Tres entidades denuncian el ''boicot institucional'' en Canarias a los trámites para la regularización extraordinaria

Tres entidades han denunciado el ''boicot institucional'' en Canarias en los trámites para la regularización extraordinaria prevista en el Real Decreto 316/2026. Fundación FÜNDEC, Asociación Solidaridad Venezuela y Asociación Asistencial Nahia han señalado en un comunicado ''la respuesta insuficiente, la lentidud excesiva, la falta de coordinación y los obstáculos administrativos'' que diversas administraciones públicas están ejerciendo durante este proceso.

''A pocas semanas del vencimiento del plazo de solicitud de la regularización el 30 de junio de 2026, constatamos, con mucha preocupación, una actitud de boicot institucional por parte de las administraciones, consistente en serias dificultades de acceso al procedimiento para un número significativo de personas migrantes, especialmente en los casos que requieren acreditar una situación de vulnerabilidad'', subrayan.

Entre las vías de acceso a la regularización, el marco normativo vigente contempla la acreditación de vulnerabilidad mediante el certificado correspondiente al Anexo II del modelo EX-32, que puede ser expedido por Servicios Sociales públicos o por entidades inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería. 

Las asociaciones han constatado una aplicación territorial desigual, con municipios y dispositivos públicos que han activado mecanismos de atención, ''aunque sin mucha eficacia en relación al alcance de la necesidad'', y otros que, hasta la fecha, no han desplegado recursos suficientes, claros o accesibles para responder a la demanda existente. 

De acuerdo con estimaciones establecidas por diversas instituciones públicas y privadas, Canarias podría contar con alrededor de 30.000 personas en situación administrativa irregular. A la luz de esas estimaciones, subrayan las entidades, ''es preocupante darse cuenta de que el volumen de solicitudes formalizadas, de informes de vulnerabilidad emitidos y de los testimonios recogidos de personas atendidas por estas entidades no se aproxima al alcance esperable por la población potencialmente titular del derecho''. 

''La consecuencia práctica de esta situación es que el acceso a la regularización depende del municipio de residencia y, sobre todo, de la capacidad de absorción de las entidades sociales acreditadas en cada territorio, las cuales se están viendo extremadamente limitadas en cuanto a recursos de todo tipo para poder afrontar con dignidad este proceso'', critican.

Para las entidades, la actual situación no puede interpretarse únicamente como una disfunción burocrática ordinaria: ''Cuando la falta de voluntad política, la falta de medios, la ausencia de coordinación o la demora administrativa limitan de forma grave el acceso a un procedimiento extraordinario con plazo perentorio no podemos más que hablar de un racismo institucional cuyo resultado material es la exclusión de personas potencialmente beneficiarias de la regularización''.

Las entidades advierten de que estos hechos vulneran los principios de igualdad, proximidad administrativa y buena administración, y exige una actuación pública urgente, coordinada y proporcional a la magnitud del proceso abierto. Por ello, han exigido la activación inmediata de dispositivos específicos de información, recepción, valoración y emisión del certificado de vulnerabilidad en todos los municipios donde aún no existan mecanismos operativos suficientes. 

Asimismo, también han pedido la adopción urgente de criterios comunes de actuación y de pautas técnicas compartidas para evitar respuestas dispares entre territorios; el refuerzo extraordinario de personal, horarios, canales de atención y recursos materiales en los servicios públicos concernidos; la articulación efectiva con las entidades del Tercer Sector acreditadas, mediante fórmulas de coordinación, derivación, apoyo logístico y, en su caso, financiación adecuada.

En esta línea, solicitan la asignación inmediata del número de seguridad social de las personas solicitantes, condición imprescindible para hacer efectivo su permiso de trabajo; garantizar la entrega por parte de los Centros de Atención Primaria de Salud del histórico de citas solicitados por las personas migrantes para acreditar su permanencia en territorio español; y la publicación periódica de datos agregados y desagregados sobre solicitudes, certificados e incidencias del proceso, a fin de garantizar transparencia, evaluación y corrección de desigualdades territoriales. 

Por último, exigen un pronunciamiento público en apoyo a la prórroga de la fecha límite de presentación de la solicitud de regularización, ahora fijada en el día 30 de junio de 2026 y un pronunciamiento público para exigir al gobierno estatal la paralización inmediata de todas las deportaciones.