Una sentencia exige al Gobierno canario ejecutar una orden de hace 14 años para derribar el delfinario ilegal de Palmitos Park

El único delfinario de Gran Canaria, ubicado en el parque zoológico y botánico Palmitos Park, en el sur de la isla, sigue en pie más de catorce años después de que el Gobierno regional ordenara su derribo por haber sido construido sin licencia municipal ni autorización territorial ambiental dentro de un espacio protegido, el Parque Natural de Pilancones. Ahora, tras un enrevesado recorrido judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acaba de dictar una sentencia que obliga a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) a ejecutar esa orden y restablecer la realidad física alterada. A la empresa explotadora del parque, Aspro Parks, ya solo le queda el Supremo para intentar salvarlo. 

Tras el gran incendio forestal que quemó más de 18.000 hectáreas en el sur de Gran Canaria en 2007, esta mercantil edificó en suelo rústico el complejo de 3.000 metros cuadrados, con tres piscinas y gradas para 1.500 personas. El delfinario fue inaugurado en mayo de 2010 sin permisos. La empresa había solicitado la autorización para construir en julio de 2007, apenas tres días antes de que se declarara el voraz fuego que devoró esa parte de la isla, pero tanto el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, el municipio donde se ubica el parque, como el Cabildo de Gran Canaria emitieron informes desfavorables. 

El 22 de marzo de 2012, casi dos años después del inicio de la explotación del delfinario, la entonces denominada Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) dictó una resolución que ordenaba devolver el terreno a su estado original. Es decir, demoler el delfinario y edificaciones anexas. Esa decisión quedaba, no obstante, en suspenso hasta que se resolviera el Proyecto de Actuación Territorial (PAT) “de pequeña dimensión y escasa trascendencia” que la empresa había solicitado el año anterior ante la Dirección General del Territorio del Gobierno canario para intentar legalizar la instalación. 

En marzo de 2013, justo un año después de la orden de derribo, el Gobierno de Canarias declaró el delfinario de “interés público” y aprobó un PAT “de gran trascendencia”. Sin embargo, esa vía de legalización acabaría siendo anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en una sentencia de 2017 que estimaba el recurso presentado por Mantenimiento del Territorio Canario (MTC), la empresa constructora que ejerce la acción pública urbanística. La Sala concluyó que la decisión era arbitraria y contraria al plan de ordenación urbanística de San Bartolomé de Tirajana. 

En junio de 2020, la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias estimó parcialmente un recurso de Aspro Parks y reconoció que las sanciones por la actuación urbanística ilegal habían prescrito, pero precisó que la orden de restablecimiento y demolición seguían vigentes. El TSJC avaló esta tesis en una sentencia de 2023. La explotadora del parque intentó trasladar el debate hasta el Supremo, pero no tuvo éxito y el fallo adquirió firmeza.  

Después de todos estos vericuetos, en noviembre de 2024 la empresa que ejerce la acción pública urbanística, representada por el abogado Pablo López, pide formalmente a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural la ejecución de la orden de derribo. La administración no responde y MTC decide llevar esa inactividad a los tribunales. El juzgado de primera instancia ya le dio la razón en diciembre, ordenando a esa agencia del Gobierno regional a ejecutar “en sus estrictos términos” la orden de 2012. Y ahora el TSJC lo ratifica. 

El argumento de Aspro Parks 

Para intentar mantener el delfinario, Aspro Parks sostenía que esa orden de demolición de 2012 seguía suspendida porque no había ninguna actuación administrativa que la hubiera levantado. Además, la empresa intentó escudarse en que más de una década después había iniciado los trámites para legalizar la instalación a través de un nuevo plan especial. 

En la reciente sentencia, dictada el pasado 24 de septiembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, con el magistrado Óscar Bosch como ponente, rechaza los argumentos de Aspro Parks. El alto tribunal canario recuerda que la suspensión de la orden de derribo estaba ligada a un instrumento concreto, el Proyecto de Actuación Territorial, y que, en consecuencia, al haberse anulado este por sentencia firme había desaparecido la causa que sostenía esa paralización. 

Por otra parte, el TSJC comparte con la acción pública urbanística que mantener esa suspensión solo porque la empresa esté tramitando ahora un plan especial de ordenación sería “un despropósito jurídico”, puesto que permitiría dejar sin aplicar medidas contra una vulneración de la legalidad mientras se tramitan otros instrumentos para legalizar las obras. 

La Sala exige al Gobierno de Canarias la ejecución de una resolución firme de restablecimiento. El TSJC también rechaza que la empresa MTC haya abusado del ejercicio de la acción pública urbanística. La reciente sentencia considera que esta actuación protege un interés general, el cumplimiento efectivo de la legalidad urbanística, y que su legitimación dura hasta que se ejecute en su totalidad el fallo y, en consecuencia, la orden de derribo. Además impone a la promotora del parque el pago de 2.000 euros en costas procesales. 

Aspro Parks pidió una aclaración y complemento de sentencia, pero el tribunal denegó esta petición. En un auto dictado el pasado 4 de noviembre, el TSJC reprocha a la empresa que haya formulado un escrito “innecesariamente extenso” para “alterar el sentido del fallo” y se limita a corregir cinco errores materiales de la resolución judicial. 

A la promotora de Palmitos Park tan solo le queda, por tanto, la vía del Supremo, siempre que logre justificar que existe un interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Las partes tienen treinta días (a contar desde la notificación del auto de aclaración y complemento) para preparar un recurso de casación.

Desde la Consejería de Política Territorial, de la que ahora depende la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, señalan que la orden de 2012 ha derivado “en numerosos procedimientos judiciales en respuesta a diferrentes recursos, lo que hasta el momento ha impedido su ejecución”.

Fuentes oficiales de este departamento señalan que esta última sentencia, recibida por la agencia “ha escasos días” aún se puede recurrir ante el Supremo, por lo que “es necesario esperar a que, en su caso, adquiera firmeza para proceder”.

Este periódico ha intentado recabar la versión de Aspro Parks a través de las vías habituales de contacto, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta.