Fijeza a una interina y 52.000 euros de indemnización para otra: los juzgados empiezan a aplicar la sentencia del TJUE

Al menos dos juzgados han dictado sentencias en las últimas semanas que se hacen eco del último fallo del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre el abuso de la temporalidad en el empleo público en España. Los magistrados europeos respondieron que España no cuenta a día de hoy con medidas que resarzan este abuso sobre los interinos, por lo que estos dos juzgados han resuelto dos soluciones a cada caso estudiado. Un juzgado de Vigo reconoció una indemnización de 52.000 euros a una trabajadora por el abuso de los años en los que estuvo como interina, y otro juzgado de Madrid ha anulado el cese de una interina regional y le ha reconocido el puesto de “indefinida por sentencia”. Ambas son recurribles en instancias superiores.

La primera sentencia, del juzgado de lo Social número 3 de Vigo, difundida por Vento Abogados y adelantada por El País, reconoce la sanción reclamada por una trabajadora, ya fija de la Administración, por los años que estuvo en su puesto como interina y como “indefinida no fija”. En total, 17 años.

Con el respaldo del nuevo fallo del TJUE, la magistrada subraya “el derecho de los trabajadores a percibir una compensación por el abuso derivado del incumplimiento de los plazos máximos de permanencia, que nacerá a partir de la fecha del cese efectivo de dicha contratación temporal irregular, y que debe tener en cuenta a efectos de su cuantificación la naturaleza de las funciones desempeñadas, el número y la duración acumulada de los contratos, las ventajas económicas que el trabajador habría podido obtener de no haberse producido el abuso y el perjuicio derivado de la situación de incertidumbre en la que se ha encontrado como consecuencia de la utilización abusiva de la contratación temporal”.

En este caso, “atendiendo a la duración de la situación precariedad”, desde el año 2008 hasta 2025, la magistrada acepta la petición de 52.100 euros de indemnización.

El segundo fallo, que acuerda lo que se suele denominar coloquialmente como “fijeza” en este debate sobre el abuso de la temporalidad (y que rechaza hasta el momento el Supremo), ha sido difundido este martes por el sindicato CGT. Un tribunal de lo contencioso-administrativo de Madrid ha estimado el recurso de una técnico de prevención de riesgos laborales, funcionaria interina de la Comunidad de Madrid durante casi 20 años, que fue cesada en junio de 2024 del cargo.

La magistrada que ha analizado el caso anula su cese y reconoce su derecho a ser readmitida como “indefinida por sentencia”, sin adquirir la condición de funcionaria de carrera. La dirección letrada ha sido asumida por Beatriz González González, indica CGT, que ha celebrado el fallo.

“Para esta solución de fijeza se tiene en cuenta la edad de la recurrente X años, su sexo y la dificultad objetiva de incorporarse al mundo laboral, considerando que una indemnización no puede suplir el derecho Constitucional al trabajo”, argumenta la magistrada en el fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es.

La sentencia menciona también expresamente la resolución del TJUE del pasado 14 de abril, tras una consulta del Tribunal Supremo, que considera que los actuales mecanismos de compensación a los interinos en abuso de temporalidad no son suficientes. Es decir, ni la fórmula del indefinido no fijo, los procesos de estabilización y las indemnizaciones tasadas por cese.

Un debate aún abierto en los tribunales

No obstante, la justicia europea no estableció qué mecanismo sí cumple con la legalidad europea, algo que corresponde al Tribunal Supremo en España. El Ministerio de Función Pública apuntó tras el fallo que estaba analizando la resolución judicial.

Ante los argumentos de la justicia europea, los juristas señalan varias posibles opciones, como indemnizaciones no tasadas que resarzan verdaderamente el abuso específico a los afectados.

Hay otras voces que insisten en reclamar la “fijeza” de los interinos, como ha concluido esta reciente sentencia. Sin embargo, es una opción que ha rechazado hasta el momento el Tribunal Supremo y también el Gobierno, atendiendo a la Constitución Española y a su jurisprudencia, que exige alcanzar la condición de funcionario a través de procesos de selección que respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad.