Luz verde a las obras para el campus del centros de datos de Blackstone en Calatorao, uno de los mayores en España

El campus de centros de datos que Blackstone proyecta en Calatorao, a 50 kilómetros de Zaragoza, ya puede empezar a transformar 223 hectáreas junto a la autovía A-2. El Consejo de Gobierno aprobó el lunes, de forma definitiva pero parcial, el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) del Proyecto Rhodes, promovido por Calanza Inmuebles SL, sociedad controlada por el fondo de inversión estadounidense. El acuerdo, publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), da luz verde a la urbanización del sector, la subestación eléctrica, las líneas de alta y media tensión y las redes de agua y drenaje. Lo que continúa en trámites es la actividad que justifica todo lo anterior: los ocho edificios de centros de datos, cuya evaluación de impacto ambiental y autorización ambiental integrada continúan en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga).

La noticia llega apenas unos días después de que se conociese que la exdirectora de Inversiones Estratégicas del Gobierno de Azcón, una de las personas que facilitó precisamente la llegada de Blackstone a Calatorao, haya fichado por QTS Data Centers, la firma de Blackstone que gestiona el centro de datos de la localidad zaragozana.

Con 650 megavatios de capacidad eléctrica prevista en su primera fase, según la documentación del propio expediente, Rhodes es la mayor granja de servidores proyectada en Aragón y se sitúa entre las principales a nivel nacional. La aprobación ahora publicada incluye toda la documentación urbanística: normas, plan de etapas, estudio económico y el proyecto de reparcelación. También el proyecto de urbanización y los cuatro proyectos de conexiones exteriores. Entre ellos figuran una subestación, la línea de 220 kV desde la subestación de Red Eléctrica en Calatorao y la de 15 kV desde La Almunia de Doña Godina.

El acuerdo reconoce a todos esos proyectos la condición de “directamente ejecutables sin necesidad de título habilitante de naturaleza urbanística”, al tratarse de un PIGA. Las normas del plan permiten además simultanear la urbanización y la edificación. El propio texto admite que la aprobación total del plan no es posible mientras el Inaga no resuelva la autorización ambiental integrada del centro de datos. Sin embargo, considera que “nada impide” aprobar antes los proyectos “autónomos e independientes” que ya cuentan con informe ambiental.

Las obras siguen sujetas a autorizaciones sectoriales. Las líneas eléctricas necesitan autorización administrativa previa y de construcción. La modificación del enlace de la salida 284 de la A-2 requiere el visto bueno del Ministerio de Transportes, que ha condicionado cualquier licencia de actividad a que esa actuación esté ejecutada. La subestación, en cambio, no está sometida a autorización: basta con comunicarla e inscribirla en el registro del Servicio Provincial.

Más potencia que todo el sector en España

La aprobación inicial del plan, publicada en el BOA el 25 de agosto de 2025, fijó la capacidad de la subestación Rhodes en hasta 650 MW, una cifra de potencia eléctrica que incluye la refrigeración. Aun descontando ese consumo con los parámetros de eficiencia más exigentes del borrador de real decreto estatal, la potencia informática del campus se movería entre los 500 y los 565 MW. Esa cifra supera, por sí sola, toda la potencia informática instalada en los centros de datos comerciales de España a finales de 2025, que según la patronal SpainDC ascendía a 439 MW. Entre los proyectos anunciados en España, solo el campus que Merlin Properties proyecta en Navalmoral de la Mata (Cáceres) anuncia una capacidad mayor, de hasta 1,4 GW en su cartera corporativa, aunque la fase que tramita actualmente es muy inferior.

A plena carga y de forma continua, 650 MW equivalen a unos 5,7 teravatios hora al año. Ecologistas en Acción calcula en sus alegaciones que supondría un consumo potencial del 58% de la electricidad que consume todo Aragón.

El plan ordena una parcela de 127,5 hectáreas para centros de datos, con 790.000 metros cuadrados edificables, y otra de 17,4 hectáreas para uso logístico. Los edificios podrán alcanzar 25 metros de altura, más seis de cumbrera, y las instalaciones hasta 40 metros.

El INAGA resolvió en julio no someter el plan a evaluación ambiental estratégica ordinaria. Tampoco sometió a evaluación de impacto ordinaria la urbanización ni las conexiones eléctricas. Solo los edificios de centros de datos pasarán por la vía ordinaria. El argumento es que el sector SUI-4 ya estaba clasificado como industrial desde el Plan Parcial de 2010, pensado para pequeñas y medianas empresas.

Ni cesión del 10% ni canon

Blackstone no tendrá que ceder el 10% del aprovechamiento urbanístico ni pagar el canon que la ley de ordenación del territorio prevé para los planes de interés general. El Gobierno lo justifica en que el plan reduce la edificabilidad del sector de 1,1 millones a 901.400 m², casi un 19% menos, sin generar plusvalías nuevas. Además, el 10% del plan anterior, 110.915,6 m² edificables, ya se cedió al Ayuntamiento de Calatorao en su día.

El convenio con el Ayuntamiento, todavía un borrador con los campos en blanco, establece que de su contenido no se deriva “ningún compromiso financiero” para el Gobierno ni para el municipio. La empresa asume la urbanización, su mantenimiento durante al menos diez años, una nave municipal de unos 2.500 m² y cámaras de seguridad. La mejora de la red de agua de Calatorao, que incluye captación, depósito y ampliación de la potabilizadora, queda remitida a otro convenio que no se publica. Según ha explicado esta semana el alcalde, el socialista David Felipe, a 'Heraldo de Aragón' la promotora se ha comprometido a costear la construcción de una balsa de almacenamiento de agua con capacidad de 100.000 metros cúbicos y también la potabilizadora.

Cuando el Gobierno de Aragón declaró Rhodes inversión de interés autonómico, en octubre de 2024, el ámbito incluía suelo no urbanizable colindante donde se proyectaban placas solares. El proyecto contemplaba “instalaciones de producción de energía fotovoltaica para su consumo”. En junio de 2025 el promotor pidió excluir parcelas rústicas colindantes por haberse “revelado innecesarias”. El plan aprobado ahora no reserva ya ninguna superficie a ese fin.

La declaración de 2024 cifraba la inversión en hasta 7.500 millones de euros. La documentación de la aprobación inicial, en 2025, la elevó a 11.805 millones. El acuerdo de esta semana indica que las cifras económicas se han vuelto a actualizar, aunque no aparecen detalles.

En empleo, la empresa hablaba de “hasta 1.400” puestos directos anuales, de los que unos 1.200 corresponden a la construcción y unos 200, a la explotación. Sobre el agua, el promotor aseguraba que el campus solo necesitaría “una fracción” del consumo previsto en el plan de 2010.

En cuanto al modelo de negocio, la viabilidad del proyecto depende de la aprobación del plan y de “la firma de contratos de arrendamiento con los inquilinos/usuarios finales”. QTS, filial de Blackstone, será la gestora del campus. Las normas aprobadas permiten dividir la parcela en fincas registrales independientes sin licencia municipal.