Podemos exige al Gobierno de Canarias cumplir el objetivo del 5% del PIB para educación
Podemos Canarias ha exigido este domingo al Gobierno autonómico cumplir el objetivo de destinar el 5% del producto interior bruto (PIB) a educación, tal y como recoge la Ley Canaria de Educación no Universitaria, y reforzar la inversión pública para hacer frente a las principales carencias que, a su juicio, presenta el sistema educativo en las islas.
La portavoz de Educación de la formación, Ana Gloria Sánchez, realizó estas declaraciones durante una rueda de prensa en la que hizo balance de la gestión del Ejecutivo autonómico en materia educativa, a la que otorgó una calificación de 4. Según defendió, la educación pública “no puede sostenerse solo gracias al esfuerzo del profesorado” y aseguró que “continúa arrastrando déficits que requieren una mayor inversión”.
Entre las principales críticas, Podemos señaló la insuficiencia de plazas públicas para la escolarización de niños de 0 a 3 años y reclamó una financiación que permita ampliar la oferta educativa en esta etapa. Asimismo, denunció la falta de especialistas para atender al alumnado con necesidades educativas especiales, una situación que, a su juicio, dificulta garantizar una atención adecuada en los centros.
Podemos Canarias también puso el foco en la Formación Profesional, donde aseguró que la falta de recursos está provocando una sobrecarga para el profesorado. Además, reclamó la construcción de nuevos centros educativos en Lanzarote, Fuerteventura y el sur de Gran Canaria y Tenerife para responder al crecimiento de la demanda educativa.
El objetivo del 5% del PIB
La Ley Canaria de Educación no Universitaria establece que la inversión pública en educación debía alcanzar, como mínimo, el 5% del PIB de Canarias en un plazo de ocho años desde la entrada en vigor de la norma, un objetivo fijado para 2022. Sin embargo, el Consejo Escolar de Canarias ha advertido de forma reiterada de que ese compromiso legal sigue sin cumplirse y ha reclamado al Gobierno autonómico un incremento de la financiación educativa para ajustarse a lo previsto en la ley.
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