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Pobres propietarios, maldita Maricarmen

Imagen del pasado miércoles, día 23, cuando decenas de personas se concentraron en la calle del Alcalde Sainz de Baranda, en el madrileño distrito de Retiro, cerca del domicilio del que fue desahuciada Maricarmen, una anciana de 87 años. EFE/ Fernando Villar
30 de septiembre de 2026 22:21 h

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Urbagestión pasará a los anales de la historia (momentánea) como el peor enemigo de su propia especie, actuando como agente doble involuntario para fondos y multicaseros, provocando que salgan adelante medidas que estaban dadas por muertas hace unos meses. Es el más torpe del club de los disponedores de capital, esos que han visto en la España desregulada una gran oportunidad de negocio. Esos propietarios (son una categoría variopinta) que han logrado tener todas las sartenes, los mangos y la batería de cocina completa. Tan incentivado y loco está el mercado que ha cambiado el sistema del bienestar personal y social, ante la inacción de todas las administraciones desde hace lustros. Ahora, para proteger a los inquilinos y ciudadanos, toca cambiar las reglas de golpe y rascar dinero de las arcas públicas: ganancias privadas, receta de ayuda e incentivos públicos.

El golpe normativo de esta semana ha sido tan fuerte e inesperado para quienes están obteniendo plácidos beneficios (saquemos de la ecuación a ese legendario jubilado que completa su pensión con su piso de la playa de toda la vida), que hay una ola de indignación y resentimiento. Estaban dispuestos a obtener rentabilidades enormes como en la bolsa, pero sin que nadie les molestara, sin que nadie velara por los inquilinos, sin los riesgos de la bolsa.

La maquinaria se ha puesto en marcha, con la siempre notable colaboración de medios y estómagos agradecidos dispuestos a defender a quienes menos lo necesita. Ahora, Maricarmen es una vecina que no saludaba en el ascensor, “protestona” según su anterior casero, una jeta. La culpable de que dos decretos de vivienda –con sus imperfecciones o tardanzas– hayan osado intentar poner la brida a este caballo desbocado, que no se frena ni por mucho que suba el Salario Mínimo Interprofesional, ni reduciendo los metros de las casas, ni compartiendo varias familias, ni quitando el salón común. Llevamos dos décadas adaptando los hábitos y las vidas a la espiral salvaje del mercado de la vivienda, en lugar de hacerlo al revés. Pero, además de los decretos de protección, este país tiene orfandad de oferta de casas y eso también hay que resolverlo.

No solo Maricarmen es una jeta por pagar por su piso una cantidad ajustada a su jubilación –se recomienda un paseo por Viena, donde es normal–. También quienes pidan justicia inmobiliaria son unos jetas, sobre todo si son personas desahogadas o tienen pisos, como la cantante Ana Belén. Redes y panfletos empiezan a sacar de los armarios de la propiedad a rojos y progres si osan ponerse de parte del débil de la balanza, el inquilino, a quien se trata ya como presunto okupa. No es un demérito o una incoherencia ser progresista y privilegiado, al contrario: pudiendo votar y actuar para que les quiten impuestos y regulaciones, piden que se tomen medidas correctoras y justas con los desfavorecidos, aunque esas medidas sean perjudiciales para sus intereses personales.

Dentro de la derecha, el PP se ha vuelto a quedar solo en este argumentario banal que apunta al movimiento en vez de atreverse a regular un mercado roto, después de que PNV y Junts se hayan prestado a hacer algo. Feijóo va más allá y plantea que, para que sea legítima la protesta debe manifestarse también por el desahucio de Olga en Barcelona (donde gobierna el PSOE) y por todos. Es decir, como no es posible mantener la indignación por todo, todo el rato, en todos los sitios de España, no hay motivo para indignarse y no hay que movilizarse por nada. Debe de ser el estadio idílico del líder del PP: gobernar sin molestar a los privilegiados sin que los ciudadanos molesten hasta los cuatro años siguientes, aunque tengan que vivir con sus padres hasta los 40 o compartiendo piso.

La calle ha puesto el arrojo que le ha faltado a los diferentes gobiernos desde hace décadas, con especial mención a la displicencia del PP en el tema de la vivienda. El gobierno central ha leído que hay que hacer algo y ha improvisado unas medidas que no pueden ser el fin, sino el parche momentáneo. Las comunidades del PP callan o, lo que es peor, hablan en nombre de empresas como Urbagestión (como ha hecho el alcalde de Madrid), dejando claro qué harán si van ganando espacio político. Defenderán a esa nueva categoría que están alimentando en su imaginación: el pobre propietario, como eslabón débil de la cadena del alquiler. Ese propietario idílico, que obviamente no es un demonio per se y que puede ser de muchos tipos: especulador, inhumano, coherente, honesto, cruel o razonable, dueño de dos pisos o de 50, buitre o paloma. Llegados a este punto de desmadre, son los que tienen que dejar de ganar tanto –que no es lo mismo que perder– para que otros puedan dejar de pagar tanto. O, simplemente, puedan pagar para tener una vida propia.

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