Todas las veces que la Justicia ha tumbado propuestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Por enésima vez, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha tumbado una propuesta del Ayuntamiento de Santa Cruz, liderado por José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria). Este jueves, la Justicia ha aceptado el recurso del PSOE que derriba la subida de la tasa de basura en la capital tinerfeña. Pero antes de este, ha habido muchos más.
Ordenanzas anuladas, proyectos urbanísticos paralizados, nombramientos revocados y decisiones municipales suspendidas por los tribunales dibujan una sucesión de reveses para el Consistorio. Las resoluciones judiciales cuestionan decisiones de distinta naturaleza, con un denominador común: deficiencias en su tramitación, falta de justificación o problemas de encaje legal.
La tala de árboles en La Salud, frenada por la Justicia
En octubre de 2026, un tribunal de primera instancia aceptó la petición de la Asociación Los Árboles Hablan y ordenó el cese urgente de la tala de árboles en el entorno de la iglesia de San Gerardo, en el barrio de La Salud.
El recurso cuestiona la resolución municipal de abril que aprobó el proyecto modificado para demoler la iglesia y rehabilitar la zona. Entre las actuaciones previstas figuraba la eliminación de arbolado para habilitar 80 plazas de aparcamiento.
La decisión judicial supone, por ahora, una suspensión cautelar, no una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto.
El Palacio de Deportes de Tomé Cano, sin ordenanza válida
En julio de 2026, el Tribunal Supremo anuló la ordenanza provisional que permitía remodelar y ampliar el Palacio de Deportes de Tomé Cano. El motivo fue la ausencia de una Evaluación Ambiental Estratégica que debía haberse realizado antes de aprobar el instrumento urbanístico.
La resolución tiene una derivada política especialmente llamativa, ya que el recurso lo presentó el Gobierno de Canarias, presidido por Coalición Canaria, el mismo partido que gobierna Santa Cruz junto a José Manuel Bermúdez.
La anulación afecta al marco urbanístico que sustentaba la actuación, incluidas las obras vinculadas al proyecto del gimnasio GO Fit, concebidas al amparo de ese planeamiento. La situación concreta de las obras y sus posibles consecuencias jurídicas dependen, no obstante, de los actos administrativos que las amparen.
Un nombramiento municipal anulado por falta de motivación
En abril de 2026, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 anuló la resolución de la Junta de Gobierno del 29 de julio de 2024 que había nombrado a Juan Ramón Lazcano director general de Transformación Urbana Santa Cruz Verde 2030.
El juez consideró insuficiente la motivación utilizada para elegir a Lazcano frente a Joaquín Mañoso. Los argumentos municipales eran, según la resolución, vagos y genéricos, y no justificaban adecuadamente la elección. El fallo ordenó, además, nombrar a Mañoso, al apreciar una vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad.
El caso tiene una lectura política inevitable. Lazcano había sido concejal de Ciudadanos y facilitó en 2020 la moción de censura que permitió a Coalición Canaria recuperar la Alcaldía. El puesto que ocupaba tenía una retribución superior a los 76.000 euros anuales.
El Ayuntamiento anunció que recurriría la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La ordenanza de movilidad de 2024, anulada por segunda vez
En marzo de 2025, el TSJC declaró nula la ordenanza de movilidad y seguridad vial aprobada por el Ayuntamiento en enero de 2024. El tribunal estimó íntegramente el recurso presentado por la asociación El Perenquén.
El defecto que tumbó la norma fue la falta de una memoria de análisis de impacto normativo válida. La documentación incorporada al expediente no cumplía su función. Según el tribunal, la memoria lo era “solamente de nombre”.
La sentencia también cuestionó uno de los argumentos empleados para justificar la nueva regulación: la anulación de una ordenanza anterior no obliga por sí misma a aprobar otra.
El golpe judicial tuvo consecuencias para el carril bici. El TSJC rechazó el recurso municipal y mantuvo la suspensión del proyecto, al considerar que las previsiones sobre redes ciclables no bastaban, por sí solas, para dar cobertura a la actuación y que era necesaria una regulación específica. El Ayuntamiento anunció que desmontaría la infraestructura.
Finalmente, la Junta de Gobierno retiró el recurso de casación ante el Supremo para acelerar la aprobación de una nueva norma.
Esta ordenanza ya fue declarada nula en enero de 2021 por un vicio de nulidad absoluta y condenó en costas al Consistorio.
En este caso, el problema estaba en el procedimiento seguido para aprobar la norma. La resolución apreció infracciones de varios artículos del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, en relación con la Ley de Bases del Régimen Local y la legislación de municipios de Canarias.
No fue, por tanto, una discrepancia menor sobre el contenido de la ordenanza, sino un cuestionamiento de la legalidad de su tramitación.
La zona de bajas emisiones, suspendida cautelarmente
En 2024, el TSJC suspendió cautelarmente los artículos de la nueva ordenanza que atribuían al Ayuntamiento la potestad de restringir el acceso de vehículos por motivos medioambientales.
El tribunal apreció una “apariencia razonable de prosperabilidad” en el recurso e impuso las costas al Consistorio. La medida no equivalía a una sentencia definitiva sobre el conjunto de la regulación, pero sí dejaba en suspenso una de sus herramientas más relevantes para limitar el tráfico contaminante.
El episodio volvió a poner sobre la mesa la fragilidad jurídica de algunas de las decisiones municipales en materia de movilidad. Medidas con un impacto directo sobre la ciudadanía cuya aplicación depende, antes que nada, de que estén correctamente fundamentadas y aprobadas.
La precampaña municipal, paralizada por la Junta Electoral
En abril de 2023, la Junta Electoral de Zona de Santa Cruz de Tenerife ordenó detener cinco actuaciones vinculadas al gobierno municipal de José Manuel Bermúdez, tras estimar las denuncias presentadas por el PSOE por posibles vulneraciones de la normativa electoral durante la precampaña de las elecciones municipales de mayo. Las medidas afectaban a la publicidad institucional, las publicaciones en redes sociales y varios actos públicos protagonizados por el alcalde.
La ordenanza de Paisaje Urbano y la polémica de las terrazas
En marzo de 2021, el Ayuntamiento recibió otro revés judicial con la anulación de la ordenanza de Paisaje Urbano, que regulaba, entre otras cuestiones, las terrazas de los establecimientos de hostelería, las fachadas y las azoteas.
La controversia coincidió con el periodo en que las terrazas ganaron espacio en la ciudad, favorecidas por la flexibilización de las condiciones para ayudar a la restauración a afrontar las pérdidas derivadas de la pandemia.
La modificación municipal permitía instalar terrazas adosadas a las fachadas, pese a que el Tribunal Supremo ya había advertido en 2019 de los límites aplicables a esta disposición. La ordenanza acabó siendo anulada, sumando otro problema judicial a una regulación que afectaba directamente al uso del espacio público.
El debate no era únicamente estético ni comercial. También planteaba hasta dónde podía llegar el Ayuntamiento al modificar las reglas de ocupación de las calles y si había respetado los límites jurídicos existentes.
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