El Servicio Canario de Salud convierte la excepción en norma: paga sin contratos válidos 574 millones, 125 en conciertos

Una enfermera durante su jornada laboral en un centro sanitario. ARCHIVO

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —
17 de enero de 2026 18:38 h

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El Servicio Canario de Salud (SCS) ha convertido en norma un procedimiento excepcional, los llamados expedientes de nulidad para pagar bienes y servicios prestados sin contratos válidos. A pesar de las reiteradas advertencias y reproches de los órganos fiscalizadores de la comunidad autónoma (el Consejo Consultivo y la Audiencia de Cuentas) sobre esta práctica, la administración autonómica sigue sorteando la Ley de Contratos del Sector Público y cada vez en mayor cuantía.

Así se desprende del último informe de fiscalización de la cuenta general de la comunidad autónoma, elaborado por la Audiencia de Cuentas con datos de 2024. Ese ejercicio el SCS pagó 574,6 millones de euros a través de ese mecanismo excepcional. Es decir, reconociendo que los contratos no eran válidos porque no se siguieron los procedimientos ordinarios (concurso público o negociado, según el importe) para garantizar la publicidad, la concurrencia y la transparencia, principios que deben regir la contratación pública.

Para poner el contexto esa cifra, el SCS gastó ese año en ese capítulo, el número dos del presupuesto (gastos corrientes en bienes y servicios), 1.284 millones de euros. Es decir, que casi el 45% de los contratos corresponden a gastos declarados en nulidad. Y otro dato para contextualizar: los expedientes tramitados en todos los organismos de la comunidad autónoma por este procedimiento ascienden a 578 millones. Es decir, el 99% se concentra en Sanidad.

Este tipo de expedientes están contemplados para casos excepcionales. Por ejemplo, cuando hay una emergencia que impide cumplir los procesos habituales de contratación o cuando se produce algún error y el bien se ha de comprar o el servicio se ha de prestar para que no se vea resentida la asistencia sanitaria.

Cuando eso ocurre, la administración admite que el contrato incurre en causa de nulidad (no tiene cobertura legal), pero como el suministro ya se ha comprado o el servicio ya se ha prestado, tiene la obligación de pagar a los proveedores, porque, de lo contrario, se estaría enriqueciendo de manera injusta. Para ello abre ese tipo de expedientes.

El problema, tal y como vienen manifestando de forma reiterada el Consejo Consultivo y la Audiencia de Cuentas, es que el SCS está abusando de ese procedimiento y no lo está utilizando para atajar necesidades sobrevenidas, sino que lo está aplicando de forma recurrente para gestionar la compra de bienes y servicios habituales y previstos.

Un incremento progresivo

El informe de la Audiencia de Cuentas pone de manifiesto, además, que cada vez son más los expedientes que se pagan a través de este mecanismo excepcional y también los importes. En 2024 se abonaron a través de expedientes de nulidad 110.745 facturas (553 más que el año anterior) que sumaban 574 millones de euros (27 millones más que en 2023).

El órgano fiscalizador constata el “progresivo incremento” de los procedimientos de nulidad en los últimos seis años. El dato más bajo corresponde a 2019, cuando el SCS pagó 405 millones por esta vía. Al año siguiente se produjo un notable crecimiento hasta los 741 millones, aunque ese dato, tal y como recoge la Audiencia de Cuentas, era “esperable” por el aumento del gasto sanitario de emergencia como consecuencia de la pandemia de Covid-19.

En los dos ejercicios sucesivos, aún con el pacto de progreso (PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera) gobernando en las Islas, la cifra se redujo hasta los 485 y 454 millones de euros. En 2023, ejercicio que compartieron el ejecutivo saliente y el actual grupo de gobierno (liderado por Coalición Canaria y el Partido Popular), la cantidad ya repuntó hasta los 547 millones. En 2024, la comunidad autónoma cerró con un gasto en nulidad de 574 millones.

Conciertos sanitarios

De esos 574 millones de euros, 125,4 corresponden a los conciertos con las clínicas privadas para la prestación de servicios. Ya el año pasado, la Audiencia de Cuentas advertía de que casi la mitad del dinero destinado en 2023 a la derivación de pacientes del SCS al sector privado (112,1 de 224,7 millones) se pagaba a través de procedimientos de nulidad, sin contratos válidos. Ahora son 125,4 de 246,8. Es decir casi el 51% de los fondos.

Las direcciones de las áreas de salud de Gran Canaria y Tenerife acaparan casi el 77% de las nulidades registradas en el año 2024 en concepto de asistencia con medios ajenos, una cifra similar a la del ejercicio anterior (80%),

Ya en su informe del año pasado, la Audiencia de Cuentas reprochaba al SCS que no se había incorporado personal a la unidad funcional de gestión de conciertos pese a haber formulado una propuesta para reforzar los medios.

Hay varios ejemplos de contratos que, pese a llevar años vencidos y no haber sido renovados, se han ido manteniendo y pagando a través de facturas mediante el procedimiento de nulidad. Es el caso de los conciertos de hospitalización de media y larga estancia que fueron adjudicados a finales de 2018 a través de un concurso que ponía fin a los convenios que la sanidad pública canaria arrastraba desde el franquismo al margen de la ley.

El concurso de 2018 preveía una duración máxima, con prórrogas incluidas, de cuatro años. Los contratos vencieron, por tanto, a finales de 2022. Sin embargo, no fue hasta principios de 2025 cuando la Consejería de Sanidad publicó las bases del nuevo concurso. Licitó 998 camas con un presupuesto base de 180 millones de euros para los próximos cuatro años. Las clínicas privadas consideraron esa cifra insuficiente y el concurso quedó desierto, por lo que esos contratos no han sido renovados. La administración dijo entonces que volvería a sacar a concurso los conciertos, pero hasta la fecha no lo ha hecho. Entre medias, se aprobó un nuevo sistema de tarifas que aumenta las prestaciones y los precios de los conciertos sanitarios.

Tampoco salió adelante la convocatoria del concurso para la prestación domiciliaria de terapias respiratorias y otras técnicas de ventilación asistida (no reguladas como prestación farmacéutica) a pacientes del SCS, que licitóla administración autonómica a mediados del año pasado por un importe de hasta 93 millones de euros a repartir en tres años. En esa ocasión, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias anuló el concurso por la “total indefinición” de los pliegos.

Otro servicio externalizado, el de Medicina Nuclear que presta la Clínica San Roque dentro del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, está caducado desde hace una década y también se paga con la misma fórmula. Según el informe de la Audiencia de Cuentas, el importe por este concierto ascendió a 5,4 millones de euros en 2024. En al menos dos ocasiones en esta década se planteó, con otros tantos informes, revertir este servicio y devolverlo a manos públicos, pero ambas iniciativas fueron frenadas.

“Tomada en consideración”

Al igual que en informes precedentes, la Audiencia de Cuentas insta al SCS a evitar “la tramitación recurrente de expedientes de gastos mediante procedimiento de nulidad”, ya que este “debe tener un carácter excepcional”. El órgano fiscalizados señala que, a pesar de las recomendaciones realizadas por la Intervención General de la comunidad autónoma, la Consejería de Sanidad “no ha adoptado las medidas adecuadas para implementar las propuestas de mejora”.

“A pesar de que los responsables de implementar esta recomendación están totalmente de acuerdo con la necesidad de tomar medidas para evitar la tramitación recurrente de expedientes de gastos mediante procedimiento de nulidad y muestran su conformidad en aplicar esta recomendación en un futuro próximo, lo cierto es que en el momento de elaborar este documento aún no lo habían implementado”,, concluye el informe.

La Audiencia de Cuentas advierte no solo del incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, sino también de la falta de planificación de la administración autonómica, que utiliza una herramienta prevista solo en casos excepcionales y urgentes para resolver la prestación de servicios que son repetitivos y previsibles.

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