El Gobierno canario aumenta su recaudación vía impuestos un 6% pero sigue evitando bajar el IGIC

El PSOE ha reclamado este miércoles a la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián (PP), una reorientación de la política fiscal en vista de la recaudación de 2025, que asciende a 3.881 millones de euros, casi un 6% más que en 2024 y un 13% más que en 2023.

Pese a estas cifras, según ha esgrimido en comisión parlamentaria el diputado socialista Manuel Hernández, su partido no va a acusar al Gobierno de Canarias de que esté “robando” y “llenándose el bolsillo a costa de los canarios”, como hicieron CC y PP la pasada legislatura desde la oposición.

“El debate no es cuánto se recauda sino cómo”, pues ese aumento de la recaudación de la Agencia Tributaria Canaria descansa fundamentalmente en los impuestos al consumo, que recaen a toda la población sin distinción de rentas, ha dicho Hernández.

Por contra, ha habido un “hundimiento” de la recaudación en sucesiones y donaciones del 35% y el 63% en los dos últimos ejercicios, 50 millones de euros menos que han ingresado las arcas públicas canarias, por una decisión en la que a CC ni PP “les tembló el pulso” ni “sacaron a pasear la excusa de la regla de gasto” como hace ahora para justificar que no se bajen los impuestos. De hecho, la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones fue una de las primeras medidas por CC y el PP en cuanto llegaron al Gobierno canario en 2023. Sin embargo, aunque ambos partidos anunciaron en campaña electoral que bajarían el IGIC, tres años después siguen eludiendo esa medida.

El representante del PSOE ha subrayado que quizá el impuesto “más doloroso” es el de transmisiones patrimoniales, cuya recaudación ha aumentado un 18% en dos años, lo que ha atribuido al encarecimiento de la vivienda.

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, ha valorado tanto el volumen de la recaudación de 2025 como “la labor” realizada por la Agencia Tributaria Canaria “en cumplimiento de sus objetivos”.

Ha replicado a las críticas socialistas esgrimiendo que el Gobierno de España, en “el gran impuesto redistributivo de la riqueza”, el IRPF, “no ha tenido a bien” deflactar la cuota estatal, como ha hecho el ejecutivo autonómico.

Asián ha indicado también que en España ha sucedido por primera vez algo que “creía que no iba a ver”: que los perceptores del salario mínimo tengan que hacer la declaración de la renta, y ha aludido asimismo al “intento” del Gobierno central de que cotizaran las prestaciones por desempleo.

Sobre el impuesto de sucesiones y donaciones ha negado, como aduce el PSOE, que sea una medida “para ricos”, pues la base media declarada es de 30.000 euros, y ha considerado “justa” la bonificación aprobada por el Gobierno de Canarias en tanto en cuanto las rentas del trabajo y los ahorros “ya están suficientemente gravados”.

En cuanto al aumento de la recaudación por el impuesto de transmisiones patrimoniales, ha apuntado como causa la reforma de 2021 a partir de la cual se tributa por el valor de referencia y no por el precio fijado por peritaciones de las comunidades autónomas.

Por último, Matilde Asián ha indicado que la recaudación tributaria ha aumentado en Canarias “pero menos” que el Gobierno central, que ha creado “nuevas figuras que no son imposición directa sino indirecta”, con lo que “se grava más a quienes tienen menos renta”.

“Una estafa política en toda regla”

En la misma comisión parlamentaria, Matilde Asián ha proclamado que “en modo alguno” el Gobierno autonómico se declara “insumiso” con la ley de estabilidad presupuestaria, una posibilidad a la que había apuntado la diputada de Nueva Canarias (NC) Esther González a la luz del último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que apunta a que el ejecutivo canario incumplirá la regla de gasto como mínimo hasta 2028.

Asián ha afirmado que el Gobierno de Canarias “comparte totalmente” el objetivo de las reglas fiscales y ha recriminado a la diputada de NC que omitiera en su intervención que la AIReF también pronostica que la comunidad autónoma tendrá superávit hasta 2030 y que conviene que España se adapte la normativa de disciplina fiscal al nuevo marco europeo.

La consejera ha insistido en reclamar flexibilidad en la regla de gasto y ha pedido un “diálogo franco” con la administración central, pero la conferencia sectorial apenas se ha reunido dos veces, “tarde y mal”, y los acuerdos incluidos en decretos ómnibus han decaído en el Congreso.

Esther González (NC) ha pedido a la consejera que “se baje del pedestal de la demagogia” y deje de mirar constantemente a Madrid para intentar tapar una gestión presupuestaria que es “una estafa política en toda regla”.

“¿Hasta cuándo mantendrá el discurso de la asfixia y la falta de margen presupuestario cuando dejaron en la gaveta 1.200 millones en 2024 y 1.051 en 2025? Esto no tiene otro nombre que pura incapacidad”, ha zanjado. Cabe recordar que desde que CC y el PP gobiernan se han dejado sin usar más de 3.300 millones de euros de los presupuestos, alcanzando cotas de inejecución no vistas en más de una década, y que ha habido que devolver varios cientos de millones de euros por el mismo motivo, no haberlos utilizado.

También le ha pedido a la consejera que deje de usar la atención a las personas migrantes que llegan en cayucos y pateras como “un supuesto gasto imprevisto” y le ha reprochado su “cinismo insostenible” al reclamar ahora una flexibilización de la regla de gasto cuando en 2012 “la defendió a capa y espada” en las Cortes.

Asián ha rememorado que la Constitución se modificó “a instancias” del PSOE, con el apoyo del PP.

Por lo demás, la consejera de Hacienda ha invitado al diputado de Vox Javier Nieto que la “alumbre” y le indique “qué gasto concreto” podría reducir sin tocar la prestación de los servicios públicos, después de que este distinguiera entre los esenciales y aquellos “orientados al clientelismo y a decirle a ciudadanos cómo tienen que pensar y actuar”.

Asián ha esgrimido que el casi 80% del presupuesto de la comunidad autónoma va para los servicios esenciales y que el resto son fondos de carácter finalista.

También ha detallado que existen varios planes de auditoría anuales de control de la eficacia y eficiencia de la gestión financiera, y que desde 2024 se puso en marcha la modalidad de supervisión continua, en la que se exploran posibilidades de reducción del gasto en el sector público.

En ese análisis se incluyen a las entidades, empresas y organismos públicos para ver si subsisten las razones que justificaron su creación, si son financieramente sostenibles, y si ese es el método más adecuado para prestar el servicio público al que están destinados.