La Policía investigará a un agente que difundió bulos en redes para desprestigiar la imagen de los presos
Lo primero que dice Cristian Torres Márquez en los vídeos que publica en Instagram, donde le siguen más de 49.000 personas, es que es policía. No miente. Directamente a continuación, en varios de ellos critica los derechos de las personas presas, incluso con bulos. Sus posts llegan a cientos de miles de personas. Sin embargo, expertas en reinserción social defienden que las medidas que critica son positivas para evitar la reincidencia del recluso. Publicar este tipo de contenido tras presentarse como agente de la autoridad podría desprestigiar al Cuerpo, desde donde investigan sus vídeos para evaluar una posible sanción, como ha sucedido en otros casos, tal y como ha podido saber elDiario.es.
“Soy policía nacional y te voy a explicar algo que no se ve desde fuera”. Así comienza Torres Márquez el vídeo que subió el 9 de febrero a su perfil de Instagram. Por el momento, la publicación ha cosechado 18.000 me gusta y ha llegado a 379.000 personas. El clip continúa, directamente, con una falsedad: “Cuando un delincuente entra en prisión y sale, tiene derecho a un subsidio de hasta 18 meses”.
No termina ahí: “Cuando ese subsidio se acaba y vuelve a delinquir, lo volvemos a detener otras 50 veces hasta que vuelva a prisión. Y, cuando sale, otros 18 meses de subsidio”. Por último, este policía recalca la “frustración” que sienten, pues habla en primera persona del plural, “porque por mucho que queramos ayudar, si el sistema regala peces en lugar de enseñar a pescar, crea un problema que nunca termina”.
Varias personas apuntan en los comentarios que lo que señala ya no existe, que es falso. Otras tantas han reaccionado con respuestas como “elecciones urgentes y deportaciones, nos ahorraremos problemas futuros”, “trabajos forzados tenía que haber”, “el pueblo español está con Vox”, “el mejor sistema es el de Bukele mires como lo mires”, “esto es el socialcomunismo”, “hambre y piojos”, “la izquierda financia la delincuencia” y “necesitamos otro Franco”.
Una ayuda que no existe desde 2004
José Sánchez, abogado de Cáritas que lleva 30 años trabajando en prisión, sostiene que Torres Márquez utiliza su presunción de veracidad como agente de la autoridad para infundir una opinión negativa sobre la población reclusa. “Él sabrá su intención real, pero esto es lo que provoca. No sé si será con cierto interés o por desconocimiento”, comenta este letrado que asiste jurídicamente a las personas en situación de exclusión social.
La realidad es que el subsidio al que se refiere Torres Márquez, que rondaba los 500 euros al mes durante año y medio y que podían percibir los internos que hubieran estado más de seis meses en prisión, dejó de existir en noviembre de 2024. A partir de entonces, los presos que salen de la cárcel sin recurso alguno tienen que iniciar los trámites del ingreso mínimo vital (IMV) al igual que cualquier otra persona interesada en acceder a esta ayuda.
Preguntado por elDiario.es, Torres Márquez no ha respondido a ninguna de las preguntas formuladas y ha esgrimido que en su perfil de Instagram se enfoca “en el desarrollo personal y ayudar a las personas a tener una vida mejor”. “No me interesa el perfil policial, ni hablar sobre leyes, ni historias”, ha agregado.
Alguien así es una persona muy vulnerable a la que cuesta mucho emplear. Por eso necesitan el apoyo económico, precisamente para no volver a delinquir
José Sánchez recalca que el agente policial “plantea que las personas que delinquen utilizan esta ayuda para seguir delinquiendo”. En este sentido, el especialista defiende que afirmar algo así es “desconocer cómo funciona el sistema penitenciario y la situación de los reclusos, quienes en torno a un 80% tiene problemas de adicción a las drogas y un 40% problemas de salud mental”. “Alguien así es una persona muy vulnerable a la que cuesta mucho emplear. Por eso necesitan el apoyo económico, precisamente para no volver a delinquir”, añade el abogado de Cáritas.
Una ayuda necesaria para la reinserción
Soraya, trabajadora social en la prisión de Madrid IV – Navalcarnero, opina que este agente policial lanza esos mensajes para ir contra quienes la sociedad etiqueta como “los malos”. Ella, con década y media de experiencia a sus espaldas, argumenta que el subsidio por excarcelación incluso era mejor para los presos que el IMV actual. “Antes se cobraba casi directamente al abandonar la cárcel, era algo muy automático. Ahora, con el IMV pueden estar hasta seis meses sin una respuesta. Imagina una persona que no tiene familia ni apoyo. ¿Qué hará para mantenerse una vez excarcelado?”, pregunta esta profesional de las prisiones.
Por otra parte, el IMV es una prestación tan solo limitada en el tiempo en función de la situación de la persona. De todas formas, conseguirlo es más complicado debido a que el interesado tiene que cumplir mayores requisitos. No lograr de forma rápida el IMV puede suponer que el excarcelado se vea en la calle o teniendo que recurrir a albergues. “Cada vez hay menos recursos y estamos más atados. A veces tenemos que sacar a personas enfermas gravemente de cáncer que terminan en la calle o en alguno de estos centros sin saber si toman su tratamiento o acuden al centro de salud a tramitar su tarjeta sanitaria”, desarrolla Soraya.
Esta trabajadora social de Navalcarnero considera que los mensajes que lanza el policía persiguen que “la sociedad rechace a aquellas personas que en un momento dado han cometido un error o se han visto obligadas a delinquir, porque dentro de prisión hay situaciones muy diferentes”.
Otra trabajadora social de una prisión madrileña con 30 años de experiencia que prefiere no dar su nombre también sostiene que para los internos era mejor el subsidio de excarcelación que el IMV. “Necesitan estas ayudas para volver a empezar de alguna manera. Quizá haya gente que haga mal uso de ese dinero, pero hay muchísima que lo utiliza bien. Aquí todas las generalizaciones son un error”, añade.
La Policía como “taxi de los delincuentes”
El policía Torres Márquez también ve mal que los presos puedan acudir a la consulta médica. “Soy policía nacional y te voy a contar algo que no salen los telediarios”. Ese es el mensaje gancho de este vídeo posteado el 15 de enero y que ha gustado a 119.000 personas, aunque ha llegado hasta los 1,8 millones de visualizaciones. “Hay días que, en lugar de estar patrullando las calles, me paso la jornada laboral llevando y trayendo del médico a los detenidos. Y no porque estén enfermos, sino porque no quieren estar en el calabozo”, continúa su discurso. A continuación, asevera que “la Policía acaba siendo el taxi de los delincuentes”.
“¿Y sabes qué pasa cuando llegamos al hospital? Que tienen prioridad. Y el ciudadano, que madruga, trabaja y paga los impuestos, tiene que esperar”, comenta en este vídeo posteado en Instagram, donde también publica mensajes de autoayuda para vender el libro que él mismo se ha editado. Este vídeo ha provocado respuestas como “las fuerzas del orden han sido corrompidas por el socialismo”, “el ciudadano honrado está absolutamente desprotegidos [sic] en todos los estamentos…”, y “un Bukele hace falta en España”.
El abogado de Cáritas, Sánchez, remarca que “alguien que es Policía Nacional diga algo así es un disparate”. Por otra parte, exclama que el aspecto sanitario en las prisiones es “un drama”. Así lo argumenta: “Hay problemas porque desde la Policía Nacional y la Guardia Civil no priorizan el traslado de presos a un centro sanitario cuando lo necesitan, y en muchas cárceles hay muchísimas plazas de médicos y enfermeras sin cubrir”. Desde su punto de vista, Torres Márquez publica esos mensajes llevado por una ideología muy concreta que no cree ni en la reinserción ni en los derechos de los presos. “El Cuerpo Nacional de Policía debería censurarlo”, apuntilla.
Por su parte, Soraya recomienda a Torres Márquez, a quien define como una persona muy “atrevida”, a “no hablar de lo que no sabe”. “La Policía es la parte que protege al ciudadano, que hacemos como podemos nuestro día a día. Ellos son el papel bueno, pero para ser el poli bueno no necesitas criticar en base a mentiras a otros colectivos mucho más vulnerables”, esgrime.
Un castigo en función de la gravedad de la sanción
Fuentes policiales han asegurado a elDiario.es que investigarán este contenido tras corroborar que se trata de uno de sus agentes. Por motivos de confidencialidad, no han informado de en qué ciudad ni unidad está destinado. Será la Unidad de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional, integrada en la División de Personal, la que analizará los mensajes de Torres Márquez. Para ello, se basarán en la Ley Orgánica 4/2010, que “garantiza” la disciplina, ética y profesionalidad mediante la investigación de faltas, que pueden ser leves, graves, muy graves.
Si esta Unidad entiende que los vídeos de Torres Márquez desprestigian la imagen del Cuerpo, podrían proceder a sancionarle. El castigo podría ir desde un apercibimiento la falta leve hasta la separación del servicio o traslado forzoso por una muy grave. Según ha podido saber elDiario.es, tampoco han sentado bien las palabras del agente sobre que la Policía es el taxi de los delincuentes. A pesar de que no está regulado en ninguna normativa la preferencia de los detenidos a la hora de ser atendidos, las fuentes policiales consultadas admiten que es algo de sentido común. “Es una situación algo extraña y violenta estar esperando en el médico y que al lado se sienten dos policías con una persona esposada que muchas veces también está alterada”, apuntan estas mismas fuentes.
La Policía sanciona a sus agentes
No sería la primera vez que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sancionan a sus integrantes por difundir bulos para esparcir su odio por las redes. Es lo que sucedió en 2022 con el guardia civil J. M., quien publicó en su cuenta de Twitter el vídeo de una brutal agresión a una mujer que atribuyó a menores migrantes no acompañados. Sin embargo, la agresión había tenido lugar en China. Terminó condenado a 15 meses de cárcel.
El subinspector de Policía Nacional cercano a Vox, Alfredo Perdiguero, se presenta a sí mismo como “el policía de todas las categorías más sancionado de España”. Una de estas sanciones llegó como “falta muy grave” también en 2022. Dos años antes, Perdiguero había asegurado en televisión que la Delegación del Gobierno en Madrid dio orden de prohibir la bandera de España en una manifestación. Terminó sancionado con dos meses de suspensión.
Asimismo, la Fiscalía de Valencia llegó a pedir tres años de cárcel para el exinspector Ricardo Ferris, mando policial que relacionó el aumento de la criminalidad con la migración en un acto de Vox. Finalmente, la Audiencia le absolvió del delito de odio por el que estaba investigado.
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