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Así fracasó el plan británico de enviar solicitantes de asilo a Ruanda que ahora intentan emular gobiernos europeos

En marzo de 2023, Suella Braverman, entonces ministra del Interior del Reino Unido, observando la construcción de alojamiento para refugiados a las afueras de Kigali, Ruanda.

María Ramírez

Oxford (Reino Unido) —
17 de noviembre de 2026 21:45 h

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El Gobierno conservador británico gastó el equivalente a más de 850 millones de euros en el plan de Boris Johnson para enviar a solicitantes de asilo a Ruanda, pasó dos años batallando en su Parlamento y en los tribunales y logró deportar a cuatro personas, que aceptaron viajar de manera voluntaria.

El 6 de julio de 2024, apenas unas horas después de ganar las elecciones, el laborista Keir Starmer anunció que el plan con Ruanda estaba “muerto” y se quejó de que había sido solo un “truco” muy caro. El Gobierno ruandés, que ya había recibido más de 340 millones de euros del Estado británico, denunció al Reino Unido ante un tribunal de arbitraje en La Haya para reclamar dos pagos de unos 60 millones más. El pasado junio, esta corte internacional le dio la razón al Reino Unido. 

En los últimos dos años, los gobiernos laboristas Starmer y Andy Burnham han endurecido los requisitos migratorios, pero no han intentado deportar a refugiados a terceros países.

El plan de Boris Johnson

La idea de mandar a solicitantes de asilo a Ruanda era, sobre todo, una fórmula disuasoria para intentar desanimar los cruces peligrosos del canal de la Mancha en patera desde Francia, según decía la política oficial del Gobierno conservador.

Entre 2018 y 2025, el Ministerio del Interior británico registró la llegada de unos 193.000 personas migrantes en embarcaciones pequeñas, un fenómeno casi nuevo para el Reino Unido y que se incrementó después del Brexit, cuando el país asumió el pleno control de sus fronteras y sus políticas migratorias. El récord de llegadas fue en 2022, con un total de 46.000. Ahora, las llegadas vuelven a estar a la baja, aunque no se han interrumpido. En lo que va de año, el Gobierno británico ha detectado la llegada de unas 23.000 personas.

El Gobierno de Boris Johnson presentó su acuerdo con el Gobierno de Paul Kagame en abril de 2022. Se trataba de enviar a personas llegadas al Reino Unido en busca de asilo a Ruanda, sin importar el origen o el hecho de que estas personas no tuvieran ninguna relación con este país del este de África a 7.000 kilómetros de distancia. No eran casos de personas a quienes se hubiera denegado el asilo, como sugieren ahora cinco gobiernos de la UE, sino de personas que habían llegado cruzando en patera el canal de la Mancha y no habían empezado los trámites en el Reino Unido. El plan es que hicieran el papeleo desde Ruanda. 

Johnson aseguró entonces que “cualquiera que llegue al Reino Unido de manera ilegal, incluyendo a todos los que hayan llegado desde el 1 de enero de 2022, será ahora reubicado en Ruanda”.

La justicia

En junio de 2022, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos paró el primer vuelo a Kigali al amparar a un ciudadano iraquí que había denunciado su expulsión. El vuelo fue cancelado mientras los tribunales británicos procesaban las denuncias de una veintena de solicitantes de asilo.

Tras la dimisión de Johnson, en julio de ese año, el plan siguió adelante con sus sucesores del Partido Conservador, la efímera Liz Truss, y Rishi Sunak, que pasó meses rehaciendo la legislación después de que en noviembre de 2023 el Tribunal Supremo declarara ilegal el plan. 

El tribunal británico subrayó los abusos de los derechos humanos en Ruanda, incluyendo asesinatos de disidentes, persecución de periodistas y represión policial, que al menos en un caso incluía la muerte de 12 refugiados congoleños en una protesta. El Tribunal Supremo declaró que si los solicitantes de asilo eran enviados a Ruanda su petición podría no ser examinada debidamente y ser devueltos sin garantías a países peligrosos de los que intentan huir. En respuesta a los denunciantes entonces, originarios de Siria, Irak, Sudán, Irán y Vietnam, la justicia británica también subrayaba el riesgo de maltrato durante el proceso.

Sunak despidió a su ministra de Interior y gran defensora del plan de Ruanda, Suella Braverman, que siguió siendo diputada del Partido Conservador. A principios de este año, se pasó a Reform, el partido de ultraderecha de Nigel Farage.

Para intentar salvar el plan, Sunak firmó un nuevo tratado con Ruanda y logró aprobar una ley en la Cámara de los Comunes en abril de 2024 para que en este caso no se aplicaran artículos de la ley británica de 1998, que aprobó siguiendo la convención europea de derechos humanos. El cambio prohibía a los jueces que consideraran la situación en Ruanda o el riesgo de que los solicitantes de asilo fueran enviados a otro país. La ley fue anulada después por el Gobierno laborista en 2025.

El propio Gobierno conservador dudaba de la eficacia de su política. “Había un alto nivel de incertidumbre sobre el efecto disuasorio de la política de Ruanda”, explica Peter Williams Walsh del Observatorio de Migraciones de la Universidad de Oxford. “Si hubo un efecto disuasorio, fue demasiado pequeño para verlo”. La política nunca fue desplegada en la práctica, pero el anuncio de la medida, en abril de 2022, no vino acompañado de una caída en las llegadas por el canal. 

Un documento del Ministerio del Interior reconocía que no se podía “cuantificar” el efecto ni asegurar que compensaría el gasto, y que todo dependería de cuántas personas fueran enviadas allí. 

Cada deportación costaría al Reino Unido unos dos millones de euros, según la última estimación oficial considerando que el Gobierno esperaba enviar a 300 personas en sus primeros vuelos. Las elecciones de 2024 acabaron con el plan.

Los abucheos

Esta política fue un asunto de debate y de enfado en la campaña electoral de las generales de 2024. Sunak insistía en llamar “tribunal extranjero” a la corte europea, que es parte del ordenamiento jurídico británico y que defiende la convención europea de derechos humanos y la convención de la ONU de protección a los refugiados que el Reino Unido ayudó a escribir después de la Segunda Guerra Mundial e impulsó como uno de los primeros firmantes. 

Durante un debate en la BBC con preguntas del público, Sunak respondió desairado a la cuestión de si sacaría al Reino Unido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El entonces primer ministro británico insistía en que era “una corte extranjera” y fue abucheado. 

¿Y ahora qué?

Yvette Cooper, que fue ministra del Interior del Gobierno de Starmer, dijo sobre el programa de Ruanda que era “el mayor desperdicio de dinero público” que había visto en su vida. Ella fue la que confirmó ante el Parlamento que, en dos años de intentos, el Reino Unido solo había enviado a Ruanda a cuatro personas, que se habían ofrecido voluntarias dentro de un programa de reubicación.

Pero, pese a la experiencia pasada, el actual Gobierno laborista de Burnham no ha descartado ahora seguir el ejemplo de los cinco gobiernos europeos. Un portavoz de Downing Street dijo este lunes que el Gobierno británico estudiará el plan europeo como parte de sus esfuerzos por encontrar “enfoques innovadores” para limitar la llegada no autorizada de migrantes y refugiados. 

“La gente quiere que hagamos lo que haga falta para afrontar la inmigración ilegal”, dijo un portavoz. “Observaremos con interés, aprendiendo de lo que ha sucedido en el pasado”.

El Gobierno británico actual sigue defendiendo las políticas restrictivas de sus predecesores para la inmigración de cualquier tipo. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, presentó este mes la nueva legislación que alarga los tiempos de espera para obtener el permiso de residencia permanente y endurece los criterios de acceso, con más requisitos de idioma y umbrales más altos de sueldo. 

Mahmood también aseguró en agosto que su departamento estaba examinando la conveniencia de utilizar terceros países y no solo en Europa como parte de su política migratoria. Pero, de momento, no ha anunciado ningún acuerdo.

El 47% de los adultos británicos creen que la inmigración ha sido “en su mayoría mala” para el país en los últimos diez años y solo el 18% cree que ha sido esencialmente positiva, según los últimos datos de la encuestadora YouGov. La visión negativa ha aumentado entre votantes de todos los partidos desde 2023.

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