Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos acuerdan la creación de centros de deportación de migrantes en Ruanda
Europa hace realidad el infierno de los centros de deportación. Un grupo de países europeos ha acordado con el Gobierno de Ruanda la creación de centros de deportación para expulsar a solicitantes de asilo e inmigrantes a ese país africano. Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos han anunciado este lunes la iniciativa en Viena, que bajo el auspicio de la legislación europea, permitirá mandar a personas en situación irregular a países con los que no tienen ningún vinculó. Países como España y Francia se han negado a respaldar los centros de deportación en terceros países.
Estos países aseguran que el modelo de centros de deportación que se pondrá en marcha se guiará por el respeto a todas las normas internacionales, los estándares de derechos humanos, el Derecho internacional y la legislación europea.
La propuesta es que las personas que sean deportadas a Ruanda no permanezcan mucho tiempo en los centros retenidos, aunque no se ha establecido un plazo concreto. La propuesta es que los inmigrantes que sean expulsados de estos países europeos se integren en la comunidad de Ruanda o que regresen voluntariamente a sus países de origen.
Ruanda no habría establecido ninguna excepción por nacionalidad para recibir a inmigrantes ilegales, de manera que será cada país europeo los que elegirán las nacionalidades de las personas a las que mandarán a estos centros. Estos cinco países han acordado comenzar con adultos sin hijos menores a su cargo, tanto hombres como mujeres. En un primer momento se ha acordado la puesta en marcha de un centro para acoger 100 plazas.
El canciller federal austríaco, Christian Stocker, comentó que el acuerdo con Ruanda supondrá un “cambio de paradigma verdaderamente histórico en la política migratoria” de la UE.
Ruanda: país pobre sin capacidad para garantizar protección
La OCDE clasifica a Ruanda dentro del grupo de países menos adelantados y de ingresos bajos. El PIB per cápita está entre 1.028 y 1.124 dólares anuales, muy por debajo del promedio mundial. Para tener una idea, el PIB per cápita de España se sitúa en 38.200 dólares.
En agosto de 2025, Ruanda firmó un acuerdo bilateral con el gobierno de Estados Unidos para aceptar hasta 250 migrantes y solicitantes de asilo deportadas desde Estados Unidos. Amnistía Internacional apuntó en su informe anual que el país africano “no había demostrado tener capacidad para garantizar procedimientos justos, apelaciones significativas y una protección adecuada a las personas trasladadas por la fuerza desde otra jurisdicción”.
Chiara Catelli, responsable de incidencia política de Picum, una ONG que defiende los derechos de los inmigrantes, ha subrayado que “los Estados miembros pueden llamarlos 'centros de retorno' o incluso 'centros de acogida', pero ningún eufemismo puede ocultar la violencia que supone desarraigar a las personas de la vida que han construido en Europa y enviarlas a un país que ni siquiera conocen, sin familia, redes de apoyo ni perspectivas reales de futuro. Ninguna garantía puede borrar esa violencia”.
“Este enfoque no soluciona nada y solo perjudica a las personas. Europa debe dejar de obsesionarse con las deportaciones y empezar a invertir seriamente en políticas que permitan a las personas vivir y trabajar en condiciones de seguridad y dignidad, y participar plenamente en la sociedad”, ha resaltado la responsable de Picum.
La Corte de Apelación de Londres declaró ilegal el plan del Gobierno británico para deportar a Ruanda a los migrantes llegados a Reino Unido de manera irregular. El tribunal consideró que Ruanda “no es un tercer país seguro”.
Un portavoz de la Comisión Europea, al que le han preguntado por estos centros de deportación, “ha celebrado” el acuerdo de los cinco países europeos con Ruanda y “los esfuerzos para garantizar el respeto de los Derechos Humanos y la estrecha colaboración con los organismos de Naciones Unidas en este proceso”.
2