La última sentencia fuerza a Mogán a frenar el proyecto para legalizar 37 viviendas en Monte Carrera
La sentencia (aún no firme) que ratifica la ilegalidad de las 37 viviendas construidas sin licencia en la planta baja de la urbanización Monte Carrera, en la localidad de Arguineguín, ha forzado al Ayuntamiento de Mogán a frenar el expediente del denominado Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU), una iniciativa privada que pretende, precisamente, regularizar esos inmuebles a través de la cesión de unos terrenos.
El expediente ha sido paralizado para evaluar cómo afecta el reciente fallo judicial a ese plan, según informan fuentes municipales y ha confirmado el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mogán, Mencey Navarro, en declaraciones al periódico Canarias 7.
En el informe que dio luz verde a la tramitación del PAMU, la arquitecta municipal ya había advertido de que ese litigio judicial podía tener incidencia sobre el expediente administrativo de regularización de las viviendas y que ello debía ser valorado “jurídicamente”.
En una sentencia dictada el pasado 31 de marzo, la magistrada titular de la plaza 2 del Tribunal de Instancia (Sección Contencioso-Administrativo) de Las Palmas de Gran Canaria desestima el recurso de la empresa promotora de esas viviendas, Carrera Ground Floor, contra la orden de restablecimiento de la legalidad urbanística alterada dictada por el propio Ayuntamiento de Mogán, que era firme en la vía administrativa desde enero de 2022.
El fallo dio por probado que las obras se ejecutaron sin licencia durante la pandemia de Covid-19 y consistieron en el derribo de los muros del sótano para habilitar pisos irregulares. La licencia original, de marzo de 2005, permitía una altura máxima de dos plantas. Sin embargo, el complejo se construyó excediendo este límite, levantándose con tres alturas en contra de la normativa urbanística de la zona.
Para no tener que demoler esa planta construida de más, se llegó a un acuerdo de legalización en abril de 2011. La solución consistió en tapiar la planta baja con un muro perimetral, convirtiéndola en un sótano cerrado. Sin embargo, en el año 2020, según recogen las actas levantadas por la Policía Local tras las denuncias de los vecinos y confirman informes periciales, la empresa promotora derribó esos muros de cerramiento para construir ahí las 37 nuevas viviendas y tres locales comerciales.
La sentencia dictamina que, al derribar los muros y abrir esas viviendas sin licencia, la urbanización volvió a tener tres plantas habitables y, por tanto, se vulneró la legalidad.
Apenas un mes antes de que se dictara esta sentencia, el pleno del Ayuntamiento de Mogán, con los votos a favor de los concejales del grupo de gobierno (Juntos por Mogán), había dado luz verde a la tramitación del PAMU, que pretende amnistiar esas obras.
Esa iniciativa privada propone ceder al Ayuntamiento 625 metros cuadrados a cambio de que se le concediera un incremento de edificabilidad de 3.120 metros cuadrados, lo que la promotora necesita para regularizar las 37 viviendas y los tres locales comerciales. En febrero, el gobierno local autorizó someter el proyecto a evaluación ambiental simplificada.
La propiedad de los terrenos cedidos
Juan Manuel Gabella, concejal de Nueva Canarias- Bloque Canarista (NC-Bc), había remitido el pasado 10 de abril a la alcaldesa, al secretario del Ayuntamiento y a la Asesoría Jurídica un escrito en el que, además de pedir aclaración sobre las consecuencias jurídicas de la reciente sentencia sobre el expediente de regularización de las viviendas, cuestionaba que se hubiera dado continuidad al PAMU sin que la empresa promotora hubiera aportado el documento acreditativo de la titularidad de los terrenos que pretende ceder.
En ese escrito, el concejal canarista recordaba que el propio Ayuntamiento de Mogán requirió ese certificado de titularidad a la empresa y esta no lo ha entregado.
La Comunidad de Propietarios del complejo, llamada Monte Carrera Green Garden Club, también se opuso frontalmente a la maniobra de legalización impulsada por la promotora y remitió un escrito al Ayuntamiento el 6 de marzo exigiendo “la inmediata paralización” del expediente. Los vecinos advirtieron que los terrenos que la empresa pretende ceder el Ayuntamiento a cambio de un aumento de la edificabilidad son en realidad “elementos comunes de la comunidad”. Afirmaron, además, que esa iniciativa nunca fue sometida a la debida consulta entre los propietarios ni dieron su consentimiento para tal fin.
También el empresario Juan Manuel Pérez León solicitó formalmente la paralización del expediente en una denuncia presentada en vía administrativa. En ella afirmaba que este proyecto generaba “un efecto llamada a las irregularidades urbanísticas”, al permitir la consolidación de obras clandestinas.
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