El Gobierno defiende su borrador para los centros de datos y la patronal asegura que amenaza 9.000 millones en inversiones

El Gobierno ha defendido este viernes su borrador de regulación para los centros de datos ante las “previsiones irreales” que maneja el sector, cuya patronal, SpainDC asegura que hay en juego 9.000 millones de euros en inversiones, tras el aviso de que tres empresas internacionales que estudiaban proyectos de que los frenarán si sale adelante el real decreto.

El Ejecutivo español ha planteado un borrador de Real Decreto para exigir que los centros de procesamiento de datos (CPD) respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, al menos un mínimo del 80% de su consumo energético.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica subrayan que “el interés del sector se ha concentrado en pocos territorios, con previsiones irreales: en Aragón ya se han concedido 3,6 GW de acceso a CPD, que triplicarían la demanda eléctrica de la comunidad, y en Madrid se han concedido 4,1 GW, que supondrían duplicar su consumo”.

Las mismas fuentes indican que “en otros países, como Irlanda, Países Bajos o EEUU, el crecimiento desordenado de CPD ha provocado fuertes incrementos del precio de la electricidad –en EEUU se auguran subidas del 70% hasta 2030 en grandes regiones–, tensiones por el abastecimiento de agua y un fuerte rechazo social, que está provocando moratorias a nuevas instalaciones y la pérdida del apoyo público por el coste político”.

El Proyecto de Real Decreto acaba de terminar su fase de audiencia pública, se han recibido más de 600 alegaciones, “y un número muy relevante demuestra preocupaciones ambientales y sociales”, destaca Transición Ecológica.

Spain DC presentó el jueves sus alegaciones al proyecto de Real Decreto para regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los 'data centers', desarrollado por Transición Ecológica y los ministerios de Economía, Comercio y Empresa; y Transformación Digital y Función Pública. El texto salió a consulta en agosto y su plazo de alegaciones se amplió la semana pasada.

El presidente de SpainDC, Emilio Díaz, ha instado este viernes al Gobierno a sentarse a dialogar sobre esta cuestión, puesto que el sector desconocía los planes del Ejecutivo y el real decreto incluía “cosas que eran muy graves” para la industria. “Desde el primer día solicitamos una reunión y se nos remitió a las alegaciones”, ha lamentado, al tiempo que ha avanzado que todavía no hay un encuentro agendado.

Díaz ha añadido que los proyectos de los tres inversores que han amenazado con marcharse si se aprueba el decreto representan el 15% de los 66.900 millones de euros en inversiones previstos para España hasta 2030, informa Europa Press.

Por su parte, la directora ejecutiva de la asociación, Begoña Villacís, ex vicealcaldesa de Madrid con Ciudadanos, ha afirmado: “Podemos negociar, pero lo que no es negociable es que España se convierta en el país más restrictivo de Europa”.

Asimismo, Villacís ha lamentado que España sea el mercado “menos atractivo” de Europa desde que se dio a conocer la nueva normativa en la que trabaja el Gobierno, apuntando que los afectos han sido “devastadores”. “La sensación de inseguridad jurídica que estamos provocando es inadmisible”, ha indicado.

La directora general de SpainDC ha explicado que las alegaciones presentadas “se nutren” de todo el sector, formado por más de 300 socios. “Este real decreto ha conseguido la completa unanimidad en contra de su aplicación”, ha criticado Villacís.

El ministerio recuerda que España “es un país muy atractivo” para los CPD por su ubicación geográfica, su clima y su liderazgo en energías renovables y que la Estrategia de Inteligencia Artificial, actualizada en 2024, “prevé un despliegue de CPD acorde con las previsiones del sector, con una potencia de computación acumulada de 2,5 GW para 2030, equivalentes a unos 4 GW de demanda eléctrica”.

“Sin embargo, ya se han concedido derechos de acceso y conexión a las redes eléctricas por más de 12 GW eléctricos, el triple del objetivo sectorial, y hay un número muy relevante de solicitudes”.

El Gobierno considera que los CPD “son infraestructuras indispensables en una economía moderna y cree que España, a la vista del gran interés de la industria, está en disposición de escoger los mejores CPD, los que aporten más beneficios con el menor impacto ambiental, y sin sufrir un incremento de las facturas eléctricas”.

Como recuerda Transición Ecológica, el borrador establece que “los CPD españoles consumirán un 80% de nueva energía renovable en todas sus horas de funcionamiento –mediante autoconsumo o contratos de suministro a largo plazo–, de un modo similar a lo exigido por las normas europeas para los combustibles de origen no biológico o el hidrógeno de origen renovable, o en las normativas para CPD de Irlanda, Alemania o China. Este requisito desaparecerá cuando el mix de generación supere el 90% de renovables”.

Los proyectos CPD deberán acreditar que cumplen estos requisitos para acceder a la red eléctrica, y el MITECO y Transformación Digital lo comprobarán periódicamente. En el caso de incumplir con el 80% de abastecimiento renovable, sufrirán penalizaciones crecientes en sus facturas eléctricas –en los importes que correspondan en cargos y peajes– para compensar el sobrecoste que, de otro modo, repercutirían sobre el resto de los consumidores de electricidad. Y el incumplimiento reiterado podrá acarrear la pérdida del acceso a la red.

Los proyectos de CPD que no se hayan conectado a la red tendrán un período de seis meses para acreditar su conformidad a estos requisitos o renunciar a sus derechos de acceso a la red, sin la ejecución de las correspondientes garantías.

“El Gobierno quiere un desarrollo ordenado y eficiente de los mejores CPD y evitar los problemas que un desarrollo desordenado ha producido en otros países. Y lo hace aplicando medidas pioneras que se están debatiendo en el ámbito europeo, desde una posición de liderazgo avanzado”, subraya Transición Ecológica.