Gastar 30.000 metros cúbicos de agua para que los turistas hagan surf en una piscina a siete kilómetros del mar
La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), provocó cierto desconcierto cuando anunció el pasado mes de junio, con toda solemnidad desde la tribuna del Parlamento y en pleno Debate sobre la Orientación Política del Gobierno, la construcción de una piscina gigante de olas artificiales para hacer surf a siete kilómetros de las playas de Somo y Loredo, referentes de la práctica de este deporte.
Para ello, el Gobierno de Cantabria tendrá que recalificar 100.000 metros cuadrados de terreno rústico –sobre un yacimiento paleolítico protegido– y expropiará algunas parcelas si sus propietarios no llegan a un acuerdo con el promotor privado de este macrocomplejo hotelero, que solo tiene el 70% del suelo que necesita. Seis parcelas, según calculan los vecinos y afectados directos.
El debate de fondo es la necesidad de un proyecto de este tipo, en una comunidad con más de 200 kilómetros de costa y 80 playas, algunas de ellas referentes en la práctica del surf. De hecho, Cantabria cuenta con cuatro reservas naturales de surf: Ribamontán al Mar, Suances, Noja y San Vicente de la Barquera.
La operación urbanística impulsa un proyecto privado que, en realidad, es un resort de lujo, un complejo turístico y deportivo con un gran lago –que necesita cada año el agua equivalente a 10 piscinas olímpicas–, alojamientos, restaurante, bar, tienda, terrazas y aparcamiento. Todo eso se mete en mitad de un pueblo de 470 habitantes, Villaverde de Pontones, sin agua suficiente ni accesos adecuados, más allá de un estrecho vial que atraviesa el barrio Trapa, perjudicado por el proyecto que ha puesto en pie de guerra a los vecinos.
La piscina de surf ocupa menos de la cuarta parte del proyecto total, con una extensión equivalente a más de diez campos de fútbol. “Es un negocio para unos pocos”, denuncian los vecinos que han constituido una asociación de afectados.
Cuatro meses después, la iniciativa ya ha sido catalogada de “interés público” por el Gobierno del PP entre los recelos de los vecinos y de muchos colectivos, que han organizado una concentración de protesta este sábado 31 de octubre, y que no entienden cómo una instalación turística privada con acceso de pago puede ser considerada así. “La comunidad surfera no equivale a interés regional”, rebaten. Además, consideran que Cantabria ya es un referente de surf “con olas reconocidas internacionalmente”, apuntan. “Debe justificarse qué valor público añade una instalación artificial”.
Lo cierto es que como la normativa municipal no permite la operación urbanística, el Gobierno ya ha aprobado inicialmente el PSIR (Plan Singular de Interés Regional), una figura administrativa que le permitirá recalificar el suelo y que deja al Ayuntamiento de Ribamontán al Monte al margen de la operación.
El proyecto 'Olucas' supone la expropiación de terrenos privados en el barrio Trapa de Villaverde de Pontones, en Ribamontán al Monte, porque el promotor no tiene la propiedad de todas las parcelas sobre las que se construirá el complejo turístico-deportivo. Los afectados –que defienden el patrimonio rural, paisajístico y cultural– argumentan que no necesitan una piscina artificial para atraer visitantes. “Necesitamos conservar lo que nos hace únicos”, proclaman los carteles difundidos por los vecinos contra el PSIR del Gobierno de Cantabria, que exigen que alguien explique por qué el proyecto necesita una tramitación urbanística excepcional respecto al planteamiento ordinario municipal.
La movilización de los vecinos confluye en una manifestación en contra del proyecto, convocada por la formación política Cantabristas, este mismo sábado a las doce de la mañana en Villaverde de Pontones, bajo el lema 'Cantabria se defiende'. La protesta –que hará un recorrido por los terrenos afectados– planta cara al macrocomplejo turístico de olas artificiales, a la especulación urbanística, a la masificación turística y a la destrucción del territorio.
“El Olucas Surf Center es un caso más de cómo la especulación y la turistificación quieren convertir Cantabria en un resort turístico, pasando por encima de quienes vivimos aquí todo el año”, cuestionan desde Cantabristas.
Consumo de agua
Uno de los aspectos más polémicos es el consumo de agua, en un municipio donde este verano ha habido restricciones de agua en uno de sus pueblos, Liermo. Según el consejero de Fomento, Roberto Media (PP), no hay que preocuparse porque “será como llenar dos piscinas convencionales”, dijo en sede parlamentaria. La realidad es que necesita cada año el agua equivalente a 10 piscinas olímpicas, según los propios informes consultados por elDiario.es.
La información aportada por la promotora confirma que el lago requerirá de unos 30.000 metros cúbicos de agua y precisa que esta operación se necesita hacer una vez al año “para mantener el nivel de agua estable” y “compensar la evaporación”. “Lo que corresponde a una llenada durante todo un año”, matiza el documento. “Es necesario conocer la demanda anual total y su origen”, añaden los vecinos.
La segunda cuestión son los accesos al complejo turístico que tendrán que hacerse a través del pueblo, por el estrecho vial que atraviesa el barrio Trapa y que resulta insuficiente para canalizar a la puerta de las viviendas el tráfico de vehículos que pronostican las expectativas: 200.000 visitantes al año. Lo que, en opinión del Ayuntamiento de Ribamontán al Monte, implica construir otro acceso independiente “que evite el paso del tráfico generado por el mismo por el núcleo de Villaverde de Pontones”.
'Olucas' se realizará en un municipio con una fuerte movilización social contra el proyecto de instalación de la macroplanta de tratamiento de purines y otros residuos para su transformación en biometano y biofertilizante orgánico, promovido por la empresa Verdalia Bioenergy en el pueblo de Praves, en Hazas de Cesto, con una inversión de 25 millones de euros.
La promotora busca financiación
El promotor califica la iniciativa urbanística como un “modelo de desarrollo basado en la diversificación de usos y actividades, con distintas líneas de negocio complementarias”: piscina, restaurantes, tienda para alquiler y venta de material deportivo, zona para impartir formación, recepción y vestuarios, zona de eventos, un “graderío natural”, aparcamiento público y privado, escenario al aire libre y alojamiento tipo 'glamping' (acampada con 'glamour') tipo bungalows. En el proyecto se definen como cabañas para entre dos y seis huéspedes.
El proyecto privado se registró oficialmente media hora antes de que comenzase el Debate de Orientación Política de finales de junio en el Parlamento de Cantabria, donde la presidenta María José Saénz de Buruaga lo anunció oficialmente.
La promotora de la piscina de surf, Olucas Cantabria Sociedad de Responsabilidad Limitada, se constituyó hace poco más de un año, en mayo de 2025. La sociedad, que figura a nombre de Ignacio Martínez-Peñalver como socio único, se constituyó con el capital social mínimo de 3.000 euros e hizo una ampliación de 85.000 euros una semana antes de hacerse público el proyecto.
Respecto a la financiación del proyecto de la piscina de surf en Villverde de Pontones, el propio documento que registró oficialmente admite que se está buscando los 43 millones de euros que necesita, y reconoce que se están manteniendo contactos “con inversores privados de primer nivel” con experiencia en el sector turístico, inmobiliario y de ocio, si la movilización política y social no consigue evitarlo.
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