El fiscal de la querella por agresión sexual contra Julio Iglesias defiende que la Audiencia Nacional es competente para investigar

Vicente González Mota, el fiscal al que le ha correspondido por reparto pronunciarse sobre la querella por agresión sexual presentada contra el cantante Julio Iglesias por dos extrabajadoras, contradice el criterio previo de la Fiscalía y defiende que la Audiencia Nacional sí es competente para analizar esos hechos, según ha publicado OkDiario y confirman fuentes jurídicas a elDiario.es. No obstante, su escrito todavía no ha sido enviado al magistrado al que le ha correspondido el caso, Antonio Piña. 

Antes de ser trasladado a la causa, el informe debe ser visado por un superior. Los superiores de González Mota son el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y la teniente fiscal, Marta Durántez, pero ambos se han abstenido. Durántez fue la fiscal que el pasado enero archivó una primera denuncia al considerar que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para examinar el caso dado que los hechos ocurrieron en el extranjero y no se dan los “vínculos” territoriales ni personales que exige la ley para que la Justicia española pueda intervenir. 

La decisión de apartarse se debe a que ambos fueron denunciados por la defensa del cantante por la decisión de no facilitarle esa primera denuncia. Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional falló contra la Fiscalía y obligó al Ministerio Público a entregarle las diligencias preprocesales que llevó a cabo, así como la denuncia de las dos mujeres, convenientemente anonimizada para evitar su identificación.

Las fuentes consultadas por elDiario.es afirman que la encargada de visar el informe del fiscal que considera que los tribunales españoles sí son competentes para analizar estos hechos es Beatriz Sánchez Álvarez, fiscal de Sala Coordinadora de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía General del Estado. 

El criterio de González Mota se aparta, por tanto, del fijado por sus superiores hace unos meses. Tras otorgarles la condición de testigos protegidos y tomarles declaración, la fiscal Durántez concluyó que las extrabajadoras no son españolas, “ni viajaron con el denunciado en algún momento a España”, por lo que no hay “vínculo personal o territorial con nuestro país”. Respecto al artista, afirma que “ni reside en España, ni mantiene en este país su centro de vida, intereses, actividad” a pesar de que tenga aquí propiedades inmobiliarias.