La Junta Electoral tumba una denuncia de CC contra el PSOE por sus críticas al ‘basurazo’ de Santa Cruz de Tenerife
La Junta Electoral de Zona de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado una denuncia de Coalición Canaria contra el PSOE por la campaña de los socialistas contra la subida de la tasa de basuras en la capital tinerfeña, el llamado basurazo. En un acuerdo notificado este jueves, 12 de noviembre, en la víspera del arranque de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, el órgano de control electoral no admite ninguna de las peticiones del partido denunciante: rechaza ordenar la retirada de las publicaciones denunciadas, descarta cualquier apercibimiento a los socialistas, no abre expediente sancionador y archiva las actuaciones.
En un escrito firmado por la representante de CC ante la Junta Electoral, Pilar Rodríguez Machín, cargo de confianza en el Ayuntamiento de Santa Cruz, se sostenía que el PSOE había vulnerado el deber de neutralidad institucional y hecho campaña anticipada al presentar, en la sala de prensa municipal, una web para que los vecinos reclamaran la devolución de la tasa. Pedía además que se trasladara el asunto a la vía penal por unas supuestas calumnias contra el alcalde, José Manuel Bermúdez, al que los socialistas atribuían en sus mensajes “quedarse con tu dinero”.
La Junta no aprecia nada de eso. Su acuerdo subraya que las manifestaciones denunciadas las hicieron miembros del grupo municipal socialista, en la oposición, “en el ejercicio de su actividad ordinaria de crítica y fiscalización de la actuación del Gobierno municipal”. Y añade que usar la sala de prensa del Ayuntamiento “no determina, por sí sola”, que la comparecencia sea institucional, ya que esas dependencias están habitualmente a disposición de todos los grupos.
La Junta Electoral concluye que no hubo vulneración del artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que prohíbe a los poderes públicos hacer campaña de logros durante el periodo electoral, y recuerda que esa norma busca impedir el uso partidista de los recursos públicos “sin que ello suponga restringir la legítima actividad política de los grupos municipales de la oposición”.
Tampoco aprecia campaña anticipada: las publicaciones se refieren a “una controversia política y jurídica” sobre una ordenanza fiscal municipal, sin petición expresa de voto ni contratación de espacios publicitarios. En cuanto a las expresiones sobre el alcalde y el dinero cobrado a los vecinos, la Junta señala que deben valorarse en el contexto de esa controversia, que no le corresponde pronunciarse sobre si son injuriosas o calumniosas y que no hay elementos para remitir el caso a los juzgados.
Una sentencia celebrada antes de existir
La resolución da la razón a un PSOE que, en su escrito de alegaciones, firmado el 10 de noviembre por su representante ante la Junta, Tomás Morales López, había desmontado la denuncia con argumentos jurídicos, pero también con abundantes dosis de sarcasmo, y que se había ensañado especialmente con los errores de fechas del texto de Coalición Canaria.
El más llamativo afecta al núcleo de la denuncia. En su relato de hechos, CC acusa al PSOE de presentar “como un logro” en la rueda de prensa del martes 6 de octubre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anuló la modificación de la ordenanza. Pero unas líneas antes, la propia denuncia fecha esa sentencia el 15 de octubre.
El PSOE lo convirtió en el epígrafe de su primera alegación: “Una denuncia con dotes adivinatorias: la sentencia que se presentó tres semanas antes de existir”. “La denuncia atribuye así al PSOE una proeza notable: celebrar como un logro, el día 6, una sentencia del día 15”, ironiza el escrito, que añade: “Esta parte ignora qué capacidades premonitorias se le presumen, pero sí sabe que la LOREG no las sanciona”.
Según la documentación de LexNET aportada por los socialistas, la realidad es aún más desfavorable para CC: aunque el magistrado ponente firmó la sentencia el 15 de octubre, los otros dos magistrados de la Sala no lo hicieron hasta el 27, y la resolución se notificó a los concejales recurrentes el 28. Lo que se presentó el 6 de octubre, explica el PSOE, fue solo una web para reclamar contra una tasa que el grupo llevaba meses combatiendo. A juicio de los socialistas, la denuncia mezcló las imágenes de aquella rueda de prensa con capturas de noticias sobre la sentencia que no pueden ser anteriores al 27 de octubre. “El montaje, con todo respeto, no es muy elaborado”, zanja el texto.
No es el único desliz cronológico. El PSOE afea a CC un calendario “elástico” que adelanta ocho días la campaña electoral: la denuncia sostiene que la campaña empieza “el día 30 posterior a la convocatoria”, cuando el artículo 51.2 de la LOREG fija el trigésimo octavo. El error resulta más llamativo porque el mismo escrito cita, en otro punto, el real decreto de convocatoria, que establece con claridad que la campaña comienza el 13 de noviembre.
La denuncia confunde además la aprobación provisional de la ordenanza por el pleno corporativo (9 de octubre de 2025) con la definitiva (19 de diciembre de 2025), y la fecha del escrito de demanda (13 de marzo de 2026) con la de interposición del recurso. “Una denuncia que pide sanciones debería, al menos, acertar con las fechas”, resume el PSOE. El texto de CC, por cierto, se refiere en dos ocasiones al “Partido Sociales”.
Las fechas también obstaculizan la petición de agravar las penas por calumnias cometidas en campaña: los hechos denunciados son anteriores al 3 de noviembre, fecha de la denuncia, y la campaña no empezaba hasta el 13. “Ni con el calendario elástico de la denunciante encajan las fechas”, remacha.
La “ministra delegada para la basura” y “la bigamia del soltero”
El tono irónico recorre todo el escrito socialista. Ante el argumento de CC de que el PSOE es “el partido del Gobierno del país”, las alegaciones replican que eso no convierte a la portavoz socialista, Patricia Hernández, “en una suerte de ministra delegada para la basura de Santa Cruz”, y califican la mezcla de partido, grupo municipal y Gobierno de España de “totum revolutum digno de la Antología del disparate”. Si se aplicara esa lógica, añaden, “el primer amordazado sería el propio denunciante”, ya que CC preside el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento capitalino.
Al fundamento de la denuncia que alude a la prohibición de contratar publicidad sin aportar ningún hecho de contratación, el PSOE lo describe como “un fundamento de Derecho a la caza y captura de un hecho”. Y sobre la acusación genérica contra “sus cargos públicos (concejales, diputados, etcétera”, sentencia: “Ese etcétera resume bien el rigor del escrito”, porque “ningún procedimiento sancionador puede incoarse contra un etcétera”.
Los socialistas también ironizan con que calificar de propaganda para el Congreso y el Senado unos mensajes sobre la basura de Santa Cruz que no mencionan ninguna de las dos cámaras es “una lectura muy creativa de la LOREG”, y recuerdan que “la oposición municipal no hiberna cuando se disuelven las Cortes”. Frente a la acusación de calumnias, señalan que el propio alcalde había acusado públicamente al PSOE de “engañar” a los vecinos: “Por lo visto, en el debate político el adversario engaña, pero si se le contesta, calumnia”.
El escrito cierra con una comparación de manual: imputar a la oposición municipal una infracción que solo puede cometer un poder público “tiene la misma solidez que acusar de bigamia a un soltero”.
El origen del conflicto es la sentencia 1382/2026 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, que estimó el recurso de los concejales socialistas Patricia Hernández, Mónica Brito, Alana Chinea y Andrés Martín, declaró nula de pleno derecho la modificación de la ordenanza de la tasa de residuos y condenó en costas al Ayuntamiento. La Sala concluyó que la norma vulneraba el artículo 20.6 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
No hay constancia aún de que José Manuel Bermúdez haya interpuesto una querella por calumnias contra Patricia Hernández o cualquier otro concejal o concejala socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Contra este acuerdo de la Junta Electoral de Zona cabe recurso ante la Junta Electoral Provincial en un plazo de 24 horas.
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