El cara a cara con la jueza de la dana de la vicepresidenta y consellera de las residencias que abandonó el Cecopi

Susana Camarero, la vicepresidenta del Gobierno valenciano que abandonó la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en plena catástrofe de la dana, desfila como testigo este miércoles ante la jueza instructora de la causa. De Camarero dependían las residencias de personas mayores y, a pesar de que en los escasos 40 minutos en que estuvo conectada al Cecopi se hablaba en la reunión sobre el peligro que suponía la presa de Forata, la vicepresidenta optó por irse a un acto de entrega de premios organizado por la patronal, en el que coincidió con el conseller Vicente Martínez Mus.

La 'número dos' del Consell de Carlos Mazón (y del actual Ejecutivo de Juan Francisco Pérez Llorca) alegó que el secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande, se quedó conectado a la reunión del Cecopi mientras ella asistía al acto de entrega de premios. El alto cargo está citado a declarar como testigo el próximo 16 de julio.

Aunque Camarero, después de que este diario revelara su ausencia del Cecopi, sostenía que en la reunión no se habló del peligro de la presa de Forata mientras ella permaneció conectada, la vicepresidenta acabó admitiendo que, tal como confirma abundante documentación y testimonios que constan en el procedimiento, no fue así. Por otro lado, nunca reconoció haber cometido un error al abandonar el Cecopi.

En la reunión se hablaba tanto del peligro que suponía la infraestructura hidráulica que el Cecopi se planteaba una evacuación de las poblaciones situadas aguas abajo de Forata.

De hecho, la propia Camarero se interesaba poco antes de abandonar la reunión por las localidades que podían ser evacuadas, tal como figura el informe pericial con sus mensajes de WhatsApps que aportó uno de los dos investigados en la causa, el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.

El servicio de teleasistencia

Por otro lado, la investigación de la jueza Nuria Ruiz Tobarra también afloró que hasta 37 de los 230 fallecidos en la catástrofe eran personas mayores usuarias del servicio de teleasistencia.

Las grabaciones de las llamadas de auxilio de las víctimas retrataron el caos en la gestión de la emergencia. La jueza también investiga el fallecimiento de ocho ancianos en un recinto de viviendas públicas de la Generalitat en Picanya, situado a tiro de piedra del barranco del Poyo.