Pobres en casas ricas, ricos en casas pobres

El agravio comparativo, convertido en el nuevo motor de la historia, es siempre el vencedor en los debates sobre financiación autonómica. Es una apuesta imbatible frente a la que los datos y los argumentos siempre pierden. 

Al ofrecer una explicación simplista que lo reduce todo a la condición de “perdedoras” de unas comunidades, frente a otras “privilegiadas”, oculta la complejidad derivada de las diferencias sociales en el interno de todas ellas.

Este es uno de los efectos indeseados -entre muchos positivos- del estado autonómico. Propicia un imaginario de identidades cerradas y compactas que niegan la diversidad social. A él se apuntan, entusiastas, todos los nacionalistas, los reconocidos como tales y los camuflados de ilustración jacobina. 

La opinión publicada se llena de quejas sobre el maltrato de la comunidad propia frente al privilegio de otras, que en realidad solo es una, Catalunya. Pero eso merece otro artículo. 

Quienes así argumentan, tanto desde las comunidades con menos capacidad tributaria, como desde las “ricas” obvian las grandes diferencias sociales que hay en cada una de ellas. 

En un reciente y novedoso estudio de EsadeEcPol se aportan datos sobre la desigualdad de riqueza en España, con las CCAA como referencia. Madrid tiene un patrimonio medio por hogar de 687.000 euros (2022), un 80% sobre la media nacional (excluyendo Euskadi y Navarra). Le siguen Baleares, Catalunya y Cantabria. En el otro extremo, Extremadura y Andalucía se sitúan muy por debajo de la media. 

La desigualdad de riqueza no solo se expresa entre CCAA, sino en el interno de cada una de ellas. Canarias, Baleares, Madrid y Catalunya son las comunidades en las que existe más desigualdad en el reparto de la riqueza. Entre las menos desiguales aparecen Castilla y León y Extremadura. 

Estos datos sirven para recordarnos una obviedad, en las CCAA “ricas” hay muchos pobres y viceversa, en las “pobres” también hay ricos. Un factor que nunca aparece en el radar y se oculta deliberadamente cuando se analiza el modelo de financiación autonómico.

Por eso resulta imprescindible relacionar el modelo de financiación autonómica con el sistema fiscal. El primero decide qué parte de la tarta fiscal va a parar al estado central y cuál a las CCAA (equilibrio vertical), para luego establecer cómo se distribuye entre las diferentes comunidades (equilibrio horizontal). Esa distribución se hace a partir de un sistema fiscal que determina el volumen total de la tarta y de dónde provienen los ingresos. 

En España, donde se ha alcanzado un nivel significativo de autonomía tributaria de las CCAA, algunas comunidades la utilizan para reducir la factura fiscal de los más ricos. Especialmente a través de la práctica desaparición del impuesto de sucesiones y donaciones, también del de patrimonio (aunque el gobierno de coalición ha intentado minimizar su impacto con la creación del “impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas”). 

Algunas CCAA, que reciben recursos del Fondo de Garantía de Servicios públicos Fundamentales (FGSPF) aportados por otras comunidades, al mismo tiempo reducen el esfuerzo fiscal que le exigen a las rentas y riquezas altas de su territorio. Es cierto que los cálculos del FGSPF se hacen a partir de la capacidad tributaria en términos normativos, o sea, antes de la reducción de impuestos que aplican, pero eso no evita la distorsión. Entre otras cosas, porque las transferencias de solidaridad de CCAA ricas a pobres -disculpen la simplificación- se hace con recursos que en las comunidades “ricas” aportan, entre otros, muchas personas trabajadoras con salarios medios o bajos, especialmente a partir del IRPF y el IVA. 

El actual modelo de financiación genera efectos perversos. Algunas comunidades que aportan recursos a la solidaridad terminan recibiendo unos ingresos per cápita inferiores al de las receptoras. Esos menores recursos tienen consecuencias, porque afectan negativamente a la cantidad y calidad de los servicios públicos que prestan. Y los más perjudicados son, también en esas comunidades “ricas”, las personas de rentas bajas y medias que suelen ser las que más precisan de los servicios públicos. 

Veamos algunos ejemplos. El presidente Jorge Azcón, uno de los más beligerantes contra los “privilegios” de Catalunya, en sus críticas olvida algunos datos. Aragón, con el actual modelo de financiación autonómica, entra en el sistema con unos ingresos tributarios propios (homogéneos) que son el 86,9% sobre la media y sale percibiendo 100,2%. Mientras, en Aragón se aplican reducciones de la base imponible del impuesto de sucesiones que pueden llegar a ser del 100% en herencias de hasta 3 millones de euros, que no es un pellizco pequeño.

Este regalo fiscal se reproduce en muchas CCAA, especialmente las gobernadas por el Partido Popular. Madrid, Andalucía, Valencia, Galicia, Murcia, Castilla y León o la Rioja tienen establecidas bonificaciones del 99%. 

Aunque el impuesto de sucesiones, juanto al de patrimonio, suponen la cara más visible, son solo una parte del inmenso iceberg de los conocidos como beneficios fiscales, o sea, los ingresos que los contribuyentes dejan de aportar como consecuencia de la regulación fiscal del estado y de cada autonomía. Para ilustrar su dimensión económica basta recordar que en los Presupuestos del estado del 2023 (hoy prorrogados) los beneficios fiscales ascendieron a 45.268,75 millones de euros.

A estos se suman los que se incluyen en los presupuestos autonómicos. Volviendo a Aragón, en 2024, de los 1.816.848.000 euros de beneficios fiscales en impuestos cedidos y propios que dejaron de tributarse en esa comunidad, más de 500.000.000 corresponden a regulación autonómica. 

Ese mismo escenario se reproduce en Castilla y León, con unos beneficios fiscales totales (2024) de 3.171,6 millones de euros de los que 1.086.000.000 corresponden a impuestos propios o cedidos. El Ministerio de Hacienda y AIReF publican anualmente datos desglosados para cada comunidad. 

Detrás de estas cifras hay una evidencia que se obvia en los debates del modelo de financiación. En las CCAA “ricas” hay muchas personas pobres (en algunos casos en situación de pobreza extrema) y en las “pobres” también hay ricos. Por eso es imprescindible que el debate sobre la financiación autonómica vaya acompañado y relacionado con la discusión del sistema fiscal. Y sobre todo, que en los análisis no desaparezcan las grandes diferencias sociales que hay en el interno de cada una de las comunidades.

Llegados a este punto me pregunto ¿cuánto tardarán algunas izquierdas en salirse del marco ideológico que han impuesto las derechas, el del agravio comparativo entre CCAA, y situarán la mirada en la desigualdad social?