Por qué el carril bici de Santa Cruz de Tenerife es una chapuza política que se atasca en los tribunales

El carril bici de Santa Cruz de Tenerife, que en teoría busca facilitar la movilidad sostenible en la zona centro de la ciudad, nació con mal pie y ya desde el primer día en que los operarios del Ayuntamiento empezaron a colocar las señales de tráfico que indicaban el inicio de las obras para su construcción empezaron a llegar las primeras protestas. Las quejas llegaron porque no solo se han eliminado cientos de plazas de aparcamientos públicos en un área clave para los comercios y muy poblada cuyos edificios, en su mayoría, carecen de garajes, sino que también se ha llevado por delante las zonas de carga y descarga de las calles que rodean la zona peatonal del centro, las paradas de taxis, los apeaderos y hasta un carril de circulación en vías tan importantes como la calle del Pilar y Méndez Núñez.

Poco después de empezar a dibujarse la silueta del carril en las calzadas, las protestas arreciaron y se convocaron incluso tres manifestaciones y una protesta de taxistas para pedir su retirada por los perjuicios que este carril provoca a unos 10.000 vecinos más comerciantes, trabajadores y visitantes del centro. Pero la batalla crucial no se ha dado en las calles, sino en los tribunales, donde por ahora una sentencia y un auto judicial han tumbado las aspiraciones del Ayuntamiento, gobernado por Coalición Canaria y el PP, de llevar a cabo este proyecto, financiado con fondos europeos y auspiciado por la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso (la tránsfuga que fue expulsada de Ciudadanos por apoyar una moción de censura de CC y el PP contra el PSOE y el propio Ciudadanos) y el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife (PP).

El primer revés, y el más importante de ellos, tuvo lugar el pasado mes de marzo, cuando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) declaró nula toda la Ordenanza de Movilidad y Seguridad Vial aprobada por el Ayuntamiento, dirigido por José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), en enero de 2024. El motivo: la ordenanza no se ajusta a derecho. La sentencia se expresó en estos tajantes términos: “Habrá de considerarse a todos los efectos como si nunca hubiera existido, jamás ha sido válida ni mucho menos eficaz, pues no ha podido nacer a la vida jurídica, habiendo sido solo una mera apariencia de legalidad que ahora, por esta sentencia, queda definitivamente eliminada”.

Y explicaba que “la causa de nulidad absoluta, cuyos efectos se propagan a toda la Ordenanza, es la ausencia de una memoria de análisis de impacto normativo, pues no podemos considerar que la que consta en el expediente administrativo lo sea, sino solamente de nombre”. Esa memoria presentada por el Ayuntamiento consistía en 38 páginas, pero según el TSJC ninguna de ellas estaba dedicada al análisis pormenorizado del texto de la Ordenanza, artículo por artículo. “Son tan genéricos los términos de la presunta memoria que la misma valdría para cualquier Ordenanza de movilidad que se quisiese adoptar”, consideró el TSJC.

Y añadía: se trata de una “mera proclama de generalidades sin análisis de la ordenanza concreta a la que debe referirse la memoria”. Y ponía como ejemplo varios de los artículos de la ordenanza, que carecían de un razonamiento “con el debido detalle” de por qué la medida que se acordaba resultaba imprescindible para alcanzar el fin de la norma y por qué no se podía conseguir el mismo fin con una medida menos invasiva del ámbito de libertad del ciudadano. “Y así, un largo etcétera”, espetaba la sentencia. Por ello, concluía que la supuesta memoria no lo era en realidad, lo que invalidaba completamente la presunta ordenanza.

Esta sentencia era la respuesta a un recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación de Vecinos Zona Urban El Perenquén, que fue el que abrió la vía para frenar la normativa municipal en la que se encaja el polémico carril bici, que ha costado ya 1,3 millones de euros de dinero público, más las costas judiciales del primer proceso.

Ese mismo mes tuvo lugar una manifestación a favor del carril bici a la que acudieron varios miembros de la corporación, entre ellos la propia concejala de Movilidad.

Ahora, dos meses después, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha dictado un auto en el que ordena al Ayuntamiento que no continúe con las obras del carril bici. Este estaba anunciado para estar plenamente operativo a finales de este mes y, de hecho, en las calles ya está completamente colocado, a falta solo de algunos detalles. Ya cuenta con señales pintadas en el suelo, señales verticales, semáforos propios y barreras para delimitarlo en forma de pilonas de metal colocadas en la calzada, lo que hace que los vehículos no puedan entrar en el citado carril.

Este auto es también respuesta a un recurso de la misma asociación de vecinos, El Perenquén, que exigió el pasado mes de abril el desmantelamiento total del carril bici y de la zona urban al considerar que, tras la anulación de la ordenanza de Movilidad y Seguridad Vial, que pretendía regula la zona de bajas emisiones en la capital, ya no hay base legal para su desarrollo.

Pese a la sentencia de abril, el consistorio continuó las obras con normalidad y anunció, tras las quejas de los comerciantes, que las zonas de carga y descarga se habían ampliado. Ahora se encuentran más alejadas de las vías principales y han supuesto, de nuevo, que se supriman zonas que antes eran aparcamientos gratuitos en la calle.

El Ayuntamiento anuncia que recurrirá

Este martes el Ayuntamiento ha reaccionado ofreciendo una rueda de prensa en la que ha anunciado que parará de inmediato las obras del carril bici, pero que presentará un recurso contra el auto (dispone de cinco días para hacerlo).

Ha sido el propio Carlos Tarife el que ha comparecido para explicar que se han paralizado los trabajos pendientes, pero ha matizado que estos son “casi ningunos” porque las obras estaban ya casi terminadas.

Tarife ha señalado que el Ayuntamiento, que ha recibido este martes el auto, entiende que la ordenanza de movilidad no está anulada, ya que está pendiente de si el Tribunal Supremo admite o no el recurso interpuesto por la corporación contra la decisión del tribunal canario.

No obstante, ha puntualizado que en el escenario de que sea anulada, la anterior normativa, que data de 1985, permite al Ayuntamiento hacer segregaciones en la vía pública para que precisamente puedan circular con mayor seguridad otros vehículos diferentes a los ordinarios.

Esa será, por tanto, la línea de defensa que hará el Ayuntamiento para mantener esta obra, que cuenta con el rechazo de numerosos sectores de la población de la capital.

“Yo quiero vivir en una Santa Cruz mejor y más amable”, ha proseguido el edil para defender esta obra, sin valorar la falta de aparcamiento que genera, los perjuicios a la circulación ocasionados y que se traducen en atascos en zonas donde antes no los había por la falta de espacio para, entre otras cosas, que operen los camiones de basuras, se detengan los vehículos como taxis sin interrumpir el tráfico o se puedan apartar los coches en caso de que llegue un vehículo de emergencias.

Una ciudad con pocos ciclistas

Los convocantes de las manifestaciones contra el carril bici han subrayado en todas las protestas que no están en contra de una movilidad sostenible, sino en cómo se ha hecho por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, sin consultar a la ciudadanía, provocando numerosos problemas a los vecinos y comerciantes del centro y sin ofrecer alternativas realistas, ya que gran parte de la población no puede desplazarse en bicicleta ni en patinete. De hecho, en las pancartas lucidas en las protestas destacaba la frase “Así no”.

La presidenta de la asociación que por ahora se ha anotado dos tantos frente al Ayuntamiento, Silvia Barrera, considera que se está priorizando, más que las bicicletas, a los patines eléctricos y, sobre todo, a su uso por parte de los turistas que visitan la ciudad para moverse con agilidad. En declaraciones a este periódico, Barrera alertó de las consecuencias para “las personas mayores, muchas de ellas residentes que quedan en estas zonas, mujeres embarazadas, personas con problemas de movilidad o simples peatones que no usan bicis o patines; es más, que les tienen pánico, con las cosas que están pasando, con los atropellos o la velocidad que toman algunos”.

Las organizaciones convocantes de las protestas también han recordado en numerosas ocasiones que el consistorio es el responsable de la pérdida de más de 5.000 plazas de aparcamientos en los últimos años en Santa Cruz y que una red ciclable no se encuentra entre las principales demandas de los habitantes de la ciudad, llena de cuestas, atravesada por un barranco y con calles estrechas.

El carril bici lleva meses siendo tema de conversación no solo entre los vecinos del centro, sino también entre muchos laguneros, que se lo piensan dos veces antes de bajar a la capital. Ya no es solo la escasez de aparcamiento gratuito, sino también que ahora llegar al casco comercial supone sufrir atascos donde antes no los había.