Lawfare España: “Es legal”

“Es legal”, me contestó con una media sonrisa el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, cuando le pregunté en 2017, en medio de un acto protocolario del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cómo era posible que hubiera designado al juez Salvador Alba como presidente del tribunal que habría de juzgar el caso Faycán, el mayor escándalo de corrupción del Partido Popular en Canarias en la época de José Manuel Soria. Alba ya estaba imputado por varios delitos y a punto de que se le abriera juicio oral por haber conspirado contra la magistrada Victoria Rosell, causa por la que acabó siendo condenado a seis años y medio de prisión. Es legal, esa es la clave, y si no es legal, somos jueces y estamos blindados, añado de mi propia cosecha.

Al presidente de la Audiencia Provincial no le animó en ningún momento velar por la apariencia de imparcialidad, a lo que está obligado. Y es evidente que en aquellos momentos, Alba no era el juez que podía transmitir a la ciudadanía una más sólida impresión de independencia e imparcialidad. Principalmente porque su intento de perjudicar a Rosell tenía relación directa con beneficiar a José Manuel Soria, que competía con la magistrada en las elecciones generales de 2015 para acceder al Congreso de los Diputados. 

Le daban igual las críticas que pudiera recibir, al presidente de la Audiencia de Las Palmas, que había sido viceconsejero de Justicia con el PP, lo que le importaba es que nadie le hiciera un reproche legal. También le daba igual el peligro cierto, luego confirmado, de que la causa en la que Alba estaba incurso desembocara en un auto de apertura de juicio oral y tuviera que ser suspendido como juez por el Consejo General del Poder Judicial en medio de la tramitación de aquel juicio y la publicación de su sentencia. Era legal, y punto. El desenlace, que es largo de contar y que supuso que el presidente Moya tuviera que entrar en el despacho de Alba a recuperar la causa, lo tienes aquí minuciosamente contado.

Los jueces y juezas gozan en España, como no podía ser de otro modo, de un blindaje lógico por imperativo de una ley específica, la Ley Orgánica del Poder Judicial. No pueden estar sujetos a instrucciones de ningún tipo; no pueden ser trasladados, suspendidos, separados ni jubilados sino por alguna de las causas previstas en la ley. Salvo algunas excepciones que no están en la ley y que hemos conocido en casos muy concretos, como aquel modo chiripitifláutico de retirar al juez Ruz para que la causa de Bárcenas y su sucesivo caso Kitchen cayera en manos de García-Castellón.

El caso de Alba es un lawfare de manual y, como tal, una excepción absoluta por haber sido, de momento, el único descubierto, investigado y condenado. Desgraciadamente, solo fue condenado él, aunque no estuvo solo en absoluto, como ocurre con todos los demás.

Es imposible un caso de lawfare con un juez actuando en solitario. Es imposible que el juez Juan Carlos Peinado pueda haber llegado tan lejos solo. Su desmadrada instrucción del caso de Begoña Gómez no habría caminado nada sin el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid, que, a pesar de haberle afeado algunos de sus disparates, no ha llegado a donde tenía que llegar, a anular la mayor parte de la causa por clamorosas vulneraciones de los derechos de las personas investigadas y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dictar auto de apertura de juicio oral sin esperar por un informe que parecía decisivo de la UCO, de la Guardia Civil, no se le ocurre ni a un juez en prácticas. Prácticas que él no hizo.

Es legal todo lo actuado por la juez de Badajoz Beatríz Biedma, a pesar de los reparos jurídicos que han manifestado públicamente la Fiscalía y la defensa del hermano de Pedro Sánchez, que ni siquiera era secretario general del PSOE cuando consiguió un empleo en la Diputación de Cáceres.

Como fue legal lo que hizo el juez José Escalonilla, el que investigó una trama que se llamó Neurona y que trataba de demostrar la corrupción de Podemos. Todo quedó archivado y Escalonilla ascendido por escalafón a la Audiencia Provincial de Madrid porque todo lo que hizo fue legal. Por el camino, claro, Podemos se dejó una parte de su reputación gracias al denodado esfuerzo periodístico de los medios de comunicación que informaron pormenorizadamente de las investigaciones sesgadas y macarrónicas de Escalonilla. Pero no lo llamemos lawfare, todo es legal.

Como también es legal lo que ha hecho la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, que ha obligado a una jueza de instrucción a mandar a juicio a la exconsejera de la Generalitat Mónica Oltra en contra del propio criterio dos veces manifestado por su antecesor, el juez instructor, manifestados en sus autos de archivo, y en contra de la Fiscalía, que tampoco aprecia el delito que denunciaron unas organizaciones ultras al parecer con mucho predicamento. Otro caso de lawfare del que se habla poco y que ha arrastrado durante años a esta dirigente política por el fango de los medios de comunicación de la derecha.

Del mismo modo que es legal lo que podríamos denominar lawfare inverso, consistente en sacudirle de encima a determinados dirigentes del Partido Popular enojosas causas penales que podrían haberles supuesto un disgusto.

Tenemos algunos casos de rabiosa actualidad, como la Kitchen, que ahora celebra su juicio oral sin la presencia en el banquillo de las más altas instancias del PP gracias a que el juez que instruyó la segunda parte de la causa no consideró de ninguna manera que Rajoy y Cospedal fueran a tener conocimiento de aquel montaje policial para hacer desaparecer las pruebas de la financiación ilegal del partido. El descarte de García-Castellón fue bendecido por la Sala de lo Penal de la Audiencia, por lo que todo fue legal.

Por supuesto que el lawfare existe. Por supuesto que hay jueces, fiscales y agentes de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en estas operaciones. Por supuesto que hay partidos políticos no solo interesados, sino implicados a título lucrativo y a título propositivo. Y, sin duda, medios de comunicación perfectamente alineados, adiestrados, untados… porque sin ellos el lawfare no funcionaría. Es necesario que las personas, los partidos, las familias… sufran el escarnio público del insulto y la condena sin juicio y sin pruebas para que se pueda extender de manera efectiva la sensación de que si no gobierna la derecha este país es una mierda.

Estamos asistiendo cada día con más saña a descripciones periodísticas verdaderamente hiperbólicas, como llamar “trama” a toda instrucción, aunque esté en fase embrionaria, o “botín” a las joyas por aparecer “escondidas” en una caja fuerte en vez de mostrarse con toda su brillantez en un tendedero. 

Es una pena que el PSOE haya tardado tanto en descubrirlo, que le hayan tenido que condenar a un fiscal general del Estado para empezar a verbalizarlo con toda su crudeza. Es una pena que no haya mecanismos más severos para desenmascarar a los agentes que intervienen en estos procesos perversos. Pero la ciudadanía debe exigir que estas cosas cambien para que los que tanto reclaman respeto por los poderes del Estado empiecen por respetarse a sí mismos.

Posiblemente sea yo uno de los periodistas que más sabe de lawfare en España, aunque me habría gustado no haber adquirido esos conocimientos de la manera que los estoy sufriendo aún. En unos días vuelvo a comparecer ante la Audiencia Provincial de Madrid para dilucidar qué órgano me va a enjuiciar por los delitos de revelación de secretos, odio y acoso que presuntamente cometí cuando el periódico que dirijo publicó todas las andanzas del juez delincuente Salvador Alba Mesa. Él y su esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier, piden para mí 22 años de cárcel y 422.000 euros de indemnización. Me quieren callado para siempre, pero no lo van a conseguir. Son los coletazos del único lawfare de España con condena. 

Como dicen los cubanos tan sabiamente, lo que ocurre conviene, y ya que me ha tocado ver, oír y tocar un lawfare por dentro, lo saludable es desentrañar lo que veo en el mundo de la política, los medios y la judicatura española cuando estallan con tanto descaro estos asuntos que estamos viviendo cada día con más intensidad.