El Estado fuerza a la Policía Canaria a asumir sus obligaciones con los menores tras dos años de incumplimientos

La Guardia Civil y la Policía Nacional dejarán de trasladar a los menores con medidas de internamiento o reforma en Canarias a partir del 1 de febrero “salvo que concurran circunstancias muy excepcionales”. Así se lo ha hecho saber el delegado del Gobierno en las Islas, Anselmo Pestana, a la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno regional, Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria), en un escrito remitido este miércoles.

Fuentes oficiales de la Delegación del Gobierno en Canarias han señalado a este periódico que esas competencias son exclusivas de la comunidad autónoma, aunque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han venido prestando la mayor parte de esos servicios hasta ahora a la espera de que la Policía Canaria (creada en 2008) se dotara de recursos humanos suficientes. Ambas instituciones pactaron que esas funciones fueran asumidas en solitario por la Policía Canaria a partir de marzo de 2024, pero la administración autónomica ha incumplido.

En su escrito, Pestana destaca que ya en enero de 2019, durante la celebración de la tercera Junta de Seguridad de Canarias, Nieves Lady Barreto, entonces consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, expuso “la voluntad y el compromiso” de la Policía Autonómica de asumir en exclusiva el traslado de menores objeto de medidas de reforma una vez dispusiera del personal requerido.

Desde entonces, los efectivos de la Policía Canaria han experimentado “un crecimiento significativo” tras varias convocatorias de empleo público, recuerda Pestana, que explica que en una reunión mantenida el 28 de noviembre de 2023 en la sede de la Delegación del Gobierno se fijó esa fecha límite de marzo de 2024.

A esa reunión con el delegado del Gobierno en Canarias asistieron la consejera Nieves Lady Barreto y el director general de Seguridad, David del Pino, además del general jefe de zona de la Guardia Civil y el jefe superior de la Policía Nacional en las Islas.

“Superada ampliamente la fecha señalada y acordada en dicha reunión procede que el Cuerpo General de la Policía Canaria asuma las competencias que le son propias”, concluye la Delegación del Gobierno, que traslada a la consejera que a partir del 1 de febrero las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dejarán de efectuar cualquier tipo de traslado de menores en centros de internamiento o con medidas de reforma, “salvo que concurran circunstancias muy excepcionales” que tendrán que ser valoradas por la propia Delegación.

Según las fuentes consultadas, hasta la fecha la Policía Canaria solo asume determinados traslados, como los urbanos. Por ejemplo, del centro de internamiento de Valle Tabares a los juzgados de la Laguna. También los interinsulares entre Tenerife y Gran Canaria, muy minoritarios. Sin embargo, los desplazamientos entre municipios (por ejemplo, desde Valle Tabares a los juzgados de Santa Cruz de Tenerife), a los centros de la salud o a los hospitales son realizados por la Guardia Civil o la Policía Nacional.

En estos últimos años, la plantilla de la Policía Canaria se ha incrementado de forma notable, del centenar de efectivos a los aproximadamente 300 actuales. Durante la presente legislatura, a pesar de no haber cubierto sus obligaciones en materias que le son propias, como el traslado de menores con medidas de internamiento, la Dirección General de Seguridad del Gobierno regional ha creado unidades para ejercer funciones que no estaban previstas en la ley de creación del cuerpo, como la oficina de Información o Inteligencia.