Pozuelo dejó sin sancionar más de 30 expedientes por tala ilegal de árboles entre 2016 y 2021

Más de 30 expedientes sancionadores por tala ilegal de árboles en fincas privadas no se ejecutaron en Pozuelo de Alarcón entre 2016 y 2021. Entre los beneficiados de esta “omisión” por parte del Ayuntamiento, gobernado en aquellos años por Susana Pérez (PP), se encuentran empresarios, abogados y deportistas relevantes, así como entidades de renombre. El PSOE pozuelero estima que el Consistorio dejó de recibir tres millones de euros en multas. También denunciaron los hechos a la Fiscalía, que archivó el caso, algo que los socialistas tildan de “sorprendente”.

Todos estos expedientes fueron iniciados por el Área de Urbanismo, la mayor parte de ellos como petición para la construcción de nuevas viviendas o reformas en inmuebles antiguos, señala el portavoz del grupo municipal del PSOE en Pozuelo, Heliodoro Cobaleda. El procedimiento era sencillo. Antes de acometer la intervención, un funcionario especializado del Ayuntamiento, en muchos casos una ingeniera forestal, indicaba qué ejemplares de árboles se debían mantener por poseer unas determinadas características.

Algunos vecinos y entidades radicadas en Pozuelo decidieron hacer caso omiso a esos dictámenes. Por lo tanto, cuando se había terminado la obra y el ingeniero volvía a la parcela y observaba la tala, lo explicitaba en un nuevo informe. Ese es el documento que la Concejalía de Medio Ambiente debería haber utilizado para sancionar lo sucedido. “Nosotros constatamos más de 30 expedientes en los que los concejales se habían inhibido, dejándolos pasar. Parece que eso ahora se ha modificado y las resoluciones sí que se tramitan”, añade Cobaleda.

Pozuelo de Alarcón es famosa por muchas cosas. Una de ellas, las multas que han tenido que abonar numerosos vecinos y empresas que decidieron que un árbol limitaba sus ínfulas hogareñas. En 2024, la constructora Adeas Homes taló 214 árboles, algunos centenarios y en perfecto estado, del bosque de Montegancedo, y por ello fue multada con 263.000 euros. A la promotora Lezo Gestión Inmobiliaria, en 2022, la multaron con 256.000 euros por la tala de un cedro de casi 200 años de antigüedad en la zona en la que construía 14 chalés de alto 'standing'.

El Grupo La Finca, promotor de una de las urbanizaciones más lujosas de España y beneficiada de estos expedientes sancionadores sin ejecutar, también fue multada en 2024 por talar 80 árboles para seguir construyendo pisos en Pozuelo. Tuvieron que abonar 240.000 euros al Consistorio.

La Fiscalía no ve indicios de delito

El PSOE aportó a la Fiscalía toda la documentación que obraba en su poder y, tras realizar unas indagaciones, el Ministerio Público archivó el caso. Los socialistas denunciaron a los concejales de Medio Ambiente de Pozuelo durante aquellos años: Eduardo Oria de Rueda, Carlos Ulecia, Francisco Melgarejo y David Rodríguez Cañaz. Entendían que todos ellos habían llevado a cabo una “apología de la prevaricación administrativa omisiva, un abandono de las funciones públicas en beneficio de terceros con claro perjuicio al funcionamiento de los servicios públicos y al interés general”, tal y como se recoge en el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Además, la denuncia explicitaba el listado de los 33 expedientes prescritos de los que el PSOE tuvo conocimiento. En marzo de 2025, la Fiscalía Provincial de Madrid comunicó su dictamen de concluir las diligencias de investigación preprocesal y su consiguiente archivo, contra el que los socialistas no recurrieron. La Fiscalía concluyó que existieron “dudas y discrepancias” entre distintos departamentos del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón sobre a quién correspondía tramitar los expedientes sancionadores, que provocaron traslados y devoluciones hasta que en abril de 2022 se estableció un criterio. En esa fecha se analizó qué estaba prescrito y se tramitaron nueve expedientes, añade. El Ministerio Público no apreció que por parte de los responsables o funcionarios municipales que haya existido “una actitud obstativa” dirigida a impedir la sanción de hechos constitutivos de infracción administrativa.

Por otra parte, desde el PSOE nunca han querido trasladar esta lucha a la refriega política. Ángel Bascuñana, portavoz del grupo municipal en el momento en que se denunció lo sucedido ante la Fiscalía y actual concejal socialista, confirma que no han realizado preguntas al respecto en ninguno de los plenos celebrados. “Si lo han desestimado ya, las posibilidades de que ahora un juez admita el caso son remotas, y eso es mucho dinero para un grupo municipal pequeño como el nuestro”, concluye el concejal.

El portavoz del PSOE en el municipio, Cobaleda, recalca que lo problemático de lo sucedido durante seis años en la localidad no solo es el no respeto a la ley, sino el dinero que ha dejado de entrar en el Ayuntamiento al no haber tramitado a tiempo las infracciones. “Calculamos que al menos tres millones de euros sí que han perdido las arcas públicas”, comenta. Desde su punto de vista, el Consistorio “miró para otro lado porque no querían meter el dedo en el ojo a vecinos ilustres de nuestra ciudad”. Ángel Bascuñana también piensa así sobre aquellos años en los que “en Pozuelo hubo manga ancha”, en sus propios términos. “Había infracciones sin castigo por el hecho de que la sanción iba dirigida a personas de cierto renombre”, reitera el edil.

Esta “manga ancha” de la que hablaba Bascuñana también la habrían disfrutado empresas y entidades. Es el caso de La Finca Somosaguas Golf, Olvera Orgánica, La Finca Real State Management y Kater Soluciones, por ejemplo. Mención aparte merece la Fundación Universidad Francisco de Vitoria, expedientada en 2019 y que, al igual que los demás, nunca hizo frente a la penalización por tala ilegal de árboles en sus terrenos. Años después, en 2023, el Ayuntamiento sancionó a esta universidad privada ligada a los Legionarios de Cristo con 600.000 euros por talar 41 árboles para construir una capilla y un aulario.

El Ayuntamiento pozuelero ha respondido a elDiario.es que las multas por talar un árbol pueden alcanzar los 300.000 euros, aunque depende de la infracción cometida, ya que no es lo mismo un árbol que una veintena, ni todos los ejemplares tienen el mismo valor. Además, invitan a denunciar ante la Fiscalía cualquier indicio que pueda acreditar que algún funcionario ha prevaricado o que algún famoso de la ciudad se ha visto beneficiado por ello.