Abogados y jueces arremeten contra la Ley de Eficiencia Procesal y advierten que “afectará a las condenas” en Ibiza
La reforma que prometía hacer más ágil la Justicia está teniendo el efecto contrario en los juzgados de Balears, según denuncian abogados, jueces y otros operadores jurídicos. La nueva organización judicial impulsada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia —más conocida como Ley de Eficiencia Procesal— habría añadido nuevas complejidades a un sistema que ya arrastraba una grave falta de medios.
Expedientes ya instruidos acumulan meses de espera para recibir sentencia y algunos procedimientos comienzan a señalarse para dentro de tres e incluso cuatro años. La situación se extiende a todas las islas, pero empeora en Eivissa. En parte, por la actual crisis de la vivienda, pero también desde que los hermanos Cazorla incendiaron la antigua sede de los juzgados en 2019, lo que les mereció una condena de cuatro años de cárcel.
Aquel episodio supuso una paralización, reconocida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de la Justicia en la isla, que fue reactivándose de forma progresiva en edificios provisionales donde a día de hoy aún mantienen algunos órganos judiciales —el resto está en la sede principal—. Desde entonces, el sistema judicial de Eivissa y Formentera ha operado bajo una situación de sobrecarga.
Los trabajadores de los tribunales pitiusos perciben que el atasco de asuntos, lejos de aliviarse, continúa aumentando con la nueva Ley de Eficiencia. La aplicación de la norma habría afectado especialmente a la tramitación de denuncias, ya de por sí lenta, y que se ha visto aún más ralentizada tras la reorganización del sistema judicial, según su versión. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ministerio sin recibir respuesta en el momento de la publicación.
Esta reorganización se suma al problema crónico de falta de personal en Eivissa —donde el área forense lleva años prácticamente desmantelada— y contribuye a una mayor dilación en la resolución de los procedimientos, según señala un letrado con asuntos en la isla que prefiere no identificarse. El profesional, que también trabaja en ciudades como Madrid, Valencia o Barcelona, sostiene que, pese a su tamaño, estas no presentan la misma carga de trabajo que la isla, que cuenta con 164.265 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Un beneficio para los acusados
“Para los demandantes -estos retrasos judiciales- suponen un estrés añadido al que ya se sufre durante los procedimientos. Se victimiza aún más a la víctima”, señala el abogado. En cuanto a los acusados, añade, sucede justo lo contrario: en algunos casos pueden verse incluso beneficiados por las dilaciones indebidas, es decir, los retrasos en la tramitación de los procedimientos.
De hecho, el artículo 24.2 de la Constitución española reconoce el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: “Todos tienen derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías”. “Desde enero, hay expedientes que no se tramitan y ejecutorias -el documento mediante el que se hace efectiva una sentencia firme- que se están viendo afectadas. Esto puede beneficiar a los acusados”, explica el abogado especialista en derecho administrativo y penal David Salvà.
Desde enero, hay expedientes que no se tramitan y ejecutorias -el documento mediante el que se hace efectiva una sentencia firme- que se están viendo afectadas. Esto puede beneficiar a los acusados
En el caso de las víctimas, el letrado asegura que se ve obligado a presentar escritos ante el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) para instar la agilización del procedimiento, advirtiendo incluso de posibles denuncias por dilaciones ante el CGPJ. Por ahora, añade, esto no ha afectado a las condenas, aunque “puede llegar a hacerlo”.
Con la nueva norma se preveía resolver la saturación del sistema judicial, “pero no ha sido así”, advierten desde el decanato de los juzgados de Eivissa y Formentera. La reforma contemplaba una reorganización del sistema judicial, con la eliminación de juzgados, la creación de Tribunales de Instancia con secciones y la unificación de oficinas judiciales con personal común.
Más medios: la auténtica necesidad
El número de trabajadores resolviendo asuntos es, sin embargo, “exactamente el mismo”, y la cantidad de procedimientos tampoco se ha reducido, sino que se mantiene o incluso ha aumentado, asegura a elDiario.es el juez decano de las Pitiusas, Sergio González. “Todo lo que no pase por una inversión de medios personales y materiales no sirve para nada”, asevera.
A esto se suma que la redistribución de los funcionarios en distintas secciones habría sido deficiente. En el caso de Eivissa, en Tramitación -admisión de demandas, recursos y querellas, entre otros- se ha destinado poco personal, mientras que el área de Ejecución, encargada de hacer cumplir las sentencias, se ha reforzado con una mayor dotación de medios, según el decano.
Todo lo que no pase por una inversión de medios personales y materiales no sirve para nada
La falta de efectivos en el departamento encargado de todos los trámites previos al dictamen de la sentencia habría provocado que la documentación no llegue a esta segunda fase. “Se ha creado un tapón tremendo”, describe González.
Las quejas no se limitan a los representantes de la Justicia en Eivissa, sino que se extienden al Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB) y a su homólogo en Mallorca, así como a otros operadores jurídicos del archipiélago. En diciembre de 2025, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB), Carlos Gómez, se reunió con los jueces y juezas de paz de las islas para tratar los cambios de la Ley de Eficiencia.
Los antiguos juzgados de paz se irán transformando en Oficinas de Justicia a medida que se constituyan los nuevos Tribunales de Instancia en Palma, Eivissa, Maó y Ciutadella. En total, más de mil funcionarios de todas las islas se han visto afectados por la irrupción de la nueva norma y por la reorganización derivada de su implantación durante la tercera y última fase, según publicó en su momento Diario de Mallorca.
La primera fase arrancó en enero de 2025, a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La segunda se activó en abril, cuando entraron en vigor los MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias) como requisito previo en muchos asuntos civiles, además de reformas en la legislación procesal civil, penal, social y contencioso-administrativa.
Justicia defiende la norma
Tres meses después, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguraba en la clausura de las XX Jornadas de presidentes y presidentas de Tribunales Superiores de Justicia, en Palma, que la nueva norma haría la administración de justicia “más ágil, más flexible y más cercana”.
De momento, esta nueva obligación de recurrir a los MASC ha reducido en un 20,4% el número de asuntos que han ingresado en los órdenes jurisdiccionales civil y mercantil —donde se ven desde divorcios o desahucios a cláusulas abusivas—. La legislación establece que, salvo las excepciones previstas —tutela de derechos fundamentales, filiación, concursales, medidas cautelares o casos de violencia de género, entre otras—, es obligatorio acreditar el intento de solución extrajudicial antes de interponer una demanda.
El objetivo es pasar de “una cultura del litigio a una del diálogo y del acuerdo”, según el Gobierno central. Además de reducir la carga de trabajo de los tribunales. En total, la bajada de la litigiosidad en los cuatro órdenes (incluyendo penal, social y contencioso-administrativo) es del 9,9% de abril de 2025 a abril de 2026. Son datos de las comunidades que no tienen la competencia de Justicia transferida, entre ellas Balears.
Sin embargo, a nivel nacional, los sindicatos también han denunciado cierto “caos” en la puesta en marcha de la reforma, con “problemas de coordinación y falta de información”. Fuentes sindicales consultadas en su momento por elDiario.es apuntaron, el pasado marzo, que la reasignación masiva de funcionarios había provocado que muchos desconocieran sus nuevas funciones, lo que ha derivado en suspensiones de juicios y retrasos procesales. Las mismas fuentes denunciaron el registro de incidencias técnicas y problemas con la asignación digital de expedientes antiguos, así como incompatibilidades de los sistemas operativos.
El CGPJ no encuentra “suspensiones o demoras” generalizadas
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analizó en una reunión celebrada el pasado marzo un informe, basado en otros informes remitidos por los presidentes de la Audiencia Nacional y de los distintos Tribunales Superiores de Justicia, en el que se aprecian problemas de “insuficiencia de personal”. Así como de falta de adaptación de los medios informáticos y de “dispersión” de las sedes. Por otro lado, el documento concluye que la ley de eficiencia “no ha provocado suspensiones o demoras, más allá de casos puntuales”.
La nueva estructura judicial transforma 3.900 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas. Tras el análisis, el grupo de trabajo creado para analizar el seguimiento de la reforma se reunió la semana siguiente para abordar y tratar de resolver las disfunciones detectadas.
En materia de personal, el informe afirma que en muchos territorios no han concluido los procesos para acoplar al personal a sus nuevos puestos. A esto se suma una insuficiencia general de personal, escasez de plantilla, pérdida de refuerzos, desequilibrios entre secciones y un elevado volumen de personal interino “con falta de formación” y una inestabilidad en la plantilla que se acentúa en el caso de Balears.
El acuciante problema de la vivienda
González ya advirtió al Ministerio de Justicia, antes de la entrada en vigor de la normativa, de que en las islas existía un colapso derivado de la falta de medios, que la nueva ley iba a “empeorar”. “Ahora estamos peor”, resume.
Por su parte, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears (ICAIB) denuncia que la reforma se está aplicando en un contexto ya conocido, marcado por la falta de medios materiales y un acusado déficit de personal, tanto en jueces como en funcionarios de tramitación y gestión.
“Lo que se reclama siempre son más medios para la Justicia, porque, hagamos los cambios legislativos que hagamos, completar plantillas es complicado en todo el territorio nacional”, asegura Eva Cardona, miembro de la junta. “Y en Baleares aún más, porque aunque haya funcionarios dispuestos a venir, no hay vivienda para ellos”.
Lo que se reclama siempre son más medios para la Justicia, porque, hagamos los cambios legislativos que hagamos, completar plantillas es complicado en todo el territorio nacional. Y en Baleares aún más, porque aunque haya funcionarios dispuestos a venir, no hay vivienda para ellos
La emergencia habitacional genera desde hace años un déficit estructural de personal, una elevada rotación de plantillas y una inestabilidad permanente que complica la reorganización interna exigida por el nuevo modelo judicial.
La transición —según el colegio profesional— está agravando especialmente la situación en la jurisdicción civil. Entre las consecuencias, señalan la suspensión y el aplazamiento de juicios, con señalamientos fijados ya a tres o incluso cuatro años vista, frente a los dos años de espera anteriores. También apuntan a causas ya instruidas que tardan hasta un año en recibir sentencia.
Según el Colegio de Abogados de las Illes Balears, la reforma ha generado la suspensión y el aplazamiento de juicios, con señalamientos fijados ya a tres o incluso cuatro años vista, frente a los dos años de espera anteriores
Aumento de la inseguridad jurídica
La desaparición de canales unificados para la gestión de los procedimientos dificulta, además, el seguimiento de los expedientes y conocer con precisión en qué fase se encuentra cada asunto, señala el Colegio de Abogados. Ahora, varios juzgados de distintas jurisdicciones o especialidades —penal, instrucción o primera instancia, entre otras— se integran dentro de un único Tribunal de Instancia.
El objetivo de la reforma es equilibrar las cargas de trabajo mediante una distribución más flexible de las tareas. Sin embargo, según denuncia el Colegio de Abogados, esa reorganización todavía no ha dado los resultados esperados y ha provocado un deterioro en la atención que reciben tanto los profesionales como la ciudadanía.
A ello se suman los problemas tecnológicos y las frecuentes incidencias de interoperabilidad entre sistemas informáticos, que ralentizan aún más el funcionamiento cotidiano de los órganos judiciales y aumentan la inseguridad jurídica. Un hecho que también reconoció el informe de la Comisión Permanente.
Otro de los factores que aumenta esta inseguridad jurídica, que critica el ICAIB, es la falta de criterios homogéneos sobre cómo acreditar que se ha intentado una solución extrajudicial del conflicto, requisito que la Ley de Eficiencia Procesal introduce mediante los denominados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC). Esta exigencia ha dado lugar a interpretaciones dispares entre juzgados e incluso entre partidos judiciales.
Esta disparidad, advierten los abogados, abre la puerta a que algunas demandas sean inadmitidas por defectos formales relacionados con la acreditación de ese trámite previo. “Lejos de contribuir a descongestionar los tribunales, esta medida está provocando nuevos litigios derivados precisamente de las resoluciones de inadmisión”, lamentan desde el Colegio.
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