El Supremo entierra el segundo intento de Almeida para construir pisos sobre las centenarias Cocheras de Cuatro Caminos

El proyecto inmobiliario para construir cientos de pisos sobre las antiguas Cocheras de Cuatro Caminos acaba de quedar definitivamente anulado por la justicia. El Tribunal Suprema ha inadmitido todos los recursos de casación de las entidades favorables a esta promoción urbanística y ratifica el primer fallo del TSJM que tumbó el planeamiento del Gobierno de Almeida.

La decisión del Supremo echa por tierra los intentos de casación presentados por Ayuntamiento, Comunidad, Metro de Madrid, y Residencial Metropolitan, la sociedad cooperativa montada por el Grupo Ibosa para construir hasta 443 pisos sobre estos terrenos, que eran propiedad de la empresa que gestiona el suburbano. Ahora, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid queda definitivamente anulada y el proyectto se queda sin ninguna base legal para poder convertirse en realidad.

Las resoluciones judiciales dan la razón a las dos entidades que han peleado judicialmente por frenar este proyecto urbanístico que, para su desarrollo, había echado abajo las centenarias Cocheras de Cuatro Caminos. Son Madrid Ciudadanía y Patrimonio (MCYP) y Ecologistas en Acción, además de condenar a los recurrentes a pagar todas las costas procesales.

“El plan de las Cocheras sigue siendo ilegal 16 años después de que se originase”, explican ambas entidades. “El Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y Metro, no pueden seguir empeñados en sacar adelante una operación ilegal, y habiendo destruido una pieza fundamental de nuestro Patrimonio Cultural técnico, industrial, arquitectónico y emblema del transporte moderno que supuso la llegada del metro a Madrid”, añaden.

Se refieren a la demolición de casi todas las instalaciones de Cocheras -salvo un muro y un túnel de entrada- que tuvo lugar en el año 2021 y pese a una primera sentencia judical en contra del planeamiento. El Gobierno de Almeida permitió los derribos porque había recurrido una primera sentencia que anulaba la operación. Luego, el Supremo lo prohibía pero el fallo llegaba tarde para los que habían intentado conseguir preservar esta parte del patrimonio industrial de Madrid.

“Las administraciones responsables fueron sordas y actuaron con modales gubernamentales antidemocráticos”, consideran ahora las asociaciones vencedoras de este proceso judicial. “En primer lugar, negaron los valores evidentes, como auténtico Patrimonio Industrial, origen del Metropolitano de Madrid, y que debía ser preservado”. También acusan a la Comunidad de negar a Antonio Palacios la autoría del proyecto, “encargándose incluso informes periciales claramente tendenciosos o erróneos que argumentasen en contra”.

Segundo intento frustrado

El plan que ahora ha sido anulado proponía levantar cinco bloques de pisos en este espacio (con 43.250 metros cuadrados de superficie), entre ellos una torre de 31 plantas y por encima de los 100 metros de altura (más elevada que el Faro de Moncloa), que destacaría en un entorno sin construcciones de este tipo. La superficie edificable para levantar 443 viviendas asciende a 58.500 m2, a lo que se sumaría 4.728,64 m2 de oficinas y tiendas, además de 1.050 plazas de garaje subterráneas. Solo el 10% de los pisos de este proyecto iban a ser protegidos, gracias a un volantazo legal de la Comunidad de Madrid y pese a que la Ley de Vivienda obliga a dedicar el 20%.

La clave para entender las desavenencias judiciales es el uso del suelo y lo que allí había antes. La discusión sobre estos terrenos comenzó hace en el año 2014, cuando Metro de Madrid vendió por 88 millones de euros un solar que ocupan sus cocheras, todavía en uso. Lo compró Residencial Metropolitan, una cooperativa reunida alrededor de la promotora Ibosa. El proyecto fue modificado varias veces y acabó ideando la citada torre para concentrar el mayor número de pisos en uno de los bloques.

Al primer intento municipal de sacar adelante este planeamiento, tumbado en los tribunales, el Gobierno de Almeida sumó un segundo con la intención de que fuera el definitivo. Este es el que acaba de tumbar definitivamente la justicia, pese a que Residencial Metropolitan, la cooperativa promotora, ya había desvelado el aspecto que iba a tener la icónica torre del proyecto, de más de 100 metros de altura.

El nuevo planeamiento fue aprobado por el Ayuntamiento de Madrid en diciembre de 2023 y refrendado por el Pleno de Cibeles hace justo un año, pese a que las asociaciones contrarias a este desarrollo avisaron de que los planes municipales volvían a incurrir en ilegalidades después de una primera modificación anulada por los tribunales. 

Ahora, tanto MCyP como Ecologistas en acción ponen en sospecha toda la operación urbanística: “Resulta del todo irregular que una compraventa de suelo público sujeta a un contrato siga en vigor tras una década resuelta a nivel contable, incumplido el contrato y con la imposibilidad material de llevarse a cabo de manera jurídica sin crear la sospecha de que las Administraciones o sus responsables tuvieran en ello una implicación personal, dada su insistencia en aprobar un planeamiento ilegal por dos veces consecutivas y con visos de querer plantearlo todavía de nuevo sin rectificar el despropósito”.

Por ello, las entidandes que han frenado en dos ocasiones este planeamiento exigen “una solución a esta operación mal planteada, impulsada con una política de hechos consumados, grandemente lesiva contra el Patrimonio Cultural madrileño y recriminamos al gobierno municipal que haya sido consentidor y cómplice de la destrucción de una obra del gran arquitecto Antonio Palacios”. Por ello reclaman “la reparación del daño causado contra el Patrimonio Cultural, recuperando el espacio que nunca debió ser derribado para poner en valor el conjunto del Metro y con la bien fundada sugerencia de alojar en él la colección histórica única en el mundo que atesora la compañía. Colección y contenedor deben ser unidos en ese simbólico lugar”.