que no se prevé que se traslade al nuevo decreto es otra de las medidas que PSOE y Sumar prometieron poner en marcha durante la legislatura, pero que lleva siendo un punto débil en la puesta en marcha de políticas públicas en materia de vivienda desde hace años: la actualización del censo de inmuebles vacíos. Los últimos datos oficiales a nivel estatal corresponden al año 2021, y revelan que hay en torno a 3,8 viviendas sin ocupar en España. Pero falta información, por ejemplo, sobre el estado de estos inmuebles y las razones por las que se encuentran vacíos.

Lo que sí se ha hecho durante la legislatura

A diferencia de todas esas medidas, que por unos motivos u otros no se encuentran ahora mismo en vigor, el Gobierno sí ha logrado la puesta en marcha de algunas de las iniciativas en materia de vivienda que incluía el acuerdo de coalición PSOE-Sumar. El grueso de ellas se encuentran incluidas en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con una inversión de 7.000 millones de euros y cuyo reparto económico fue aprobado de manera definitiva el pasado mes de mayo. Lo pactado con las comunidades es que un 40% del dinero que les corresponda de ese montante total deben invertirlo en la construcción de viviendas protegidas, que además estarán blindadas y no se podrán desproteger pasados unos años, mientras una parte importante del dinero debería utilizarse para rehabilitación de inmuebles. Ambas medidas estaban recogidas en el acuerdo de Gobierno.

Durante la legislatura, asimismo, el Ejecutivo ha consolidado el bono joven para alquiler, una ayuda de 250 euros mensuales de la que se pueden beneficiar las personas de entre 18 y 35 años con rentas iguales o inferiores a 21.600 euros anuales. De la misma manera, se ha desarrollado una línea de avales del ICO para compra de vivienda para menores de 35 años.