La cloaca política y policial del PP difunde nuevos bulos en el juicio del caso Kitchen para evitar la cárcel

El derecho a la defensa permite a los acusados mentir a la cara del tribunal que los juzga. No están obligados a declarar contra sí mismos ni a confesarse culpables. El testimonio falaz de un procesado en el juicio no se considera prueba suficiente para emprender acciones penales contra el mentiroso.

El Tribunal Supremo negó hace solo unos días a un empresario la posibilidad de querellarse contra el comisionista Víctor de Aldama por unas declaraciones que hizo durante el juicio del caso Ábalos. Aldama acusó al constructor Manuel Contreras Cano (Azvi) de pagar mordidas a cambio de obras amañadas en el Ministerio de Transportes. Contreras consideró estas declaraciones injuriosas y calumniosas, pero el Supremo recordó que Aldama, corrupto confeso, había hecho esas manifestaciones “en el ejercicio de su derecho de defensa y, en consecuencia, asistido del derecho a no declarar contra sí mismo y no declararse culpable”. El Tribunal concluyó que el derecho al honor del constructor Contreras no prevalecía sobre el derecho de defensa de Aldama, y denegó el permiso para presentar la querella.

En el juicio del caso Kitchen, media docena de comisarios empoderados, el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado, Francisco Martínez, todos ellos procesados y para los que se piden altas penas de cárcel, han dado una versión de lo ocurrido entre 2013 y 2015 que choca con todas las pruebas recabadas durante la investigación judicial e incluso contradice la versión que alguno de ellos se dio a sí mismo o confesó al juez en la fase de instrucción.

El comisario José Manuel Villarejo, uno de los implicados con mayor protagonismo en las actividades ilegales del grupo, grabó durante aquella operación a los principales implicados en el espionaje ilegal a la familia del extesorero del PP, Luis Bárcenas.

Grabó al chófer de esa familia, Sergio Ríos, captado como confidente, y le animó a buscar documentación que guardase Bárcenas sobre la financiación ilegal del PP. Le pagó 2.000 euros mensuales durante casi dos años, algunas veces en billetes de 500 euros, con cargo a los fondos reservados del ministerio del Interior. Hay recibos y grabaciones en el sumario que acreditan estos hechos.

Grabó a Enrique García Castaño, el comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), quien se coló en el taller de la esposa de Bárcenas en busca de papeles comprometedores para el PP. García Castaño entregaba al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, toda la información que conseguía a través del chófer de la familia del tesorero. Así lo admitió este comisario en fase de instrucción, pero una grave enfermedad le ha impedido ratificar ahora su testimonio. Antes de sufrir la enfermedad, García Castaño habló con Villarejo sobre su mala suerte porque los nuevos responsables del ministerio del Interior le habían quitado el cargo y trasladado a una comisaría.

García Castaño: Me han pedido 40.000 cosas de trabajo, mírame esto, mírame lo otro. Y ahora me reciben y me espabilan en dos minutos...

Villarejo: Yo le habría dicho, dile al ministro que le busco la ruina. Yo que tú, con toda la información que tienes...

García Castaño: Si no tengo nada… Mi trabajo, lo único que hay son cuatro cosas…

Villarejo: ¿Te parece poco macho? Una operación para quitarle al Bárcenas los papeles que le comprometían al presidente, no me jodas…

Por si fueran pocas evidencias, el secretario de Estado de Seguridad, contaba así lo ocurrido a periodistas de El País cuando le imputaron en el juzgado: “Supe de esa operación por el ministro. Me llamó, no recuerdo si un sábado o un domingo por la tarde, para decirme que un confidente iba a colaborar con la policía para ver lo de Bárcenas. Luego me mandó un mensaje por WhatsApp recordándome el asunto. Tenía la costumbre de enviarme por escrito las cosas que habíamos hablado, para que quedase constancia o no se me olvidasen. Yo me quedé atónito. Hablé con el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y me dijo que sí, que había un grupo de policías con el confidente, que era el chófer de Bárcenas, y que en esa operación estaban el Gordo [comisario Enrique García Castaño] y Villarejo. Además, me dejó claro que nada por escrito”.

Martínez enseñó a un notario amigo suyo esos mensajes del ministro alertándole de la operación para robar documentación a la familia de Bárcenas y levantó acta sobre aquellos hechos. Luego borró su móvil y el ministro, Jorge Fernández, le desmintió delante del juez negando cualquier conocimiento de los hechos. Aunque tampoco pudo demostrar que no había enviado esos mensajes porque había cambiado de teléfono y no conservaba sus conversaciones con Martínez.

Fernández Díaz, Martínez, Villarejo y otros comisarios han defendido durante el juicio que la operación no era ilegal, sino “de inteligencia” para descubrir donde tenía escondido Bárcenas el dinero de sus actividades corruptas.

La fecha de inicio de la Operación Kitchen, 13 de julio de 2013, descarta esta nueva teoría que varios abogados defensores expusieron en el juicio. El juez Pablo Ruz, que investigaba los hechos, ya había acreditado en aquel momento con pruebas documentales fuera de toda duda donde guardaba su fortuna quien había sido gerente y tesorero del PP durante casi 20 años. Las comisiones rogatorias, que tardaron varios años en llegar, acreditaron en enero de 2013 y en junio de 2013 que Bárcenas acumuló 47 millones de euros en dos bancos suizos: el Dresdner Bank y el Lombard Odier.

El abogado de Fernández Díaz buscó otro argumento para defender la inocencia del ministro en relación con la Operación Kitchen. “Interior es una de las carteras más complicadas del Gobierno, con más de 200.000 funcionarios a su cargo, con una agenda parlamentaria e internacional intensa y, por eso, nunca se le informa [al ministro] de las operaciones policiales ni del uso de los fondos reservados”. Pero la Audiencia Nacional almacena pruebas relevantes, y directas, de la participación de Jorge Fernández Díaz en operaciones de la cloaca policial contra Artur Mas, Jordi Pujol o Xavier Trías, con grabaciones muy comprometedoras.

El abogado de Villarejo, en un giro sorprendente de guion, llegó a culpar a Bárcenas y a un grupo de periodistas de haberse inventado esta historia. Las fechorías de este comisario durante sus años de ejercicio profesional han llenado cientos de tomos de sumarios en más de 30 piezas separadas del caso Tándem. Acumula varias penas de cárcel y todavía tiene varios juicios pendientes. Su derecho de defensa le ha llevado a desmentirse a sí mismo, a contar que sus diarios manuscritos recogían elucubraciones sin fundamento y que las grabaciones de toda su vida eran obra de espías del CNI que le querían buscar la ruina.

Los acusados, y sus abogados, pueden mentir en el juicio del caso Kitchen que ayer quedó visto para sentencia. Es la ley. Tienen derecho a no confesar su culpa ni a declarar contra ellos mismos. Se llama derecho de defensa. Para un tribunal de justicia, los hechos son sagrados y el testimonio de los acusados, libre. La verdad, cuando las pruebas lo permiten, casi siempre prevalece.