El Poder Judicial concluye que la implantación de los tribunales de instancia no ha provocado retrasos generalizados

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha analizado en su reunión de este jueves un informe que concluye que la ley de eficiencia, la reforma que sustituye los antiguos juzgados unipersonales por tribunales de instancia, “no ha provocado suspensiones o demoras, más allá de casos puntuales”. El documento, no obstante, sí aprecia problemas de “insuficiencia de personal”, de falta de adaptación de los medios informáticos y de “dispersión” de las sedes, que no se han reformado para ajustarse al nuevo modelo organizativo. 

El informe, de siete páginas, resume las “dificultades, incidencias o disfunciones” producidas en la Fase III de constitución de los Tribunales de Instancia, que tuvo lugar el 31 de diciembre de 2025. Se basa, para ello, en los informes remitidos por los presidentes de la Audiencia Nacional y de los distintos Tribunales Superiores de Justicia. Tras tomar conocimiento del informe, la Permanente ha acordado que el grupo de trabajo creado para analizar el seguimiento de esta reforma se reúna la semana que viene para abordar y tratar de resolver las disfunciones detectadas, informan fuentes de órgano.

La nueva estructura judicial transforma 3.900 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas. El Ministerio defiende que eso permite “una mejor gestión de los recursos humanos, mayor agilidad procesal, más capacidad de respuesta ante aumentos de carga de trabajo y ahorro para las arcas públicas”. 

Por ejemplo, en lugar de tener que crear un nuevo juzgado con su sede y plantilla completa, bastará con incorporar nuevas plazas judiciales dentro de un Tribunal de Instancia ya existente, lo que reduce de 400.000 a 86.000 euros el coste por cada nueva plaza de juez, según datos del Ejecutivo. El Ministerio y las autonomías con la competencia transferida —la Comunidad de Madrid, entre ellas— pactaron el pasado diciembre mantener el modelo y la implantación progresiva en tres fases durante 2025 (junio, septiembre y diciembre), aunque con “cierta flexibilidad”.

No obstante, la entrada en funcionamiento del nuevo modelo de oficina judicial ha sido asimétrica. Mientras algunas comunidades han diferido su puesta en marcha aprovechando la flexibilidad acordada, en otros territorios, como Andalucía y Canarias, la implantación ha sido solo “formal”, ya que los funcionarios y los órganos siguen trabajando físicamente y organizativamente igual que antes de la reforma. 

El problema que más unanimidad suscita es la falta de adaptación de los sistemas informáticos. Según el informe, los sistemas de gestión procesal no están preparados para el nuevo modelo organizativo, con la excepción del País Vasco. Esta circunstancia provoca errores de reparto o problemas para acceder a los expedientes, incluso en causas con presos. 

En materia de personal, el informe afirma que en muchos territorios no han concluido los procesos para acoplar al personal a sus nuevos puestos. A esto se suma una insuficiencia general de personal, escasez de plantilla, pérdida de refuerzos, desequilibrios entre secciones y un elevado volumen de personal interino “con falta de formación” e inestabilidad en la plantilla. 

Por otro lado, el informe también apunta que, con carácter general, las sedes no se han reformado para ajustarse al nuevo modelo. Señala que hay problemas de dispersión de sedes, ubicaciones inadecuadas que dificultan el servicio o falta de mobiliario y escasez de equipos informáticos para el personal en determinados territorios. Además, apunta que la cartelería y señalética en muchos casos no se ha modificado, lo que hace que resulte “errónea o confusa”.