Volantazo legal del Gobierno de Ayuso para permitir a Almeida saltarse la Ley de Vivienda en los planes que tramita

Vía libre para que el Ayuntamiento de Madrid no aplique la Ley de Vivienda que el Gobierno nacional aprobó la pasada primavera en los proyectos urbanísticos que tiene en tramitación. Lo podrá hacer gracias a un cambio de criterio en los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid con tan solo un mes de diferencia y sin la firma de la jefa de Servicio Jurídico de esta institución, que avaló la posición contraria.

El Gobierno de Ayuso enmendó en mitad del verano un comprometido documento emitido desde su Servicio Jurídico que recordaba a todos los desarrollos urbanísticos en tramitación la obligación de adaptarse a las nuevas obligaciones que emanaban de la recién aprobada Ley de Vivienda, alumbrada por el Congreso de los Diputados de forma definitiva a finales de mayo. El principal cambio era pasar del 10% al 20% de vivienda protegida en todos los proyectos, una modificación de relevancia que menguaba el aprovechamiento económico privado de cada operación.

El informe, al que ha tenido acceso Somos Madrid, consta de 18 páginas en las que se detallaban las razones por las que no cabe ninguna disposición transitoria -el PP había intentado introducirlas sin éxito en el Senado durante la tramitación de la ley- y concluía que “los procedimientos (que impliquen cambios de ordenación) iniciados y que no estén aprobados definitivamente a la entrada en vigor de la Ley 12/2023 resultarían afectados por las nuevas reservas”.

El documento cayó como una bomba en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, que en ese momento intentaba sacar adelante uno de los proyectos que más se le resisten, el de las Cocheras de Cuatro Caminos. La Comunidad devolvió el planeamiento al consistorio respondiendo que obviaba el nuevo 20% de pisos protegidos al que obligaba la nueva ley del Gobierno de Pedro Sánchez. Había que volver a empezar de nuevo. Con un descuadre económico muy importante.

Los cooperativistas ardieron en cólera cuando se enteraron y pidieron explicaciones a Ayuntamiento y Comunidad. El consejero de Ordenación del Territorio, Carlos Novillo, lamentó que se paralizara este proyecto privado sobre suelos vendidos por el suburbano. “Es un expediente que por culpa de la Ley de Vivienda que aprobó el Gobierno central pues ha habido que devolver al Ayuntamiento para su revisión porque esta ley no llevó lo que suelen llevar estas leyes, que es respetar al menos los expedientes que ya se están tramitando (...) es cierto que ahora hay que revisarlo, ver cómo se adaptan lo antes posible a esta Ley”, indicó en declaraciones recogidas por Europa Press.

La revisión fue rápida y en el propio Servicio Jurídico de la Comunidad de Madrid. Llegó de la mano de su abogado general, Luis Banciella, quien firmó la enmienda el lunes 24 de julio, un día después de las elecciones generales en las que se disiparon las posibilidades de gobierno de la derecha. Este segundo informe ya no tiene la rúbrica de la letrada Elena López de Ayala que avaló el primero. Y en él, la Comunidad de Madrid exime al Ayuntamiento de la capital y al resto de administraciones de la región de aplicar la normativa estatal a los planes en trámite.

“La omisión de norma transitoria en la Ley 12/2023 unido a la ausencia de retroactividad expresa y la aplicación del principio de unidad procedimental determinan que la modificación de las reservas de vivienda protegida operada por la Ley 12/2023 no se aplicarán al contenido de ordenación de los planes urbanísticos en tramitación”, asegura el texto al que ha tenido acceso este periódico.

El informe del Gobierno de Ayuso vino motivado por otro texto del Ayuntamiento de Almeida, en concreto de un informe técnico-jurídico del Director General de Planificación Urbanística del Ayuntamiento de Madrid redactado la semana anterior, con muchos de los argumentos que luego calcaron los abogados regionales para dar luz verde a su texto con el que animaban a no tener en cuenta las reservas de vivienda protegida del 20%.

Este tercer informe emitido desde el Ayuntamiento, también consultado por Somos Madrid, se llega a afirmar que rehacer los proyectos para que incluyan esta reserva del 20% suelo con protección en lugar del 10% “supondría un grave quebranto al interés público” y que sería contrario “al espíritu y objetivo de la nueva Ley de Vivienda, por cuanto supondría una dilación temporal significativa de nuevas reservas de vivienda protegida (y libre) para su oferta en el mercado”.

Cocheras de Cuatro Caminos, primer caso práctico

El primer caso de planeamiento urbanístico que saldrá adelante sin reservar el 20% de suelo para vivienda protegida será el de los 443 pisos que se van a construir sobre las antiguas Cocheras de Metro en Cuatro Caminos, cuyo derribo autorizado por un primer plan ilegal causó gran polémica en Madrid. El proyecto pasó el lunes el trámite de la Comisión de Urbanismo con el voto en contra de Más Madrid y PSOE y la semana que viene conseguirá la aprobación definitiva en el Pleno de Cibeles gracias a la mayoría absoluta del PP.

En el mismo pleno será aprobado también el desarrollo urbanístico sobre los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se jactaba de no tener en cuenta la normativa estatal en estos planeamientos durante una entrevista en Onda Madrid el pasado lunes: “No se ha aplicado la ley del Gobierno que ponía en grave riesgo estas cooperativas y ahora se ha resuelto el problema gracias a la colaboración con la Comunidad de Madrid”, aseguró durante la entrevista. “Hemos conseguido que esa ley no fuera de aplicación mediante una interpretación que se ha hecho desde los Servicios Jurídicos porque suponían volver al punto de partida de toda la tramitación urbanística y por tanto yo creo que los cooperativistas lo que merecen es tener cuanto antes sus viviendas y en eso es lo que hemos trabajado”, informa Carmen Moraga.

Más Madrid ha denunciado este volantazo legal en la Comunidad de Madrid y alerta de que otros planeamientos podrían seguir la misma suerte, en una especie de “insumisión” a la aplicación de algunos de los efectos de la normativa estatal. “Almeida y Ayuso han iniciado su camino a la insumisión de la Ley de Derecho a la Vivienda”, lamenta Álvaro Fernández Heredia, edil responsable de urbanismo en la formación de Rita Maestre. “Almeida gusta de repetir que la vivienda será su prioridad en esta legislatura pero a la primera oportunidad de demostrarlo, decide acatar el trumpismo ayusista y declararse en rebeldía. La consecuencia es que en Madrid los nuevos planes urbanísticos tendrá solo un 10% de Vivienda Protegida en lugar del 20% que marca la nueva ley”, asegura.