Detenidos tres educadores durante el registro de un centro de menores migrantes en Tenerife

La Policía Canaria ha detenido a tres educadores durante el registro de un centro de menores migrantes en Puerto de la Cruz (Tenerife). La actuación policial se enmarca en la bautizada como 'Operación Cábila' que dirige el Juzgado de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria sobre posibles malos tratos a menores no acompañados en diferentes recursos de las islas gestionados por la entidad Quorum Social 77.

Según ha informado la Consejería de Seguridad del Gobierno de Canarias, no se descarta que se puedan realizar más detenciones, ya que la investigación continúa abierta bajo secreto de sumario. Además, han matizado que las personas detenidas ya no trabajaban en el recurso. Por su parte, fuentes judiciales han aclarado a esta redacción que el juez no ha ordenado por el momento el cierre del recurso, donde permanecen alojados 130 menores, según las cifras de la Dirección General de Protección a la Infancia.

En verano de 2025, el Juzgado dictó el desalojo de dos centros de acogida en Gran Canaria: Fortaleza I, también conocido como Bandama, y el centro de la playa del Cabrón, en Arinaga. El desmantelamiento de los dos centros se ejecutó ante ''las numerosas evidencias y testimonios recibidos'' sobre la presunta comisión en el interior de delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, amenazas y contra la integridad moral.

Estos tres trabajadores detenidos se suman a otros once empleados de Quorum que han sido arrestados en el transcurso de la investigación, entre ellos está la presidenta de la ONG. En julio del año pasado, la Policía Nacional también registró la sede de Quorum en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Viera y Clavijo, y en noviembre registró un centro de menores en Puerto del Rosario.

La directora general de Protección a la Infancia, Sandra Rodríguez, explica que cuando en abril del año pasado tuvo conocimiento de estos hechos se puso en conocimiento de la autoridad judicial para su investigación. ''Nosotros sí hicimos un requerimiento a la entidad para que apartara de manera cautelar a estas personas del trabajo con los menores. Fueron apartados y despedidos'', asegura Rodríguez.

Sobre la posibilidad de romper los contratos con Quorum, la directora general ha respondido que ''cuando haya sentencia, veremos qué es lo que sucede, y también cuando se reorganicen los centros tras la contingencia migratoria''. Además, añadió que hay centros de la entidad que ''funcionan muy bien''. ''El centro continúa abierto porque funciona correctamente y porque estas personas ya no trabajan en el centro'', subrayó ante los medios de comunicación.

Un ''centro de castigo''

Según ha podido saber esta redacción, por el momento no se ha ordenado el cierre de MyCity. En julio de 2024, un grupo de jóvenes relató a Canarias Ahora supuestos casos de malos tratos en MyCity. ''En lugar de un centro de menores parece un centro de castigo'', narró a esta redacción Alioune (nombre ficticio), que decidió no dar su nombre real por miedo a represalias. 

Él y cinco jóvenes más afirmaron que haber presenciado golpes, castigos y provocaciones por parte de algunos educadores. El grupo de menores ya describió hace dos años a los trabajadores del centro como ''seguritas'' y alertaron de la existencia de una ''sala en la quinta planta'' donde los usuarios eran supuestamente encerrados para corregir su comportamiento. 

Al comienzo de la legislatura, la entidad dirigía 18 centros en las islas. Durante la emergencia declarada por el aumento de menores no acompañados en la ruta canaria, el Gobierno regional abrió once centros más dirigidos por la ONG, según los datos oficiales. Canarias lleva en esta situación de emergencia cinco años. El Ejecutivo la declaró en 2020, la amplió en 2023, en febrero de 2025 y en enero de 2026.