Entendiendo la anomalía de una emergencia nacional por incendio

En el momento de escribir estas líneas hay en el territorio peninsular español más de 60 incendios activos y más de 3.500 focos. Una oleada de incendios en este mes de julio que estremece y recuerda a la segunda quincena de agosto de 2025 que arraso la cifra excepcional y terrible de casi 400.000 hectáreas. Preocupan sobremanera los que ahora están teniendo lugar en la Comunidad de Madrid por tres razones: por resultar de la combinación de varios incendios que han arrancado en las comunidades adyacentes de Castilla la Mancha (Toledo) y Castilla y León (Ávila) y han ido entrando en contacto amplificándose y reforzándose, porque las condiciones de viento intenso y la orografía complican de forma extraordinaria el abordaje de incendio del que no pudo hacerse en las primeras 36 horas ni siquiera el paso primero que es el perimetrado, y porque afecta a zonas con mucha población. A última hora del viernes 24 de julio, los afectados superaban las 60.000 personas (llegarían a más de 80.000 durante el sábado), entre evacuados y confinados. Los medios locales fueron desbordados al poco del inicio del fuego.

Las circunstancias, que se fueron complicando a lo largo del día, provocaron que ya en las primeras horas del viernes se solicitara desde la Comunidad de Madrid la calificación de Emergencia Nacional. Nivel de alerta que fue adoptado por el Gobierno de España poco después. Un nivel que no se aplicó ni siquiera en la catastrófica DANA de Valencia de 2024 y que nunca hasta ahora se ha declarado para incendios en nuestro País.

Conviene aclarar una serie de términos similares para entender el significado y la excepcionalidad de lo que está pasando. Una emergencia nacional (o de interés nacional) puede confundirse con el estado de alarma, pero se diferencian en la norma que los regula, la autoridad que los dirige y el alcance de sus medidas. La emergencia nacional se rige por la legislación de Protección Civil, y el Ministerio del Interior asume el mando operativo, mientras que el estado de alarma es un régimen constitucional excepcional gestionado por el Consejo de Ministros para restringir derechos fundamentales. A nivel de gestión pública en España, la emergencia de interés nacional y la situación operativa o nivel 3 de alerta son exactamente lo mismo. Otro término similar es el de emergencia general, un término técnico utilizado en los planes de autoprotección internos de empresas o edificios y que por tanto difiere mucho de la emergencia grave y más amplia de la que se está hablando ahora para el caso de estos devastadores incendios.

La decisión extrema de emergencia nacional o alerta de nivel 3 por los incendios de Madrid y Ávila, algo que tan solo cuenta con el precedente del gran apagón de abril de 2025, aunque fue impulsada en un primer momento por la Comunidad de Madrid, responde a la petición de ocho gobiernos autonómicos tras verse todos ellos superados por fuegos que amenazan la vida de decenas de miles de sus ciudadanos. La situación tan insólita como urgente ha generado grandes controversias y agitadas discusiones entre las distintas fuerzas políticas. Debates bastante estériles que ocurren mientras los bomberos forestales denuncian a pie de fuego una parálisis operativa por la falta flagrante de camiones y vehículos para combatir la virulencia de los focos simultáneos. Y la falta aún más clamorosa de más efectivos y la valoración laboral y económica acorde con el riesgo que corren y la función social que cumplen, empezando por contratos estables y continuos. Algo indiscutible dada la extensión de la temporada de incendios y la necesidad de coordinación y prevención durante todo el año.

El marco legal que ampara esta intervención es la Ley 17/2015, la cual permite la declaración de interés nacional cuando las dimensiones de la catástrofe exigen una respuesta coordinada que supere los límites administrativos de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias ante este tipo de catástrofes naturales. La transición hacia esta estructura de situación operativa de nivel 3 busca mejorar la anticipación técnica y la distribución de medios aéreos y brigadas, evitando que los distintos operativos territoriales compitan entre sí por recursos logísticos esenciales.

La primera y más evidente reflexión de esta activación del nivel máximo de respuesta civil ante catástrofes naturales es que estamos ante incendios nuevos, algo que no se ciñe a España sino que es un fenómeno global. Unos incendios que no son solo grandes sino de una intensidad y virulencia inusual, algo que no puede explicarse sin la concurrencia de un clima que también es nuevo. El cambio climático está afectando a los tres ejes del triángulo del fuego: combustible, comburente y chispa o energía de activación. Son numerosos los estudios que muestran que el cambio climático está favoreciendo la acumulación de grandes cantidades de material vegetal seco, que está generando células convectivas en torno al fuego de tal tamaño que oxigenan la base de las llamas elevando su temperatura y que incrementa la ignición mediante el aumento de los relámpagos y las tormentas secas.

Por primera vez en la historia del país se ha declarado la emergencia de interés nacional debido a la voracidad de los incendios forestales. La decisión se oficializó cuando el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska aceptó la petición de auxilio formulada por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ante una situación crítica que afecta a decenas de miles de personas. El avance de cuatro focos fuera de control alimentados por vientos extremos empujó al sistema de protección civil al nivel tres de forma que el Gobierno central asume el mando único y la dirección total de la crisis. Bajo esta estructura Marlaska se erige como la máxima autoridad responsable delegando la ejecución operativa en el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para centralizar todos los recursos estatales autonómicos y municipales disponibles. Aunque esta medida no equivale legalmente a un estado de alarma ni conlleva restricciones generales de derechos otorga al Estado la potestad de coordinar evacuaciones, confinar poblaciones o cerrar infraestructuras clave con gran rapidez. El despliegue permite movilizar bomberos, aviones y equipos especializados desde cualquier punto de la geografía española e incluso solicitar el apoyo internacional mediante el mecanismo europeo de protección civil.

Mientras los efectivos de Madrid y Castilla y León trabajan subordinados a las prioridades nacionales, el foco permanece en la protección inmediata de la población y el medio natural dejando la aprobación de indemnizaciones económicas para una fase posterior a la extinción. Esta centralización absoluta del poder y los recursos se mantendrá vigente de forma excepcional hasta que el riesgo extremo remita y las comunidades autónomas recuperen la capacidad de gestionar la situación por sus propios medios ordinarios.

En las reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrado se analiza ahora el comportamiento errático del fuego condicionado por factores críticos como la velocidad y la dirección del viento, la humedad relativa, la topografía y la continuidad de la vegetación inflamable. Los técnicos advierten que el éxito de esta medida inédita dependerá de una comunicación clara a la ciudadanía y de la capacidad del nuevo mando para integrar el conocimiento técnico local sin generar vacíos de dirección en el terreno.

En la mente de todos está el deseo de que esta excepción histórica sirva para aunar esfuerzos entre distintas administraciones, aunque sean de distinto color político, y que, escuchando a la ciencia, cambiemos las prioridades y nos esforcemos realmente en prevenir los incendios y no en trabajar desesperadamente en su extinción una vez se despliegan. Recordemos que un rasgo definitorio de los nuevos incendios es, precisamente, que son inextinguibles.