La Justicia apresta al Estado a indemnizar ya a los vecinos por una licencia urbanística ilegal de José Manuel Soria

Del dinero de todos los contribuyentes españoles habrán de salir los 5,34 millones de euros con los que hay que indemnizar a los vecinos del edificio San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, por una licencia ilegal concedida por el Ayuntamiento de la ciudad cuando ocupaba la alcaldía el exministro de Mariano Rajoy José Manuel Soria López. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado esta semana una providencia instando ya al Estado a pagar esa indemnización después de un largo proceso judicial que acabó en el Tribunal Constitucional.

Según publicó este miércoles Canarias7 y ha confirmado Canarias Ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha instado a que se ejecute de una vez el importe de la indemnización, que el mismo tribunal fijó en 2024 en 5.343.590,57 euros para indemnizar a los vecinos por la expropiación de su derecho a tener un espacio libre ante su edificio, tal y como estaba planificado cuando compraron sus viviendas en una de las zonas de más alta calidad de la ciudad, junto al parque de San Telmo y con vistas al Océano Atlántico.

Es la resolución más beneficiosa para la ciudad de todas las que han rodeado este proceso ya que una primera sentencia de febrero de 2022 ordenó demoler la Biblioteca Pública del Estado porque de forma contraria al ordenamiento les tapaba las vistas a la primera línea del mar.

Una orden de demolición

Ese edificio, promovido por el Ministerio de Cultura cuando gobernaba José María Aznar, obtuvo una licencia ilegal de obra en 1997, siendo alcalde de la ciudad José Manuel Soria (PP), y concejal de Urbanismo Jorge Rodríguez Pérez (PP). 

La orden de demolición fue lo que se encontró sobre su mesa el socialista Augusto Hidalgo cuando en 2015 asumió la alcaldía de la ciudad. Tras un largo proceso negociador, en el que intervino muy activamente el que fuera secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, se logró reconducir el expediente hacia la declaración de utilidad pública e interés social la expropiación de los derechos de ejecución de las resoluciones judiciales relacionadas con la demolición de ese edificio público.

Hidalgo, actual vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, lo recordó en X este miércoles

Después de ser alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y dejar secuelas como este pleito que a punto estuvo de costar la demolición de una biblioteca pública, José Manuel Soria continuó en la política. Primero, como presidente del Cabildo de Gran Canaria; luego, vicepresidente del Gobierno de Canarias, y finalmente ministro de Industria, Energía y Turismo. Su aparición en los papeles de Panamá y el descubrimiento de empresas en paraísos fiscales, forzó su dimisión en 2016. Actualmente se dedica al mundo de los negocios vinculado a la automoción, en el grupo Domingo Alonso, a las renovables y la consultoría, en Grant Thornton.

Su concejal de Urbanismo, Jorge Rodríguez, el que tramitó esta licencia ilegal, también siguió en política, pero simultaneándola siempre con los negocios. Llegó a ser portavoz parlamentario regional del PP en materia de economía, y acabó en el banquillo por el caso Grupo Europa, por facilitar negocios a una empresa peninsular para introducirse en el negocio de la vivienda protegida en Canarias. Fue absuelto en una curiosa sentencia que dio por sentado que ejerció influencia. El tribunal lo presidía el actual presidente de la Audiencia Nacional, Navarro Miranda, que fue designado para ese cargo durante las sesiones del juicio. Actualmente dirige un despacho de abogados en el que tiene como asesor al exjuez corrupto Salvador Alba.