Iberdrola, PNV y PP calientan el “viejo” debate para un posible troceo de Red Eléctrica: “Es la gallina de los huevos de oro”

¿Es necesario arrebatar a Red Eléctrica de España (REE) el monopolio del transporte de electricidad para garantizar la separación de esta función y la de operador del sistema eléctrico? El asunto lleva tiempo intentando introducirlo en el debate Iberdrola y ha cobrado brío tras el histórico apagón del 28 de abril de 2025.

Este “viejo debate”, como lo ha definido la presidenta de la patronal eléctrica Aelec, Marina Serrano, tiene como trasfondo un posible troceo de REE: separar completamente esas dos actividades y acabar con el modelo vigente en la mayoría de países europeos, reservado en España a Redeia, cotizada cuyo mayor accionista es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El asunto lo ha dejado caer en los últimos meses en el Congreso el PNV y, con menos ímpetu y más recientemente, el PP.

“¿Va a tomar la decisión de separar orgánicamente la dirección de Red Eléctrica de la del operador del sistema para que no haya conflictos de intereses, ejerciendo la potestad que tiene del 20% de control de Red Eléctrica y Redeia a través de la SEPI?”, preguntó atropelladamente hace unos días en la Comisión de Investigación del apagón el diputado del PP Juan Diego Requena al secretario de Estado de Energía, Joan Groizard.

En su réplica, la víspera de que el Gobierno anunciara 17.000 millones de inversión en la planificación de la red de alta tensión hasta 2030, Groizard no pudo completar su argumentación (el diputado popular le interrumpió enseguida), pero tuvo tiempo de señalar que “es un debate interesante” que “surge de vez en cuando”. En 2009, el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, llegó a plantear separar los operadores del sistema eléctrico y gasista (Enagás, también participado por SEPI) para integrarlos en un único ente que dependiera directamente del Gobierno (el plan no prosperó).

La idea de abandonar el modelo europeo de lo que se denomina TSO (Transmission System Operator) circula desde hace tiempo en Europa, con el despliegue de redes como uno de los grandes cuellos de botella para la electrificación que debe permitir descarbonizar la economía.

El 10 de septiembre, la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo aprobó la posición del Europarlamento sobre la revisión del Reglamento de redes transeuropeas (TEN-E), que forma parte del denominado Grid Package.

Ese órgano reclamó la apertura a la creación de un “planificador europeo independiente del propietario de la red”. No es lo que reclama Iberdrola y no sería una decisión inmediata. Pero supondría alejarse del modelo vigente hasta ahora en la UE, en el que los transportistas de las redes de alta tensión comparten la función de operador del sistema y planifican las infraestructuras en esas redes en periodos de seis años. 

La idea ya se baraja en Portugal, que acaba de comprar a Amancio Ortega su 13,6% de la homóloga lusa de REE, operador y dueño de las redes de transporte de luz y gas, cuyo primer accionista es el Estado chino.

Por su parte, Reino Unido tomó el control estatal de su operador eléctrico (ESO) en septiembre de 2024 al comprarlo a National Grid (privatizada en los años 90). Y acaba de anunciar la puesta en marcha de GB Grid, una empresa pública de distribución integrada con Great British Energy (creada en 2025) que prevé destinar miles de millones para liderar proyectos de transmisión y energías limpias.

Este es uno de los principales mercados de Iberdrola, que en España fue una de las empresas que se vio obligada a vender sus activos de transporte (líneas de alta tensión de 220 kV) a REE en el proceso paulatino de concentración de esta actividad culminado en 2007. La segunda eléctrica del planeta se ha volcado en los últimos años en el negocio de las redes, reduciendo su exposición a la puesta en marcha de nuevas renovables, en una tendencia común al sector.

En junio de 2024, su consejero delegado en España, Mario Ruiz-Tagle, ya propuso abandonar el monopolio natural de REE y abrir la red de alta tensión en España a la iniciativa privada, a través de concesiones a 30 años, para avanzar en la construcción de nuevas redes y conectar nueva industria, como los centros de datos,

Tras la guerra abierta con Redeia por el apagón del 28 de abril de 2025, Iberdrola ha insistido en esta petición, citando como modelo a Reino Unido, Estados Unidos o Brasil, donde la multinacional vasca tiene una presencia destacada.

Su primer ejecutivo, Ignacio Sánchez Galán, ha criticado abiertamente el monopolio de REE, que ha relacionado con un recorte de las inversiones en España de la multinacional. En la última conferencia de resultados con analistas, en julio, preguntado por el apagón, se dijo “convencido” de que si esas dos actividades “no hubieran estado unificadas, probablemente la situación que estamos comentando sería muy distinta”.

Ruiz-Tagle, que en junio dijo que la “razonable” idea de abrir a la competencia el negocio de REE “no es ir contra nadie”, reclamó el viernes en el Foro La Toja “redes, redes y más redes”. Aseguró que España está en un “círculo virtuoso” para aprovechar la “brutal” oportunidad de la electrificación y que “el gran desafío es la inversión en redes y generar confianza”. Preguntado por qué pide a los Gobiernos, con la posible convocatoria electoral flotando en el aire, se limitó a señalar: “Que nos dejen hacer”.

Endesa y Aelec no han sacado a colación en público esa separación de REE. La presidenta de la patronal dijo hace unos meses en el Congreso que este “viejo debate”, con “ventajas” e “inconvenientes”, es “una opción” que debe decidir el legislador.

Según fuentes del sector, ese posible conflicto de interés de Redeia está en las conversaciones de Aelec con el Gobierno. Sobre todo, con líneas de 220 kV que alimentan a grandes consumidores y el sector entiende que no son de transporte. Hasta ahora reservadas a un puñado de agentes, como grandes siderúrgicas, se van a multiplicar con el desarrollo del bombeo, los centros de datos o el hidrógeno.

“Interés general”

El PNV, que suele defender en el Parlamento las posiciones de Iberdrola, ha ido más allá que el PP. En abril, también en la Comisión del apagón, su diputada Idoia Sagastizábal pidió a la entonces presidenta de la CNMC, Cani Fernández, “evaluar si la concentración en un mismo agente” de las funciones de operador del sistema y transportista, “incluyendo la planificación de inversiones, sigue siendo el modelo más eficiente y alineado con el interés general”. 

La diputada jeltzale fue más allá en mayo, en la despedida de Fernández como presidenta de la CNMC en el Congreso. Criticó que REE “actúa como juez y parte en un negocio que además está regulado”, porque opera la red y “a su vez es el transportista, el dueño de la red de transporte, o sea, que la construye, la mantiene, opera en ella, la planifica y decide las inversiones”.

Fernández dejó claro que una posible decisión de separación “sería de ámbito legislativo”. Horas después, la Sala de Regulación de Competencia aprobó un informe que, como hizo en 2024, advertía del potencial conflicto entre las funciones de operación del sistema y transporte, por los incentivos para maximizar su base de activos regulados construyendo red.

Competencia dio por cumplidas muchas de sus recomendaciones sobre esta materia. Pero advirtió de que esa separación no es completa, porque esas dos áreas aún comparten servicios estratégicos del grupo, incluidos jurídicos, de regulación y control, y el responsable de vigilar la separación sigue sin ser un tercero independiente.

Además, la CNMC pidió que los responsables del operador del sistema no reciban acciones de Redeia como remuneración variable a largo plazo, algo a lo que finalmente accedió la compañía que preside la exministra Beatriz Corredor. Galán dijo en julio que con ese informe “el regulador ya está hablando de este conflicto entre el dueño de la red de transmisión y el operador del sistema, que son dos cosas distintas”.

España, pionera

España fue pionera en el modelo de TSO al crear hace más de 40 años REE. El esquema es similar en el mercado del gas con Enagás (5% de SEPI) como operador del sistema y dueño de la red de gasoductos y de la mayoría de regasificadoras. Pero el debate en España se ha centrado sobre todo en REE, especialmente tras el mayor apagón de la historia reciente de Europa.

Para los responsables de la Fundación Renovables, trocear REE no iría en la buena dirección. “Probablemente, se pierda toda la transparencia” sobre los permisos de acceso concedidos, advertía hace unos días su responsable de Políticas Climáticas, Ismael Morales, quien consideró “bastante negativo que todas las limitaciones de la distribución pasasen al transporte”.

En su opinión, “es normal que presionen” para participar en este negocio: “Es la gallina de los huevos de oro”, al tratarse de una actividad retribuida por el BOE que tiene “menor riesgo” que las liberalizadas.

La fundación acaba de señalar en un informe a las redes de distribución como uno de los principales cuellos de botella para electrificar y aumentar la integración de renovables en España. El documento cifra la saturación de los puntos de conexión en esta red en el 94%, lo que impide conectar nueva demanda en muchas zonas del país, cuando el factor de utilización es menos del 16%, lo que apunta a “un atasco que no es físico, sino de gestión”.

La entidad aboga por “aumentar la transparencia” y “auditar y revisar el cumplimiento de los planes de inversión anuales” de la distribución, un oligopolio con el 95% de la red de media y baja tensión en manos de cuatro empresas (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EdP). El informe sostiene que al problema de ejecución de esas inversiones se suma que hay muchos permisos de acceso concedidos a proyectos inmaduros, que bloquean capacidad que podría destinarse a nueva demanda. Y plantea actuar sobre la gobernanza de esta red, en la que ve una oportunidad de “recuperar progresivamente la propiedad pública”.