Un menor tutelado casi dos años en Ceuta denuncia en los juzgados su expulsión ilegal por “militares y Guardia Civil”

Tenía 16 años, una autorización de residencia y trabajo en regla, y llevaba casi dos años viviendo bajo la tutela oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Ahmed (nombre ficticio) cuenta que estaba en el puerto de la ciudad, cuando varios militares lo “retuvieron y le agredieron” (pese a que carecen de autoridad legal para ello). Él, dice, comenzó a explicarles en castellano que era menor y que vivía en un centro ceutí desde diciembre de 2024. Nada de eso impidió que, de madrugada, el adolescente fuera entregado por las Fuerzas Armadas a la Guardia Civil, que lo expulsó sin expediente, sin abogado y sin la intervención de la Fiscalía ni de sus tutores, como exige la ley, según recoge el recurso contencioso-administrativo registrado por Fundación Raíces ante el Tribunal de Instancia de Ceuta contra la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma, adelantado por la Cadena Ser y al que ha accedido elDiario.es.

Según expone la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el chico fue retenido en un primer momento por miembros de las Fuerzas Armadas en el puerto de Ceuta para ser posteriormente “conducido por la Guardia Civil hasta el puesto fronterizo”, desde donde se ejecutó su expulsión sin expediente a Marruecos. “Durante todo el proceso se omitieron las garantías legales más básicas: no se incoó expediente ni se dictó resolución administrativa alguna, se privó al menor de asistencia letrada y no se notificó ni al Ministerio Fiscal ni al Área de Protección de Menores de Ceuta, entidad que ostenta su tutela legal”, sostiene la organización. Este medio ha tenido acceso a la documentación que acredita que el chaval retornado era menor, estaba acogido como tal por la Ciudad Autónoma. Esa madrugada, elDiario.es presenció en la frontera varias expulsiones realizadas por la Guardia Civil a través del mismo punto de la valla que Ahmed describe.

Desde la entrada masiva del 30 de julio, varios menores han denunciado a haber sido expulsados sin procedimiento desde Ceuta, tal y como publicó el 11 de septiembre elDiario.es, que documentó tres casos de adolescentes que habían sido retornados al país vecino. En ese momento, Interior aseguró que solo se producían “retornos voluntarios” y que la Guardia Civil no ejecutaba este tipo de retornos forzosos, sea de adultos o menores, algo que nuestra información desmentía. Pese a conocer los hechos trasladados por este medio, Interior finalmente no abrió ninguna investigación al respecto. Este es el primer caso judicializado en el que, además, se da la cirscuntancia de que ya estaba tutelado desde hace casi dos años, lo que evidencia la falta de garantías e identificación en este tipo de operativos de retorno.

Ahmed había entrado en Ceuta en diciembre de 2024, con 14 años, sin la protección de un adulto por lo que fue identificado como menor extranjero no acompañado y protegido por el Área de Protección de Menores de la Ciudad de Ceuta. Desde entonces, el adolescente fue tutelado por esta Entidad Pública, según recoge el recurso judicial.

El menor relata que en la madrugada del día 10 al día 11 de septiembre de 2026, sobre la una de la madrugada, se encontraba en la zona del puerto de Ceuta junto con otros tres chicos. En Ese momento, Ahmed cuenta que perdió de vista a dos de ellos por lo que fueron en su busca, cuando los encontraron “sentados en el suelo junto con una tercera persona adulta, retenidos por un grupo de alrededor de siete agentes de las Fuerzas Armadas españolas”. Las Fuerzas Armadas no tienen funciones policiales, por lo que no pueden detener ni identificar a ciudadanos, pese a las constantes denuncias de migrantes -muchos menores- que aseguran haber sido agredidos, retenidos e incluso trasladados a otros lugares.

En el recurso, Ahmed relata que, a su llegada, los militares “les obligaron a sentarse igualmente en el suelo y les pidieron que se identificaran”. El menor cuenta que “habló en castellano con los militares” y que “les dijo que no tenía su documentación ni su teléfono consigo porque es un menor tutelado en la Ciudad Autónoma de Ceuta y todas sus pertenencias están en el centro de menores Aljarfe”.

Los militares le hicieron algunas preguntas para confirmar esta circunstancia, según el testimonio del menor. Por ejemplo, añade, “si sabía cómo se llama la directora de su centro”, a lo que asegura que respondió con el nombre de la directora. También le preguntaron “si un barrio cuyo nombre desconoce se encontraba a la derecha o a la izquierda del lugar donde estaban retenidos”, a lo que el menor reconoce que no supo contestar. “En ese momento, como consecuencia de los nervios y de la tensión, elevó la voz y se levantó. Ante ello, uno de los militares le ordenó que se sentara y agachase la cabeza con la mirada al suelo, golpeándole con una patada al lado de sus pies para forzarle. Asimismo, recibió un golpe seco en la nuca, aunque no vio si fue el mismo agente u otro”, recoge la denuncia.

Ahmed llevaba una riñonera de color rosa que los agentes inspeccionaron, “pero al no encontrar nada sobre su identificación, la arrojaron al suelo, quedándose en el lugar”, añade el texto presentado ante el Juzgado. Según la Fundación Raíces, “hasta donde supo el menor no se realizó en ese momento ninguna gestión de averiguación o comprobación con la Administración para identificar al menor y comprobar su relato”.

Primero, un vehículo de la Guardia Civil se llevó al señor mayor y a dos de los chicos que estaban retenidos por los militares en primer lugar. Posteriormente, una media hora después, llegó una segunda patrulla del Institito Armado de la Guardia Civil para recoger a Ahmed y a otro chico a la frontera del Tarajal, todo según la denuncia. Ya en el paso, el vehículo entró por la zona donde se suelen realizar las devoluciones sin procedimiento, en el área de seguridad que colinda entre el puesto habilitado y el mar.

Cuando Ahmed se dio cuenta de que los agentes se dirigían a espulsarle a Marruecos, tras casi dos años viviendo en Ceuta, “entró en estado de pánico y comenzó a llorar reiterando una vez más que estaba tutelado por la Ciudad y que no podían expulsarle”. Los guardias civiles, recoge la denuncia, “no hicieron ninguna gestión realizaron los agentes para comprobar que el menor se encontraba bajo la protección de la administración ceutí desde hace más de un año y medio”.

Ante la oposición del menor y el ataque de pánico, uno de los agentes le agarró del brazo, le bajó del coche y le llevó a la fuerza hasta el punto de entrega donde se encontraban las autoridades marroquíes. En este punto, mientras entregaban a Ahmed a los gendarmes del país vecino, uno de los agentes de la Guardia Civil sacó de su bolsillo unos 'grilletes de lazo' y se los dio a un militar alauí, explica la denuncia. “Los soldados marroquíes le colocaron los grilletes delante de los Guardias Civiles, pero ya en territorio marroquí”, añade. La Fundación Raíces pide al Juzgado que se entreguen las grabaciones de cámaras de vigilancia en la frontera española que linda con Marruecos para probar dichos hechos.

Esa misma madrugada, elDiario.es documentó varias devoluciones realizadas en la frontera del Tarajal realizadas tal y como Ahmed describe: vehículos de la Guardia Civil -furgones y coches- se introducían en la playa de la zona de seguridad de la frontera y, colocados en paralelo a la puerta, retornaron a varias personas, tal y como este medio publicó entonces. También vio a varias personas que, ya en el lado marroquí, iban engrilletadas.

Vulneración de derechos y “vía de hecho”

Desde la Fundación Raíces señalan que la Administración actuó con una “inobservancia total” del procedimiento de repatriación previsto en la Ley de Extranjería y en su Reglamento. En la actuación tampoco se evaluó el interés superior del menor ni se tomó en consideración su testimonio antes de entregarlo al país vecino sin verificar su destino ni garantizar su seguridad.

El recurso argumenta que la intervención vulnera de forma flagrante derechos constitucionales como la integridad física y moral (artículo 15 CE), la libertad deambulatoria (artículo 17 CE) —al haber sufrido una detención ilegal arbitraria— y la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE), además de contravención expresa de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU y de la doctrina fijada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Frente a la posibilidad de que la Administración argumente que la retención inicial se debió a un error de los militares desplegados, la entidad recalca que la responsabilidad recae igualmente sobre la Guardia Civil. Al ser el cuerpo que lo trasladó e hizo efectiva la devolución en la frontera, sus agentes tenían la obligación de comprobar la identidad del joven, verificar que contaba con documentación en vigor y frenar de inmediato su expulsión.

Peticiones urgentes a la Justicia

A través de este recurso por la vía de derechos fundamentales, la Fundación Raíces solicita al juzgado que declare la nulidad radical de la actuación administrativa y reconozca la vulneración de las libertades del joven.

Asimismo, la organización pide que se condene a la Administración a adoptar de forma inmediata todas las medidas necesarias para lograr la repatriación del menor a territorio español con el fin de restituir su tutela. También “se ha requerido como medida cautelar el volcado y aseguramiento urgente de las imágenes de videovigilancia de esa madrugada en la zona portuaria y el paso fronterizo antes de que sean borradas automáticamente”.