La justicia da por buena la renuncia de RIU a seguir con las obras del hotel Oliva Beach que incumplían la ley de costas
La Audiencia Nacional ha validado la renuncia de la empresa RIU, propietaria de los hoteles y apartamentos Oliva Beach, en Fuerteventura, respecto a tres proyectos de reforma presentados en 2017, dos de los cuales habían sido rechazados por incumplir la Ley de Costas.
El tribunal desestima así el recurso de la Asociación Ecologista El Turcón, que se oponía al cierre del procedimiento administrativo. El colectivo teme aún así que los futuros planes de modernización supongan una ampliación de la ocupación en el dominio público marítimo-terrestre de las playas de La Oliva.
La resolución recuerda que la entidad cuenta desde 2003 con una concesión de 59.700 metros cuadrados, prorrogada en 2016 por un plazo de 75 años. Dicha prórroga impone la obligación de mantener las instalaciones en perfecto estado, pero prohíbe taxativamente cualquier aumento de volumen, altura o superficie.
En 2017, la sociedad planteó tres proyectos para la reforma del Hotel Riu Oliva y la construcción de piscinas en los apartamentos y, aunque la Dirección General de la Costa y el Mar dio su conformidad a la primera actuación, rechazó las otras dos por no ser autorizables según la normativa vigente.
Tras recibir hasta siete requerimientos para subsanar las deficiencias y presentar un proyecto único y firmado por técnicos competentes, la empresa optó por solicitar el desistimiento y dar por concluido el expediente, petición que ahora ratifica la justicia.
La Audiencia Nacional subraya que es legalmente posible aceptar este desistimiento siempre que no contravenga el ordenamiento jurídico. Asimismo, recuerda que existe un expediente sancionador contra la empresa por la ejecución de obras no autorizadas que ya derivó en una multa en 2022.
Por su parte, los ecologistas instan al Ministerio para la Transición Ecológica a supervisar con rigor cualquier futuro proyecto de rehabilitación para garantizar que se limite estrictamente a la conservación y mejora de lo ya existente sin invadir más espacio dunar.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acordó en 2024 declarar la caducidad de la concesión del hotel al constatar incumplimientos de las condiciones establecidas. RIU anunció inmediatamente la presentación de un recurso contra la decisión, que ordena la demolición del complejo hotelero.
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