Oposiciones a la Policía Canaria: un audio de 70 minutos contradice al presidente del tribunal avalado por el Gobierno

Nuevo capítulo de las polémicas oposiciones para el ingreso de 141 agentes en la Policía Canaria. El Gobierno regional ya ha emitido el primer pronunciamiento sobre las múltiples recusaciones formuladas contra el presidente del tribunal calificador de ese proceso selectivo, Ángel Nichel Acosta, inspector del cuerpo.

En una resolución firmada el pasado miércoles y a la que ha tenido acceso este periódico, el director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Publica, José Manuel González Afonso, ha dado por buenas las explicaciones ofrecidas por Acosta, quien negó haber formado a aspirantes en los cincos años anteriores a la publicación de la convocatoria (año 2023) y, por tanto, que incurriera en una de las causas de abstención previstas en la ley y en las bases.

Una quincena de opositores había denunciado que el presidente del tribunal impartió clases a aspirantes a ingresar en el cuerpo en la academia que regenta su pareja en Gran Canaria al menos en 2021 y que había preparado un temario de acceso.

En el informe que remitió a la administración para defenderse, Acosta sostuvo que se había limitado a dar de forma ocasional charlas “meramente informativas y preliminares, destinadas a valorar la posibilidad de ofrecer clases preparatorias, sin orientación alguna a superar pruebas selectivas” y que “finalmente desistió de continuar con el proyecto”. Con respecto al temario, afirmó que se trataba de un “borrador” que elaboró entre 2018 y 2019 y que “no fue publicado ni utilizado con fines formativos”.

Acosta admitió que su esposa es titular de una academia de clases particulares (Forma2), pero negó que en ese centro se impartieran clases de preparación para oposiciones de cuerpos policiales. “Nunca ha existido interacción dirigida a la preparación de oposiciones ni seguimiento personal, ni se ha facilitado información privilegiada o asesoramiento a candidatos ni tampoco existe material distribuido que pudiera otorgar una ventaja competitiva a alguno de ellos”, añadió.

La resolución

En la resolución dictada el pasado miércoles, el director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno regional considera que esas manifestaciones “no han sido desvirtuadas por prueba en contrario”, por lo que decide rechazar la recusación formulada contra el presidente del tribunal calificador y levantar la suspensión del proceso selectivo, decisión que había adoptado hacía solo una semana.

En esa resolución, el alto cargo del Gobierno señala que los opositores aludían a unas “supuestas grabaciones” de esas clases, pero que no fueron aportadas al incidente de recusación, lo que “impide otorgar a las mismas valor probatorio”.

“Tampoco se aportan otras pruebas que sean suficientes para desvirtuar esa presunción iuris tantum de imparcialidad del presidente del tribunal, tales como declaraciones, pruebas de pago, contratos, testimonios de alumnos, comunicaciones...”, añade.

El audio

La reaccción de los denunciantes ha sido inmediata. Un día después de ver rechazadas sus pretensiones, presentaron un nuevo escrito, pero esta vez en mano en el registro de entrada de la Dirección General y junto a un dispositivo (pendrive) que contiene una grabación de más de una hora de duración de una de esas clases impartidas por Acosta en la academia Forma2.

Se trata de un audio que no habían podido incorporar en la anterior recusación por haberla presentado por registro electrónico y del que también dispone la fiscal que investiga desde hace unos meses las presuntas irregularidades del proceso selectivo.

En esa grabación, a la que también ha tenido acceso este periódico, se escucha al presidente del tribunal explicar a un grupo de aspirantes a ingresar en el cuerpo cómo deben resolver un supuesto práctico, una de las fases principales de la oposición.

“¿Saben qué es un supuesto o me equivoco? No sé si han venido otras veces conmigo, yo les voy a transmitir desde mi punto de vista, basándome en mi experiencia en la Policía Autonómica”, comienza diciendo el ahora inspector, a quien los aspirantes llaman “Niche”.

En esa sesión, que dura unos 70 minutos, Acosta explica que en la oposición a la que se presentó había dos supuestos prácticos, “se elegía uno por sorteo y era a desarrollar”. En la convocatoria de 2018, continúa, “eran cinco supuestos, tenías que elegir tres y fueron preguntas relativamente cortas”. Después alude al proceso convocado en 2020, el que estaba en curso en aquel momento y para el que preparó el temario.

“Les voy a decir aspectos básicos para la resolución de un supuesto práctico de cara al tribunal que va a corregirlo y vamos a intentar resolver uno o dos supuestos si nos da tiempo. Y vamos a resolver las dudas. Mi recomendación: primero, identificar los delitos”, se le escucha decir.

Escrito de recusación

El nuevo escrito de recusación presentado este jueves vuelve a pedir la paralización y suspensión del proceso selectivo “dada la gravedad de los hechos denunciados”.

Los denunciantes recalcan que en la parte inicial de la grabación aportada Ángel Nichel Acosta dice desconocer si las personas presentes en esa aula de la academia habían estado “otras veces” con él, lo que “evidencia una rutina clara de sus clases”.

Según ese escrito, del contenido de la grabación se desprende que las clases iban dirigidas a “la superación de los casos prácticos y las oposiciones en el Cuerpo General de la Policía Canaria”, puesto que el ahora presidente del tribunal calificador informaba sobre “el modo de realizar” esas pruebas y explicaba cómo eran, manifestando “un total conocimiento” sobre esos supuestos.

El escrito presenta otros medios de prueba: los mensajes que el propio Acosta enviaba usando los grupos de WhatsApp de la Policía Canaria “ofreciendo clases y precios, turnos y sesiones” o los mensajes publicados en redes sociales, a través de la academia de su pareja, poniendo a la venta el temario que había elaborado, “con sus datos y teléfono de contacto”.

“El presidente del tribunal, con claro y evidente desprecio a la administración y a su deber como funcionario, no ha comunicado las abstenciones que le afectaban de manera directa y palmaria”, señalan los denunciantes, que recalcan que ejercen esta acción para garantizar “la pureza, eficacia, equilibrio y objetividad” del proceso selectivo, así como “la imparcialidad” del tribunal.

El escrito señala que es “público y notorio” que el presidente del tribunal “impartía clases regularmente de formación específica para el acceso al Cuerpo General de la Policía Canaria hasta el año 2021 y además cobraba para ello en la academia de su mujer y vendia temario específico”.

Al asumir la presidencia del tribunal de estas oposiciones Acosta tuvo que firmar una declaración responsable en la que informaba de que no estaba incurso en ninguna causa de abstención prevista en la ley y en las bases del procedimiento.

Lo manifestado en esa declaración puede dar lugar incluso a responsabilidades penales, advierte este último escrito de recusación: “El presidente debe ser apartado, recusado, sin perjuicio de apertura de expediente disciplinario, dando traslado de todo lo expuesto al jefe del cuerpo, habida cuenta de que entiendo se ha cometido no solo una sanción administrativa y se ha faltado a la verdad de forma temeraria, sino que se podían haber cometido presuntos hechos delictivos”.

Aparte de pedir la suspensión del proceso selectivo, este escrito advierte del “enorme perjuicio patrimonial” que se puede haber generado por esta actuación y “que pudiera corresponderle a todos los perjudicados, siendo este en el momento actual incalculable en su cuantía económica”.

Investigación de la Fiscalía

En su primer escrito, los recusantes aludían también a las diligencias de investigación penal que mantiene abiertas la Fiscalía Provincial de Las Palmas. Y es que otra de las causas de abstención previstas en la ley para los miembros de un tribunal calificador es tener una cuestión litigiosa pendiente con algún interesado en el procedimiento (la recusación en via administrativa se puede presentar en cualquier momento del procedimiento).

Para el director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, sin embargo, no es tampoco un motivo para apartar a Acosta. “La mera presentación de una denuncia ante el Ministerio Fiscal, sin constancia de la incoación de un procedimiento judicial ni de la existencia de una relación procesal constituida entre denunciante y denunciado no puede equipararse a la existencia de una cuestión litigiosa en sentido estricto. Aceptar lo contrario supondría permitir que la mera interposición de una denuncia, incluso infundada, pudiera condicionar la composición de los tribunales calificadores, desnaturalizando el régimen legal de la abstención y recusación y afectando al normal funcionamiento de los procesos selectivos”, zanja.